"¡A las cosas, a las cosas!"

El país debe retomar el rumbo y concentrarse en lo fundamental. Si no se recupera la seguridad, si no se logra un sistema eficiente de justicia y si no se controla las fronteras, seguiremos creyendo en un Estado Social de Derecho que no existe.  

Santiago José Castro Agudelo*
28 de agosto de 2019 - 04:22 p. m.
EFE
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En plena campaña electoral para elegir autoridades locales se develan los más diversos discursos políticos, más no programas, eso sería otra cosa. Llama la atención lo de siempre: más educación, más salud, mejor nutrición para niños y niñas, mejores vías y todo aquello que "la candidata" vea que sus posibles electores quisieran escuchar. Nunca he sabido si se preguntan también por la disposición de los ciudadanos a pagar por ello.

Pues bien, me llama la atención que los graves problemas que tenemos en materia de justicia, seguridad y protección de nuestras fronteras apenas se tocan de manera tangencial. Me dirán que, al tratarse de una república unitaria y centralista, eso les corresponde a las autoridades del orden nacional, esas que tampoco parecen saber cómo resolver los problemas. Por ello, quisiera retomar las funciones esenciales de cualquier Estado y sugerir que vuelvan a ser lo primero: uno, control territorial; dos, seguridad; y tres, justicia. Me dirán que eso ya no es propio de un Estado Social de Derecho, “gran avance de la Constitución Política de 1991”, o, como recientemente me recriminó un colega: “reducir el Estado a ese mínimo impide saldar la deuda social que tenemos”. ¿De cuál me habla? Me dijo de todo y nada, y sigo sin entender.

La deuda del Estado es con las víctimas de tantos delitos, no solo los derivados del conflicto armado, que no encuentran justicia; de los jóvenes que no cuentan con fuentes de trabajo adecuadas y de los empresarios que pierden su tiempo en trámites absurdos y no logran generar a tiempo las nuevas fuentes de empleo que requiere esta economía. La deuda social también es con los importadores de buena fe que enfrentan la competencia ilegal del contrabando y con los exportadores ahogados en regulaciones, mientras ven cómo grupos ilegales sacan materias primas y “nadie los ve”.

Alguna vez en una discusión que terminó en pelea, lamentable final en esta democracia precaria, pregunté ¿de qué servía construir un megacolegio público si a la salida estaban las bandas del microtráfico, los atracadores y la trata de personas, entre otros? Pregunté, además, ¿de qué servía invertir en parques maravillosos si terminaban controlados por pandillas que, entre otras, logran prostituir a niños y niñas a cambio de las sustancias que les regalan para que prueben?

Lo primero es la seguridad y un sistema de justicia eficiente que logre castigar a estos hampones y enviarlos a centros penitenciarios donde en vez de doctorarse en sicariato y extorsión, reciban la atención que merecen para iniciar procesos de resocialización y formación para el trabajo. ¿De qué nos sirve alegar que tenemos que ser solidarios con los hermanos venezolanos, si no generamos fuentes de trabajo formales suficientes y terminamos con nuevos “beneficiarios” de los programas subsididados, esos que pronto serán impagables sin transitar hacia el socialismo?

Aquí pueden los “progresistas” criticar y cuestionar lo que les venga en gana, pero si no recuperamos la seguridad, si no logramos un sistema eficiente de administración de justicia con amplios recursos legales y que estén en el presupuesto, y si no controlamos nuestras fronteras, seguiremos creyendo en un Estado Social de Derecho que sencillamente no va a existir, por más sentencias que emanen de aquél único y sagrado órgano soberano y supremo, que es hoy la venerable y omnipresente Corte Constitucional.

Recuerdo hoy aquellas lecturas de las conferencias de Ortega y Gasset en la Argentina del año 39: “¡A las cosas, a las cosas! Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisicmos (…) a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más…”.

Estamos naufragando en un mar de conflictos absurdos entre ramas del poder público, posiciones ideológicas porque sí y porque no. Atrás quedó el acuerdo sobre lo fundamental que se pensó logrado en el siglo pasado. Volvamos a lo esencial del Estado y de ahí avancemos.

Como dicen por ahí: el que mucho abarca poco aprieta.

* Rector de la Universidad La Gran Colombia

 

Por Santiago José Castro Agudelo*

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