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Luego de que un tribunal de arbitramento declaró nulo por ilícito el contrato de la Ruta del Sol 2, lo que implica que el Estado pagará a la concesionaria $211.273 millones y no casi $2 billones, este miércoles el presidente Iván Duque celebró la decisión y aseguró que se trató de una determinación “correcta y necesaria”.
En diálogo con la emisora RCN Radio, el primer mandatario manifestó que las actuaciones del gobierno en el pleito estuvieron acordes con el ordenamiento jurídico y de paso, salió en defensa de su ministra de Transporte, Angela María Orozco, que estuvo al frente de la controversia.
“Creo que la decisión que adoptó el tribunal de la Cámara de Comercio es una clara muestra que estábamos actuando conforme a los ordenamientos jurídicos, y es una decisión correcta y necesaria, la cual nos deja satisfechos”, declaró el jefe de Estado.
Frente a la ministra de Transporte, Duque aseguró que actuó correctamente en búsqueda de salvaguardar los intereses del Estado. “Respaldo y ratificó a la ministra. Ella ha actuado apegada al ordenamiento jurídico. Sus decisiones han soportado las políticas definidas por nuestro gobierno de lucha en contra de la corrupción y ha actuado de manera diáfana y coherente”, agregó Duque.
Este martes, el tribunal concluyó, entre otras, que el Estado colombiano no debe asumir ni un peso de la corrupción que rodeó el contrato de la Ruta del Sol 2. El pleito era entre la concesionaria encargada de esta obra y la nación, y tardó casi cuatro años en resolver.
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Los tres árbitros del caso, Catalina Hoyos, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Mauricio González, entregaron el laudo de 699 páginas en el que detallaron las razones de su decisión de declarar nulo el contrato y de por qué los colombianos no pueden entregarles más plata a los responsables del negocio, como así lo pretendían.
La decisión es histórica, dentro del escándalo de corrupción que protagoniza Odebrecht desde finales de 2016, pues existía la posibilidad de que el Estado tuviera que responder por millonarias deudas. En cambio, solo deberá pagar $211.273 millones.
De acuerdo con el laudo, la Concesionaria Ruta del Sol, compuesta en su mayoría por los brasileños, por Episol, de Corficolombiana, y CSS Constructores, obtuvo el contrato en cuestión gracias a maniobras de “abuso y desviación de poder”, como el pago de US$6,5 millones al entonces exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, con el fin de que garantizara que nadie más se quedara con el negocio.
De acuerdo con Duff & Phelps, la ANI debía pagar a la Concesionaria Ruta del Sol cerca de $2 billones. Sin embargo, con los ajustes de los árbitros, lo que realmente debe entregar el Estado son $211.273 millones. Lo primero que debe hacer la Concesionaria con este dinero es saldar las obligaciones laborales ($1.448 millones), luego las deudas fiscales e impuestos ($282 millones), posteriormente los pagos a proveedores ($6.200 millones) y finalmente pagar a los bancos ($1,4 billones).
También hizo una aclaración: “Dado que los recursos en dichas cuentas no alcanzan para atender las obligaciones financieras, para cubrir el pago de la totalidad de la deuda, lo que falte deberá ser consignado por la entidad estatal hasta en cinco pagos anuales iguales”.