¿Adiós a la investidura del magistrado Jorge Pretelt?

Plenaria del Senado vota la petición de la Comisión de Instrucción de admitir acusación contra el magistrado por el delito de concusión. Mayorías parecen aseguradas y Pretelt tendría que enfrentar juicio penal ante la Corte Suprema.

El magistrado Jorge Pretelt afrontará hoy la posibilidad de ser llevado a la Corte Suprema de Justicia. / El Espectador
El magistrado Jorge Pretelt afrontará hoy la posibilidad de ser llevado a la Corte Suprema de Justicia. / El Espectador

En momentos en que las encuestas muestran alta desaprobación de la Rama Judicial por cuenta de los altos niveles de impunidad de que gozan los altos funcionarios en su juicio político en el Congreso, el Senado tendrá hoy una jornada que podría pasar a la historia. Aunque parezca insólito, por primera vez se tomará una decisión de fondo contra un magistrado. Se trata de Jorge Pretelt, investigado por el delito de concusión por presuntamente haber pedido $500 millones para favorecer a la compañía Fidupetrol en el trámite de una tutela.

Es un hecho atípico, porque es el primer caso que llega a última instancia en el legislativo, toda vez que la Comisión de Acusación, el órgano tal vez más desprestigiado de la institucionalidad colombiana, en sus últimos tiempos solo ha acusado formalmente a dos funcionarios: el general y expresidente de la República Gustavo Rojas Pinilla en 1959, aunque después fue absuelto; y el expresidente Ernesto Samper, cuyo caso no llegó al Senado. En el caso del magistrado Jorge Pretelt, es el primer magistrado en llegar a juicio político en el Senado.

La petición a la plenaria del Senado de la República fue contundente: admitir la acusación contra el magistrado por el presunto delito de concusión, remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia para investigación de carácter penal y suspensión de inmediato de sus funciones públicas como magistrado de la Corte Constitucional. La concusión es el delito que comete un servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones, “constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite”.

La acusación contra Pretelt está soportada en una denuncia interpuesta por el exmagistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo. El 4 de febrero de 2015, el mismo día de la elección de Jorge Pretelt como presidente de la Corte Constitucional, el también magistrado Luis Ernesto Vargas enteró a González de la presunta petición de coimas por parte de Pretelt. En su despacho, Vargas le contó a González que lo había buscado el abogado Víctor Pacheco para contarle que Pretelt le había pedido $500 millones para fallar una tutela que debía resolver la Corte.

El pleito comprometía a la firma Fidupetrol, condenada patrimonialmente por la Corte Suprema a pagar $22.500 millones. Días después, el mismo magistrado viajó a Cartagena para entrevistarse con el abogado Pacheco, entonces defensor de los intereses de Fidupetrol. Ese mismo día, Pacheco le confirmó su versión y se mostró dispuesto a entregarla a las autoridades. La intención con los $500 millones, según el abogado, era que se acercara a González –a quien le había correspondido la tutela– para que ese fallo resultara favorable a los intereses de Fidupetrol.

El magistrado Mauricio González presentó denuncia ante la Comisión de Acusación y se formó el escándalo. La instrucción del caso avanzó en medio de múltiples tropiezos en la Comisión de Acusación por las dilaciones lógicas que implica acusar de corrupción a un alto aforado del Estado y, en especial, por las maniobras jurídicas de su abogado Abelardo de Espriella, quien con base en recusaciones, aplazamientos e inasistencias, prolongó por más de un año el proceso.

Sin embargo, el caso tuvo su mayor impulso cuando el abogado Víctor Pacheco, a finales de marzo, fue condenado a dos años, cuatro meses y 24 días de prisión por su participación en el pago de sobornos en la Corte Constitucional. Hoy, por los mismos hechos, son también procesados el máximo accionista de Fidupetrol, Hérbert Otero; el expresidente de la Fiduciaria, Abel Guillermo Caballero, y el expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil. Todos habrían tenido participación en la presión ejercida ante los magistrados para seleccionar la tutela.

En este proceso –sin precedentes cercanos– al que ahora se ve abocada la plenaria del Senado, si se da una votación mayoritaria, se levantará el fuero del magistrado Jorge Pretelt y su proceso quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia. A la vez, en el Congreso continuará el trámite del caso y será la plenaria la que decidirá si condena al actual magistrado por los cargos de “indignidad política”.

De ser hallado culpable, de conformidad con el Código Penal, el magistrado Jorge Pretelt podría ser condenado a prisión entre seis y diez años, además de recibir una multa de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De manera complementaria, el funcionario quedaría inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período que oscila entre cinco y ocho años. Los cotilleos del Legislativo apuntan a que las mayorías existentes fallarán contra el magistrado. De confirmarse, pasaría a la historia como el primer acusado por una decisión del Congreso de la República.

 

últimas noticias

Partido de la U salvó la reforma política

El amargo cierre legislativo de Iván Duque