:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/g0ARic5-fWHSmHnl31uTmm475mM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/SH54DL3J6JEVVMWLWXGRWZZENM.jpg)
En su alocución de fin de año el pasado 31 de diciembre, el presidente Iván Duque sacó pecho, entre otras, por la aprobación en el Congreso de la ley que elimina la casa por cárcel para corruptos. Sin embargo, tal como ocurrió con la ley de financiamiento, supuestos errores de procedimiento en el trámite de la iniciativa podrían tumbarla.
Lea también: Reducción de homicidios de líderes sociales, parte del balance de fin de año de Duque
Así lo advirtió el abogado penalista Óscar Sierra, quien manifestó que el proyecto fue votado durante una sesión en la Cámara de Representantes “viciada por malos procedimientos en el desarrollo del debate”, por lo que no tendría la validez requerida para emitir efectos jurídicos.
Según Sierra, los líos arrancaron el pasado 18 de diciembre cuando, ante la ausencia del presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, la representante María José Pizarro asumió el cargo y levantó la sesión que había iniciado una hora atrás, argumentando falta de quórum. De acuerdo con penalista, así, se aplazó la discusión sobre los proyectos que se encontraban en el orden del día, entre ellos, el relacionado con la casa por cárcel para corruptos.
Pese a la decisión tomada por Pizarro, recordó Sierra, minutos después arribó al recinto Cuenca, quien decidió reabrir la jornada en la cual se trató el artículo 43 de la reforma tributaria y la conciliación de la ley anticorrupción. Sin embargo, señaló el penalista, fueron varios los congresistas que manifestaron que la sesión sería ilegal, pues el ordenamiento jurídico vigente indica que el Congreso no puede deliberar dos veces en un mismo día, por lo que el presidente Cuenca decidió volver a levantar la sesión.
“Al día siguiente, instalada la sesión, el presidente anunció nuevamente la votación sobre los puntos referentes a la reforma tributaria, debatidos el día anterior, pero no hizo lo propio con lo relacionado a la ley anticorrupción, el cual se solicitó fuera incluido en el orden del día, pero, con el despacho negativo del presidente de la corporación, no fue objeto de debate”, explicó el penalista.
Por este hecho, Sierra declaró que la iniciativa podría ser tumbada. La eliminación del beneficio de casa por cárcel se da en situaciones en que haya “acuerdos restrictivos de la competencia, tráfico de influencias de servidor público, enriquecimiento ilícito; prevaricato por acción; falso testimonio, soborno, soborno en la actuación penal; amenazas a testigo; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio” en delitos contra el Estado.
La ley establece que las empresas que incurran en actos de corrupción quedan inhabilitadas para contratar con el Estado y tampoco podrán reclamar indemnización como ocurrió en el caso de Odebrecht.
Para el abogado, otros aspectos de la ley que podrían poner en juicio su constitucionalidad son que plantea la imposibilidad de contratar con el Estado en cualquier tiempo, “incluso después de pagada la pena” y que hace inexistente la presunción de inocencia hasta la sentencia ejecutoriada, “pues pretende dejar en firme sanciones con la primera condena, sin esperar la apelación”.
Criticó también que se elimine el criterio resocializador de la pena, “al cercenar la posibilidad de que, al cabo de cumplir la mitad de la pena, el condenado pueda solicitar sustitución de la misma por prisión domiciliaria”.
Para Sierra, leyes como estas “desnaturalizan la esencia de los subrogados y la finalidad de la pena”. En su opinión, si se busca la resocialización, el condenado debería cumplir parte de la pena en la cárcel y permitirsele regresar a su domicilio, “más cerca de la sociedad a la que finalmente habrá de volver”.
“El papel resocializador de las cárceles es altamente cuestionable, por lo que, como sociedad, debemos educarnos y entender que el rol que tiene la pena no es de venganza, como parecen comprenderlo algunos legisladores quienes, irónicamente y como ha sucedido en pretéritas oportunidades, reclaman las garantías penales que día a día contribuyen a eliminar”, concluyó el abogado.