Advierten inseguridad jurídica y miedo de militares a adelantar sus operativos

En la plenaria del Senado fue denunciado que muchos uniformados han sido condenados injustamente en desarrollo de operaciones de la prestación del servicio.

Este martes el Senado de la República abordó la problemática jurídica de las Fuerzas Militares, luego de adelantar varias operaciones castrenses en contra de grupos delincuenciales.

Las condenas en contra de los miembros de la Fuerza Pública, en desarrollo del cumplimiento de la función de la protección de la ciudadanía, fueron parte del debate pues revelaron un presunto temor jurídico de los militares en desarrollo de sus operativos.

El senador Roy Barreras Montealegre, quien citó al Gobierno para responder sobre el tema, dijo que “hay muchas razones para que lo que hoy se denomina la percepción de inseguridad en el campo y en las ciudades, se esté volviendo un verdadero problema de seguridad”.

Según él, aunque como en todo grupo humano hay culpables de delitos atroces que merecen la más alta condena, dentro de las Fuerzas Armadas “hay servidores de la patria que por el hecho de tener uniforme están afrontando condenas muy altas cuando lo que hicieron fue en el desarrollo del conflicto y la prestación del servicio; involucrarse en ataques o combates que determinaron bajas por las cuales hoy reciben condenas de homicidio culposo muy largas que desaniman a las Fuerzas Militares para seguir atacando”.

Para explicar la actual situación, Barreras puso de ejemplo el caso de las bandas criminales (bacrim), donde para los miembros de las Fuerzas Militares es imposible hasta bombardear las zonas de influencias de esos grupos.

Los colombianos esperaríamos un contundente ataque que inclusive pudiera conllevar bombardeos a esas organizaciones criminales, sin embargo, jurídicamente hay un limbo que impide que tal cosa se haga”, aseguró.

En ese sentido, el legislador planteó la pregunta para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre la posibilidad de adelantar los bombardeos en contra de las bandas criminales.

Igualmente, Barreras citó el caso de los secuestradores, donde éstos en la mayoría de las veces son civiles que operan para vender sus víctimas a las guerrillas, y por eso, queda la pregunta acerca de “si el Ejército ataca a esos civiles y allí se producen bajas, muchos de esos oficiales son investigados y condenados por homicidio en persona protegida”.

El emblemático caso de Santo Domingo (Arauca)

Dentro del debate, el senador Roy Barreras presentó un video en el cual deja entrever que los oficiales condenados por el bombardeo de Santo Domingo (Arauca) serían inocentes.

Según él, en muchas de las pruebas con las que se condenaron a esos pilotos se cometieron “garrafales errores”.

Esa condena fue fruto del desconocimiento del Derecho Internacional Humanitario y del derecho de la guerra; fueron llevando a estos pilotos hacia una condena que en mi sentir no solamente es injusta sino que tiene un efecto generalizador sobre las Fuerzas Militares, y es que si a ellos les ocurrió -que los condenaron por cumplir una orden- entonces a los demás oficiales les puede rondar la misma preocupación”, sostuvo.

Los hechos por los cuales se dio la condena de Santo Domingo (Arauca) ocurrieron en diciembre de 1998. Entre las víctimas hubo seis niños. Los oficiales de la Fuerza Aérea, piloteaban el helicóptero desde el que se lanzó una bomba cluster (racimo).

¿Qué hacer para acabar la inseguridad jurídica?

El senador Roy Barreras consideró que resulta urgente para darles seguridad jurídica a las Fuerzas Militares la construcción de una jurisdicción especial para el juzgamiento de los militares que les garantice el debido proceso y donde quienes investiguen y juzguen, conozcan el lenguaje de la guerra y sepan la diferencia de un ataque, un combate y un conflicto porque “cuando no saben los términos la presunción recae sobre los militares y eso hace que se desmoralice las tropas”.