Sobre el periodo conocido como “la Violencia”, en el que cientos fueron desplazados y doscientos mil fueron asesinados, se hablaba siempre en pretérito.
De acuerdo con los arquitectos del pacto de coalición, para que éste siguiese funcionando era fundamental compartir las cargas del pasado, no evocarlas, obviarlas y, en últimas, dejarlas atrás. Por ello, en discusiones públicas sobre responsabilidades individuales o partidistas en lo ocurrido se recurría a frases sentimentales que evaporaban la culpa haciéndola colectiva. “Lo más varonil es aceptar que todos nos hemos equivocado”, afirmó, por ejemplo, el expresidente Mariano Ospina.
Los medios escritos no eran ajenos al debate sobre paz y culpas compartidas. Habían participado directamente del conflicto, algunos con editoriales incendiarios que recrudecieron confrontaciones, otros como víctimas de una férrea censura que los limitó durante casi una década a hablar sobre extraterrestres, deporte e historias de amor.
En este contexto, los directores de los cuatro diarios editados en Bogotá deciden que es hora de tomar parte en la estrategia gubernamental; resuelven que es el momento de “movilizar a la opinión frente al fenómeno de la violencia”. Para ello, Guillermo Cano, director de El Espectador, Arturo Abella Rodríguez, director de El Siglo, Roberto García-Peña, director de El Tiempo, y Silvio Villegas, director de La República, citaron a un evento magno: una gran reunión con los directores de los 34 periódicos más importantes de todo el país.
El inusitado encuentro se llevó a cabo el 4 de octubre en el salón Guillermo Valencia del Capitolio Nacional, y contó con la asistencia de los ministros de Guerra, Justicia y Gobierno. Las deliberaciones no duraron sino tres horas, suficientes para que 33 directores aprobaran las propuestas presentadas por Cano, Abella, García-Peña y Villegas.
Fue ahí en donde acordaron “Evitar toda polémica sobre las responsabilidades que en la violencia hayan tenido los partidos políticos, dejándole el necesario juicio histórico a una generación menos angustiada y comprometida”.
Se comprometieron a “calificar a los autores de violencia simplemente como malhechores y asesinos”, a “no asignarles ningún título político a los victimarios ni a las víctimas”, a “abstenerse de mencionar los nombres de los forajidos que continúan asolando campos y aldeas, a fin de que no logren el propósito de conseguir infame celebridad”, y a “Reducir al mínimo la publicación de fotografías sobre episodios o hechos de violencia”.
Por sugerencia de sus colegas capitalinos los directores de la prensa escrita regional estuvieron de acuerdo, pues, en callar, olvidar y desviar la mirada. El Colombiano, El Heraldo, El Universal, La Patria, Vanguardia Liberal y El País, entre muchos otros, convinieron entonces no escarbar en el pasado ni cuestionar el presente con palabras o imágenes. Estaban seguros de que esta fórmula, que hoy tildaríamos de autocensura, contribuiría a abonar mejores tiempos en los que los colombianos tendrían la calma suficiente para asignar responsabilidades concretas sobre lo sucedido.
El balance de culpas entre partidos, dirigentes políticos y miembros activos del clero, sin embargo, nunca tuvo lugar. Quizá porque la estrategia de prohibición de la memoria sembró nuevas inconformidades sobre viejas heridas; o porque nunca hubo generaciones “menos angustiadas”.
Cuesta trabajo, medio siglo después, afirmar que los 33 directores de prensa que firmaron la declaración hicieron lo correcto. Tampoco es claro si Flavio de Castro, director del periódico tolimense La Tribuna y único invitado a la reunión que no quiso firmar, fue realmente un visionario cuando afirmó que no adoptaría la propuesta “de los colegas bogotanos” pues ésta se le asemejaba a otra forma de violencia. Del olvido, además, dejó por escrito que acarrearía “imprevisibles consecuencias”.