Aborto: De lo moral a lo constitucional

Un jurista reconocido y el secretario general de la Conferencia Episcopal debaten sobre esta práctica que esta semana alimentó la discusión y todos los días les pasa cuenta de cobro a las mujeres.

El abogado Iván González, presidente de la Comisión Asesora sobre Política Criminal y El secretario general del Episcopado, monseñor José Daniel Falla / Fotos Gabriel Aponte
El abogado Iván González, presidente de la Comisión Asesora sobre Política Criminal y El secretario general del Episcopado, monseñor José Daniel Falla / Fotos Gabriel Aponte

El debate por el tema del aborto sigue más vigente que nunca. Esta semana la Comisión de Regulación en Salud anunció que el medicamento misoprostol, usado para la interrupción del embarazo, será incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS); en el Congreso se radicaron dos proyectos, uno que busca su reglamentación constitucional y otro que se opone, y la Iglesia católica emprendió una campaña antiaborto, aun en los tres casos que habilitó la Corte Constitucional: violación, malformaciones del feto y peligro de muerte de la madre.

El Espectador reunió a dos autoridades en extremos opuestos, aunque unidos en un punto fundamental: la necesidad de una educación integral para frenar una práctica que al año registra en promedio 400.000 abortos inducidos y unos 911.897 embarazos no deseados, según un estudio del Instituto Guttmacher de Nueva York.

En una orilla está el secretario general de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor José Daniel Falla, quien esta semana mostró las cartas de la Iglesia en contra de la interrupción del embarazo, y en la otra, el jurista Iván González, presidente de la Comisión Asesora del Ministerio de Justicia para el diseño de la Política Criminal, que en su documento planteó la despenalización total del aborto.

¿Usted está en contra o en favor del aborto? ¿Cuál es su propuesta para acabar con esta práctica?
Monseñor Falla: Estoy en contra del aborto. Ninguna circunstancia, por grave que parezca, puede justificar ni convertir en legal o moralmente aceptable el hecho de causar intencionalmente la muerte a un ser humano inocente. En primer lugar, se requiere una adecuada educación afectiva y sexual, basada en una visión integral del ser humano, de su dignidad y de sus valores. En segundo lugar, brindar ayuda a las madres que, en su desesperación, consideran que la única solución a sus problemas es abortar. En tercer lugar, hay que dejar de malgastar cuantiosos dineros, tanto públicos como privados, en la promoción del aborto e invertirlos en la tutela de los auténticos derechos e intereses de la mujer.

Iván González: Estoy a favor del aborto. Creo que es importante legalizarlo para muchos eventos más de los establecidos ya por la Corte Constitucional, con el fin de permitir a las mujeres su derecho a elegir, de contrarrestar las muertes y las enfermedades por los abortos clandestinos y para evitar la criminalización de quienes realizan esta conducta, que no deben ser sancionadas en un estado laico, no confesional. Claro, el Estado está en la obligación de abordar políticas de prevención más serias y juiciosas sobre el manejo de las relaciones sexuales.
¿Qué opina sobre la inclusión en el POS del medicamento misoprostol?

M.F.: Es una manera velada de ampliar las causales previstas por la Sentencia 355 de 2006 y, por tanto, una apertura a la legalización del aborto, ya que aunque el misoprostol aparece registrado para prevenir úlceras gástricas, tiene claros efectos abortivos. La decisión de incluirla en el POS debe ser revocada por el Ministerio de Salud. Por otro lado, es necesario que las mujeres sepan que el misoprostol puede tener graves efectos en su salud física y psicológica. Hoy día se vende en cualquier farmacia sin el debido control de las autoridades, favoreciendo además la promiscuidad. En los |próximos días, junto con un grupo de médicos y juristas expertos, la Conferencia Episcopal presentará las pruebas de la desinformación de la que han sido víctimas tantas mujeres en Colombia. El Ministerio tendrá que explicarle al país qué intereses están detrás de todo esto.
I.G.: Creo que es una sana medida de la Comisión de Regulación, porque esto va a permitir que quienes tienen el servicio de salud puedan acceder a esta droga sin tener que acudir a las vías ilegales o a que se las recete un médico particular. Además, creo que es una muestra de la responsabilidad con la que está actuando esta Comisión y un beneficio que deben tener los afiliados al sistema de seguridad social.

¿Qué tipo de educación sexual cree usted que es necesaria para prevenir el aborto?
M.F.: Es precisa una educación integral, basada en la verdadera libertad, que no es otra que la que está apoyada en principios y valores. Una educación respetuosa de lo que los padres desean infundir a sus hijos. Una educación entendida desde la complementariedad del varón y la mujer, en la que ambos sean responsables no sólo de la transmisión de la vida, sino de su formación. Una educación que valore a la mujer en su dignidad e invite al respeto, evitando todo acto de maltrato y violencia contra ella.

I.G.: Se necesita una educación integral que aborde la salud sexual reproductiva y la importancia y el respeto de los valores que imponen las relaciones humanas. No creo que la educación deba tener un componente religioso. La religión no debe ser nunca tratada como una materia general para todos los ciudadanos.
El procurador Alejandro Ordóñez, funcionario de un Estado laico, está promoviendo la nulidad de la sentencia de la Corte Constitucional que reconoce derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluyendo los tres casos de aborto, ¿qué opina?

M.F.: No se debe confundir un Estado laico con un Estado sin ética. No creo que haya sido intención del procurador desconocer la sentencia de la Corte Constitucional. Por el contrario, me parece que su obrar ha sido ajustado a la Constitución y a la ley.
I.G.: Es un ataque frontal al Estado de derecho. Todos los servidores públicos deben acatar tanto la legislación como las decisiones de los jueces y su obligación es promulgar el cumplimiento de las leyes. Las convicciones individuales de las personas no pueden entrar a obstaculizar los fundamentos del Estado de derecho. Si alguien no está de acuerdo con las condiciones que le impone el cumplimiento de su deber, lo que tiene que hacer es separarse del cargo o no acceder a él.

El padre Alfonso Llano dijo que en momentos en que se está empezando un proceso de paz no se debería hacer un llamado a radicalizar la sociedad, ¿cuál cree que puede ser el efecto de reabrir el debate sobre el aborto en el escenario actual?
M.F.: Aunque no leo la columna del padre Llano, hay temas en los cuales no podemos dejar de ser claros y uno de ellos es el del derecho a la vida que, no olvidemos, está consagrado en la Constitución como inviolable. Precisamente ahora, cuando iniciamos un proceso de paz, no podemos perder de vista que una sociedad que promulga leyes que suprimen o condicionan el ejercicio del derecho a la vida, atentan contra la igualdad y dignidad de sus propios miembros, socavando así el fundamento de toda posible convivencia fraterna y pacífica.

I.G.: No creo que este debate vaya a radicalizar a la sociedad. Creo que lo que se está planteando en torno al tema del aborto es justamente la necesidad de abordarlo desde diferentes perspectivas, como lo son la religiosa, la médica, la sociológica, de salubridad pública y, obviamente, la perspectiva constitucional.
¿Qué significa el reconocimiento del aborto como un derecho fundamental en los tres casos?

M.F.: El aborto no puede ser considerado un derecho fundamental. Es más, no existe ningún tratado internacional que lo reconozca como tal y considero que no fue esa la intención de la Corte Constitucional en la sentencia de despenalización del aborto. Por otro lado, los organismos internacionales deben respetar nuestra independencia y soberanía para determinar libremente nuestras leyes, en conformidad con los valores propios de nuestro pueblo.
IG: Creo que la Corte Constitucional se quedó corta en esa sentencia, porque si bien uno de sus fundamentos fue el reconocimiento de la dignidad de la mujer y de sus derechos, los eventos que consideró en los que no era punible el aborto eran sucesos que ya habían sido contemplados de manera general por el Código Penal y que hacían que el aborto en tales casos fuera justificado por un estado de necesidad o por un conflicto de derechos.

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