Académicos proponen traer la Mesa de Diálogos con el ELN a Colombia

La mesa de diálogos con el ELN la instaló el gobierno Santos hace 17 meses. Hoy está suspendida. / EFE

Continuar los diálogos con el ELN, aprovechando que no se empezaría desde cero e incluso contemplar la posibilidad de trasladar la mesa de diálogos, que se venía desarrollando en La Habana (Cuba), a territorio colombiano, son las propuestas que le hicieron al gobierno del presidente Iván Duque los docentes Alejo Vargas, Silvia Mantilla, Pedro Galindo, Boris Duarte y Daniel García-Peña, miembros del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional.

En una propuesta de nueve puntos dada a conocer hoy, se plantean varios ajustes al proceso, sin que se altere su carácter principal ni se desconozcan los muchos elementos positivos construidos en estos años. El análisis se da un día antes de que venza el límite de 30 días impuesto por el presidente Iván Duque desde su posesión, en la que afirmó que se realizaría “una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el ELN”.

Asimismo, recalcan que la necesidad de continuar con los diálogos se cimenta en el respaldo de la comunidad internacional, al tiempo que reconocen que dicha guerrilla ha demostrado una voluntad explícita de continuar con las negociaciones de paz con el nuevo Gobierno. Estos son los nueve criterios según los cuales el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz propone que se hagan los ajustes:

1.   Establecer como objetivo central y explícito del proceso “sacar la violencia de la política”.

2.   Reorientar las conversaciones hacia el desescalonamiento gradual del conflicto armado, que implique alivios humanitarios para las comunidades en los territorios de manera inmediata, terminando con el secuestro y la extorsión, y permita llegar a un cese bilateral definitivo como punto de llegada y no de partida.

3.   Acelerar e intensificar el componente de la participación de la sociedad, en su diversidad, de manera organizada, a partir de los principios y criterios consignados en la declaración política del pasado 1° de agosto, creando espacios de participación efectiva en territorios específicos para darles soluciones reales a las comunidades.

4.   Compromisos diáfanos y efectivos frente a la defensa de la vida de los líderes sociales.

5.   A partir de la noción de que es posible y deseable firmar y empezar a implementar un acuerdo final con el ELN en los cuatro años del actual mandato presidencial, se debe establecer una calendarización y unos ajustes metodológicos que le permitan a la Mesa tener mayor claridad acerca de los tiempos y las tareas en el corto, mediano y largo plazo, pero que además, y sobre todo, le dé una señal clara al país de que el proceso sí va hacia buen puerto, clave para motivar la participación de una sociedad aún muy escéptica e indiferente.

6.   Establecer el principio de negociación basado en “acuerdos parciales de vigencia inmediata”, que permitan que la implementación no esté desfasada del proceso de conversaciones.

7.   En cuanto a la participación de la comunidad internacional, se debe aprovechar su inmenso potencial de colaboración y todo ajuste o ampliación de la arquitectura actual debe ser el resultado de acuerdos bilaterales.

8.   Sería recomendable contemplar, lo más pronto posible, traer la Mesa de Diálogo a territorio colombiano, con la Iglesia católica como garante, ojalá con el apoyo del Vaticano. La experiencia de las audiencias en Tocancipá y Bogotá del año anterior, además de la visita a Casa de Paz de Antonio García, durante el gobierno del presidente Uribe, muestran su viabilidad.

9.   Diseñar e implementar un plan de comunicación y pedagogía para la paz desde la Mesa de Conversaciones a lo largo del proceso.

Los docentes también consideran que desde la sociedad civil se debe instar al ELN a tomar decisiones unilaterales por fuera de la Mesa, como lo hizo en los ceses al fuego unilaterales decretados para los comicios de este año, suspendiendo y renunciando de manera definitiva al secuestro y la voladura de oleoductos, no como concesiones al Gobierno sino como respuestas a los reclamos insistentes de la sociedad.