Agenda antifracking se abre paso en el Congreso

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En la legislatura que recién arranca ya se radicaron dos proyectos para no solo prohibir esta técnica de fracturamiento hidráulico, sino tipificarla como un delito. ¿En qué consisten y cuáles son sus argumentos?

Pasados menos de 15 días desde que el Congreso reanudó sesiones y en medio de la controversia de si el Gobierno Nacional está cumpliendo o no con las condiciones para avanzar con los proyectos piloto para la práctica del fracking en Colombia, en el Parlamento se abren paso dos proyectos que pretenden prohibir de tajo esta técnica de extracción de hidrocarburos e incluso, declararla un delito.

Si bien la práctica de fracturación hidráulica permanece suspendida en el país desde finales de 2018, a la espera de que el Consejo de Estado estudie de fondo una demanda en su contra, hay vía libre para que se hagan pilotos de investigación. Eso sí, cumpliendo recomendaciones como obtener una licencia social y definir líneas bases sociales y ambientales. Sin embargo, en línea con lo dicho por organizaciones sociales, congresistas han alegado ante el propio tribunal que se le está haciendo conejo a la norma y han querido tumbar la medida.

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Al margen de la pelea judicial, en la Cámara de Representantes optaron por trasladar la puja al Legislativo y que sea una ley la que prohíba el fracking en el país. En ese propósito, el pasado 20 de julio –cuando el Congreso dio inicio a otro periodo parlamentario– fueron radicados dos iniciativas. Una del representante Juan Carlos Lozada (Partido Liberal) y otra de los congresistas Katherine Miranda, César Augusto Ortiz (ambos de Alianza Verde) y César Pachón (MAIS).

Por un lado, el proyecto del representante Lozada plantea que en el Código Penal se tipifique a la práctica del fracking como un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Así las cosas, se establece que quien realice actividades de explotación y aprovechamiento del suelo o del subsuelo a través de fracturación hidráulica podría enfrentar penas de entre ocho y 15 años de cárcel, sumado a multas de hasta casi $44.000 millones.

Según argumentó el parlamentario, se trata de sanciones ideadas para garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano. “Ante las nuevas dinámicas sociales, políticas y económicas que afronta el planeta, es necesario robustecer la lucha contra la alteración y destrucción del ambiente, penalizando conductas que, a pesar de no encontrarse tipificadas, afectan los recursos naturales, la biodiversidad del país, los ecosistemas, contribuyen al cambio climático y en últimas, impiden el goce a un ambiente sano”, explica.

En el proyecto, Lozada recuerda que, si bien en la legislatura pasada presentó una iniciativa para robustecer la lista de delitos contra el medio ambiente, se excluyó el punto que tipificaba como delito el fracking, por lo que ahora decidió presentarlo de forma separada.

Para el representante, las sustancias químicas y desechos tóxicos derivados de la fracturación hidráulica pueden contaminar aguas superficiales y subterráneas, el suelo y contribuir a la crisis climática. “Esta contaminación puede ser grave y en muchos casos irreversible, por ejemplo, las aguas residuales tóxicas del fracking pueden contener concentraciones elevadas de elementos radiactivos como el radio y en casos de derrames, filtraciones o una disposición deficiente, pueden afectar acuíferos, ríos, suelos y otros elementos del ambiente”, señala.

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En su exposición de motivos, Lozada cita hallazgos y estudios académicos que evidencian incidentes de contaminación de acuíferos y del agua por cuenta del fracking, sumado a concentraciones altas de químicos e impactos negativos contra la biodiversidad. Adicionalmente, advierte por “daños graves e irreparables” en la salud de las personas, como cáncer. daños en el sistema inmunológico o toxicidad en los pulmones.

A nivel local, el representante recordó que en 2018 la Contraloría General de la República, por tercera vez, concluyó que el fracking puede tener resultados catastróficos e irreversibles. “El país todavía no cuenta con las condiciones adecuadas para el cumplimiento de los requisitos técnicos ambientales para permitirlo”, indicó el ente de control.

Por otro lado, el proyecto de los representantes Miranda, Ortiz y Pachón reivindica el principio de precaución ambiental para prohibir el fracking en todo el territorio nacional. La iniciativa también cita derechos como gozar de un ambiente sano, un desarrollo sostenible, el respeto por la vida y salud de los colombianos y prevenir los factores de deterioro ambiental.

Según los parlamentarios, ante la duda sobre los posibles daños que pueda causar una actividad al medio ambiente, “se le debe dar prioridad a la protección de este”. En su exposición de motivos, recuerdan que este mecanismo de explotación requiere de altas captaciones de agua, implica riesgos importantes de contaminación de acuíferos y hace difícil el manejo de aguas residuales. A ello se suma, argumentan, “un aumento abismal” de las emisiones de gases efectos invernadero, causantes del cambio climático.

“En Colombia resultaría bastante peligroso para el cumplimiento de las metas en reducción de emisiones y para la mitigación del cambio climático en general”, advierten, recordando también que la gestión ambiental institucional “es débil frente a la extracción convencional y más débil aun para la extracción no convencional”.

En esa línea, explican que el Gobierno Nacional tiene el interés de implementar “lo más pronto posible” la técnica del fracking con el argumento “eminentemente económico” de lograr aumentar las reservas de gas y petróleo, y así mejorar el abastecimiento interno y las finanzas públicas, afectadas por un déficit fiscal. “Esta propuesta gubernamental que privilegia lo económico sobre el deber de del estado de garantizar un ambiente sano, así como la de garantizar la salud y vida de los colombianos, no es del todo cierto, por cuanto las reservas de petróleo y gas natural de los yacimientos convencionales no se agotaran en el mediano plazo”, agregan.

Los representantes señalan además que en Colombia hay 12 contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en fracking, por lo que en la iniciativa se propone que, una vez entre en vigor y en un término de seis meses, los titulares de licencias ambientales para la exploración y explotación de hidrocarburos presenten a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) un informe que especifique las técnicas empleadas en el curso de sus actividades extractivas o de investigación.

De esta manera, se plantea que si los titulares de esa licencia mencionan el uso real o posible de fracking, dicha licencia será revocada.

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