El senador Carlos Ferro Solanilla manifestó su preocupación por la situación que hoy viven cientos de familias, tras el avance de la concesión vía Bogotá – Villavicencio, bajo la responsabilidad de COVIANDES.
Recordó que el contrato de concesión No. 444 de 1994 ha sufrido 56 modificaciones a través de actas y un adicional, logrando así un incremento del 589% en los costos del proyecto.
La adición 01 del 2010 aumentó los recursos de inversión por parte de la nación en un billón ochocientos treinta y cinco mil trecientos veintiocho millones ($ 1.835.328.000.000,00) que deberán ejecutarse hasta el 2016, según el anuncio del presidente Santos.
Sin embargo, una de las obras más importantes para el desarrollo y la competitividad del país se ha convertido, según Ferro, “en pretexto para beneficiar al concesionario y afectar el bienestar de las comunidades”.
Por ejemplo, el conjunto de obras incluidas en la segunda calzada (sector El Tablón – Chirajara), afectó a municipios como Quetame y Guayabetal, cuya economía gira en torno al comercio en la vía, pues fueron demolidas 90 viviendas y locales, generando desempleo, desplazamiento, y detrimento al desarrollo de los mismos.