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Después de la aprobación a pupitrazo en primer debate por la Comisión Séptima de la Cámara, la coloquialmente llamada “ley de la empanada” entra este martes a discusión en segunda instancia en esta corporación.
La propuesta nace del partido MIRA y propone una política pública que brinde alternativas y garantías a los vendedores ambulantes del país. Si bien la colectividad manifiesta que este tema lo han venido impulsando desde hace 12 años, cabe recordar que coge fuerza luego del episodio en Bogotá en el que una persona fue multada por más de $800.000 por comprar una empanada en la calle, desencadenando una serie de preguntas sobre el poder y los límites del Código de Policía.
Para contexto: Multar por comprar empanadas es represión: demandante del Código de Policía
Precisamente, por este hecho, en el mundo legislativo, se le conoce por ese nombre que, de aprobarse en ambas cámaras, prohibiría la expulsión de los vendedores ambulantes hasta que los alcaldes municipales y distritales generen alternativas de reubicación, además de garantizar su mínimo vital. De manera que el proyecto de ley podría beneficiar alrededor de 1’681.000 hombres y mujeres que viven de las ventas ambulantes.
Ahora, según el MIRA, la idea es realizar un censo nacional para establecer a ciencia cierta el número de personas que pertenecen a esta población vulnerable, generar espacios de capacitación con el SENA en torno a temas de emprendimiento y utilización de alimentos, estudiar nuevas alternativas de ingreso para los vendedores y considerar el pago por el uso del espacio público, entre otros.
Para leer: ¿Cómo evitar multas por comprar una empanada en la calle?
Sobre esto, Irma Luz Herrera, representante a la Cámara por Bogotá por el MIRA, dijo que la ley también es la búsqueda de “generar alternativas para que los llamados vendedores informales o ambulantes tengan una vejez digna e incluso nuevas alternativas de empleo”. Señaló también que en las ciudades se podrían planificar corredores estratégicos que sean espacios dignos de trabajo y reconocidos por el Estado.