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Después de un año de que el portal La Liga Contra el Silencio revelara la operación de un grupo de WhatsApp de uribistas en el que se planeaban estrategias para atacar a opositores y periodistas, la Procuraduría le abrió investigación disciplinaria a seis miembros, tres son funcionarios del Gobierno y tres son integrantes de unidades de trabajo legislativo (utl).
Se trata de Claudia María Bustamante, cónsul general en Orlando (EE. UU.); Víctor Muñoz, consejero presidencial para la Transformación Digital; Juan Pablo Bieri, asesor del Gobierno; Stephanie Carrillo y Hernán Darío Cadavid, entonces integrantes de la utl de Uribe; y Camilo Alejandro Martínez, de la utl de Vélez.
La investigación preliminar comenzó el 24 de febrero de 2020, luego de que los senadores Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Gustavo Bolívar (Decentes) presentaran una denuncia por “presuntas irregularidades cometidas, al parecer, por varios funcionarios del gobierno duque, concernientes a la creación y coadministración, respectivamente, de un grupo de WhatsApp denominado ‘Influenciadores’, con el propósito de violentar la libertad de prensa y los derechos de la oposición”.
Con la apertura de la investigación disciplinaria, la Procuraduría reconoce a Sanguino y Bolívar como víctimas de la presunta falta de los funcionarios, así mismo, se ordenó la práctica de pruebas, como la verificación de los cargos que asumían (o asumen) los investigados entre 2019 y 2020.
De acuerdo con La Liga Contra el Silencio, Bustamante fue la creadora del grupo, días después de ser designada como cónsul en Orlando, bajo el nombre “Tuiteros TOP” y más tarde lo cambió por “Influenciadores”, en el que participaron usuarios de Twitter y otras redes sociales con un número considerable de seguidores.
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Entre las estrategias que promovieron en redes están #NoVeoNoticiasUno, #LosTestaferrosDeSantos, #LaWPolariza, #JulitoNosQuiereCallar, #CamilitaEstásPillada (a Camila Zuluaga), #JuvinaoMePoneEnPeligro (a Catherine Juvinao), entre otros.
De los fragmentos que publicó el portal periodístico, se leen mensajes en los que se aplauden por lograr posicionar una tendencia en Twitter, que la veían como una estrategia para “salvar a Colombia·”. Muñoz renunció en septiembre de 2019, luego de que se hiciera pública su participación en un evento de influenciadores uribistas en el Hotel Hilton, en Bogotá, con el objetivo de organizarlos y “sistematizar el manejo de temas importantes para el uribismo en redes sociales”. Sin embargo, en enero de 2020 volvió a la Consejería, donde continúa en el cargo.
Ante la revelación de este hecho, se abrió el debate sobre si dicho grupo y la participación de funcionarios daba pie a interponerles una falta disciplinaria. “Que estén miembros del propio Gobierno para mí es el gran problema de ese chat (…) Lo que se muestra es que hubo un apoyo a una orquestación y eso es gravísimo en términos democráticos”, dijo en su momento Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma.
En esa misma línea habló José Luis Peñarredonda, investigador digital mencionado en la investigación periodística: “Un funcionario del Gobierno es funcionario de todos los colombianos y el hecho de que no solamente está haciendo cosas que desnivelan, que manipulan a las audiencias de cierta manera, sino que también estén haciendo ataques directos y tan frontales a personas específicas de la oposición, me parece éticamente muy reprochable”.
Tras la apertura a la investigación disciplinaria, Sanguino manifestó que “esperamos que la Procuraduría sancione a los responsables de estos condenables hechos y que se proteja el libre ejercicio de la oposición política”.