Académicos se solidarizan con huelga de hambre de excombatientes de las Farc

Anncol

A través de un comunicado público, un grupo de académicos colombianos e internacionales expresaron su solidaridad con la huelga de hambre que iniciaron el pasado 27 de junio varios de los miembros de las Farc que actualmente se encuentran detenidos en diferentes cárceles del país, a la que incluso de sumó “Jesús Santrich”, uno de los miembros de su Estado Mayor, quienes reclaman el cumplimiento por parte del Gobierno en la implementación de la Ley de Amnistía.

“Hoy, cuando se cumple el duodécimo día de la huelga que ya suma más de 1.300 presos en 19 cárceles del país, incluidos al menos 55 que han suturado sus labios (además de 1.800 presos que se han declarado en desobediencia civil en otras cárceles), las y los académicos colombianos que suscribimos esta carta manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con los huelguistas”, señala el documento conocido por El Espectador.

Y agrega: “Adicionalmente, requerimos la implementación sin más retrasos de la amnistía, y otras formas de exoneración de responsabilidad penal, excarcelación y libertad condicionada pactadas en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana y previstas en la Ley 1820 de 2016, según corresponda a la situación jurídica de cada caso y con cumplimiento de los deberes de verdad, reparación y no repetición frente a las víctimas”.

Los académicos señalan que la huelga de hambre constituye “un mecanismo legítimo de protesta con una larga e importante historia en las cárceles de Colombia y el mundo". Y, en este sentido, afirman que su apoyo se da en respuesta al llamado que el 26 de junio hizo el colectivo de prisioneros políticos "Alfonso Cano" de la Cárcel de Pasto, Nariño, que pidió a todas las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y populares en general, exigir con fuerza y contundencia no sólo la excarcelación de los presos de las Farc sino también la implementación pronta y efectiva de la totalidad de lo pactado en los Acuerdos de La Habana.

Y recordando los plantones que se han hecho en varias ciudades del país exigiendo que se aplique la amnistía, las voces que se han escuchado desde el extranjero y la carta abierta que el Congreso Nacional de Paz le envió en días pasados al presidente Juan Manuel Santos y al fiscal general, Néstor Humberto Martínez,  los firmantes aseguran que la postura expresada en el comunicado se da no solo en respuesta al llamado de los huelguistas, sino también en desarrollo de sus compromisos crítico e informados con la paz y con los derechos de las víctimas.

“La causa de la actual huelga es de la mayor importancia para Colombia. La aplicación sin demoras de la Ley 1820 de 2016 constituye un compromiso político y jurídico que el Estado colombiano asumió no sólo frente a las Farc sino frente a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional. Tal y como lo señaló el secretario de la Misión de las Naciones Unidas para Colombia, el cumplimiento de las Farc con el tercer punto del acuerdo –dejación de las armas– constituye una lección para otros procesos de paz en el mundo. Ahora corresponde al Estado colombiano cumplir con su parte de lo pactado, haciendo todo lo que sea necesario para implementar sin demoras injustificadas las amnistías y demás tratamientos penales especiales previstos por el Acuerdo de Paz y desarrollados por la Ley 1820 de 2016”, advierten los firmantes.

Asimismo, en el comunicado se reconoce que si bien la implementación de la  citada Ley requiere de procedimientos administrativos y judiciales complejos, la realidad muestra que  existen falencias estructurales de información y coordinación institucional que han obstaculizado el desarrollo oportuno de tales procesos. “Han pasado ya seis meses de la entrada en vigencia de la norma, y los escollos se han visto significativamente reducidos por el hecho de que el Gobierno ha acreditado ya a la inmensa mayoría de los presos de las Farc, y de que la Fiscalía ha empleado una tecnología que le permite identificar los casos en los que pueden estar involucrados los aspirantes. Por ello, hay lugar a pensar que falta voluntad política de parte de algunos jueces de ejecución de penas, quienes están en posición de agilizar los procesos para dar pronto cumplimiento a lo exigido por la ley. Además, dada la importancia de la causa, resulta crucial que los organismos competentes se den a la tarea de identificar y resolver con prioridad los cuellos de botella institucionales, así como de monitorear las actividades de los agentes implementadores”.

Ante esta situación, los académicos hacen un llamado a los jueces y a todos los agentes involucrados en el proceso de implementación de la paz a que den prioridad a la aplicación de la Ley de Amnistía, y a que tomen las medidas necesarias para superar los obstáculos que están impidiendo su cumplimiento oportuno. Y enfatizan que la amnistía “de iure” que establece la norma solo contempla delitos políticos y conexos, y excluye por ende los crímenes atroces de carácter internacional y los delitos que no se relacionan con el conflicto armado. Y que, además, la libertad condicional que la ley prevé para delitos más graves cometidos en el marco del conflicto no exonera a sus beneficiarios de la obligación de comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz.

“Todos los beneficiarios de la Ley están obligados a satisfacer los deberes de verdad, reparación y no repetición. Por ende, no hay lugar a que los funcionarios estatales argumenten que la implementación pone en riesgo los derechos de las víctimas. Contrario a lo que han expresado algunos medios de comunicación, el que la Corte Constitucional aún esté pendiente de estudiar la constitucionalidad de dicha norma, no es razón válida para posponer su implementación. En efecto, el artículo 16 de la Ley 1820 dispone que la amnistía es aplicable a partir del día de su entrada en vigor. Y los procesos de revisión abstracta de normas ante la Corte Constitucional no suspenden su vigencia”, expresa el comunicado.

“En uno de sus comunicados recientes, los huelguistas manifestaron que la salud de varios de ellos da claros signos de debilitamiento. Es cuestionable no solo en el plano político y jurídico, sino también moral, que el Estado colombiano ponga en riesgo la vida de los presos de las Farc, así como de aquellos que se han solidarizado con su causa. Implementar sin demoras a la Ley 1820 no sólo implica cumplir la promesa política de que los excombatientes y otros líderes sociales presos disfruten de la paz en libertad; también implica asegurar que esas personas no morirán de hambre mientras esperan que la Ley se cumpla”, concluye.

Entre los firmantes están Alejandra Azuero, de la Universidad de Harvard; María Paula Saffon, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México; Andrés Fabián Henao, profesor de la Universidad de Massachusetts; Laura Correa Ochoa, candidata PhD en Historia de la Universidad de Harvard; Paola Camargo González, de la Universidade Estadual de Campinas; Lina Buchely, de la Universidad Icesi; Luis Eslava, de la Universidad de Kent; Robert Karl, de la Universidad de Princeton, entre otros.

Aquí el texto completo de la carta con todos sus firmantes.