Agridulce balance

Código Carcelario y reforma a la salud fueron algunos de los puntos favorables. Matrimonio igualitario, curul de las minorías y patrimonio cultural sumergido, los puntos negros.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, durante una de las sesiones de la última semana. /  Luis Ángel - El Espectador
El presidente del Congreso, Roy Barreras, durante una de las sesiones de la última semana. / Luis Ángel - El Espectador

El divorcio entre el Gobierno y el Congreso, con el que acabó la pasada legislatura por cuenta del hundimiento de la reforma a la justicia que terminó plagada de micos y obligó al presidente Juan Manuel Santos a objetarla es cosa del pasado. Así lo demuestra la aprobación de las leyes que presentó el Ejecutivo y que prueban que a la hora de las votaciones los partidos de la coalición de Unidad Nacional funcionan como una fuerza. El balance para el Gobierno y Congreso es bueno. Fueron 84 leyes y actos legislativos aprobados y 24 debates de control político. Estas son las más importantes.

Regla fiscal

El gobierno Santos se ha empeñado en manejar las finanzas del país con seriedad, en sus palabras, evitando gastos excesivos en temporadas de vacas gordas para poder enfrentar las crisis en épocas de vacas flacas. Por ese motivo se tramitó el acto legislativo de sostenibilidad de fiscal y la regla fiscal. La intención: mantener la finanzas del Estado sin afectar los derechos. Sin embargo, la realidad es otra, cuando el Gobierno considere que una decisión judicial afecta la sostenibilidad puede presentar un “incidente de impacto fiscal” para “modular, modificar o diferir los efectos de las sentencias”. Esto debía contar con la venia de las altas cortes, pero una modificación en el articulado, que señala que “acatará el fallo en los términos contenidos en el plan de cumplimiento”, deja en claro que si los tribunales no están de acuerdo se impondrá la decisión del Ejecutivo.

Estatutaria de salud

El sistema de salud del país está en la peor crisis de su historia por cuenta de la corrupción y los malos manejos. La reforma de fondo no daba espera y fue tramitada mediante una ley estatutaria. Pero las críticas al proyecto no se hicieron esperar y advierten que en el artículo 5 se deja el manejo del negocio a las gestoras —en el pasado EPS— y el Estado sólo opera como una especie de auditor. También se habla de la “ampliación gradual y continua del acceso a los servicios”, pero no es claro en qué forma o cuáles son las metas de esa ampliación. Además, está supeditado a otro principio contenido en el artículo 6, que es, nuevamente, la sostenibilidad fiscal. El principal temor se da en el artículo que resuelve que los conflictos en temas de salud serán dirimidos por juntas médicas. De este modo, la acción de tutela queda en un segundo plano y hasta podría perder su vigencia. Sin embargo, se reconoce que la norma es un gran avance en términos de control de precios de los medicamentos, que eran la vena rota del sistema y se le quitó el manejo total del sistema que tenían las EPS.

Fuero militar

Fue tal vez la principal prioridad del Gobierno y la más polémica de las iniciativas. Incluso fue objeto de contundentes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advertían que apuntaba a la impunidad. Los señalamientos obligaron al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, a dar una respuesta y advirtió que se trataba de acusaciones injustas y mal argumentadas. Aprobada la ley estatutaria de fuero militar, la conclusión es que las Fuerzas Militares contarán con garantías jurídicas para actuar en el escenario de la guerra. Pero hay críticas frente a temas como el blanco legítimo y el objetivo militar que deja en las manos de la Fuerza Pública la definición del objetivo. Lo que podría abrir la puerta a ataques contra la población civil.

Minorías sin curul

Mientras en La Habana los equipos negociadores del Gobierno y las Farc buscan una salida pacífica al conflicto brindando garantías de participación política a quienes dejen las armas, en el Congreso se tramitó un acto legislativo que eliminó la curul asignada a las minorías políticas para entregárselas a los colombianos en el exterior. Aunque el argumento es que son más de cinco millones los nacionales que viven fuera del país, es evidente que el autor de la iniciativa es el único que se puede beneficiar con la ampliación de curules, el representante Jaime Buenahora, quien ocupa la curul de colombianos en el exterior.

Matrimonio igualitario

Una de las grandes deudas del Congreso en este semestre legislativo es lo que tiene que ver con el matrimonio igualitario, ya que la misma Corte Constitucional ordenó al Parlamento legislar sobre la materia dando protección a las parejas homosexuales. El senador Armando Benedetti fue el autor de un proyecto de ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin embargo, el ala conservadora del Congreso se impuso y la iniciativa se hundió en el Legislativo.

Vía libre a cazatesoros

Finalizando la legislatura, el Senado de la República aprobó en su último debate un polémico proyecto de ley, radicado bajo el título de Patrimonio Cultural Sumergido. La iniciativa busca que grandes compañías de arqueología submarina lleguen al país en busca de los tesoros que se encuentran bajo el mar. Uno de los aspectos más negativos del proyecto es el artículo que establece que se pagará a quienes adelanten los rescates con el 50% de lo encontrado, así como señala que las monedas, lingotes de oro o plata y perlas preciosas y semipreciosas que se encuentren repetidas podrán ser comercializadas. El proyecto es autoría del Ministerio de Cultura y próximamente será sancionado como ley de la República.

Código carcelario

Durante este semestre el país se ha visto sumido en una grave crisis carcelaria por cuenta del inhumano hacinamiento que enfrentan los penales. Con el fin de descongestionarlos y enfrentar la situación, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, radicó un nuevo código penitenciario y carcelario. En esta última semana la iniciativa fue aprobada en su totalidad. Entre las principales medidas que dicho proyecto incluyó está la apertura de la inversión privada para la vigilancia y construcción de megacárceles y una serie de medidas que buscan que algunos delitos menores permitan la aplicación de la casa por cárcel.