Agua, energía, salud e infraestructura, el preacuerdo por el Chocó

El preacuerdo incluye la solución a la problemática del hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, poner a funcionar el nuevo sistema de alcantarillado de la ciudad y priorizar la interconexión eléctrica de cinco municipios, de los 11 que hoy no tienen luz eléctrica.

Desde el pasado miércoles, habitantes de Quibdó iniciaron una protesta pacífica en todo el departamento. / Cortesía Comité Cívico por la Defensa de Chocó

Representantes del Gobierno Nacional, autoridades locales y regionales, así como voceros del paro en Chocó, alcanzaron un preacuerdo que les pondría fin a los casi ocho días de grandes manifestaciones sociales. En principio, el preacuerdo versa sobre temas de salud, infraestructura vial y energética, agua potable y el conflicto territorial entre Chocó y Antioquia por Belén de Bajirá. Al cierre de esta edición, aún faltaba que el Comité Cívico por la Defensa de Chocó firmara los compromisos trazados y anunciara el levantamiento de las protestas.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos fue enfático en que su Gobierno ha sido históricamente el que más recursos ha invertido en el territorio chocoano. “Aquí se ha hecho muchísimo. En los últimos 6 años hemos invertido $7,5 billones en obras concretas y es una inversión que jamás había visto en su historia. Somos los primeros en reconocer que hace falta muchísimo por hacer, porque la deuda con Chocó es inmensa, pero hemos hecho un esfuerzo enorme”, refirió el jefe de Estado.

De igual manera, el secretario general de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, informó que durante el sábado y el domingo hubo intensas reuniones entre protestantes y voceros del Gobierno nacional, local y regional que permitieron trazar la hoja de ruta, que hoy está a punto de levantar las barricadas en Quibdó.

El documento mencionado, que consta de diez páginas, contiene compromisos por parte del Gobierno central como el pago del pasivo del hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, que asciende a más de $37 mil millones. También se decidió crear una nueva empresa social del Estado que operará con el nombre Nuevo Hospital San Francisco de Asís y tendrá el control total del centro de salud. Además, en el período de transición del hospital continuará la prestación del servicio y que a mediados de 2017 empezará a funcionar el modelo de atención diferencial en Chocó.

En cuanto a la diferencia limítrofe entre Chocó y Antioquia por el municipio de Belén de Bajirá, se acordó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi entregue un informe a las comisiones de ordenamiento territorial de la Cámara y Senado, en el que se detalle el proceso técnico de deslinde territorial. Al respecto, el Gobierno se compromete a impulsar ante el Congreso el concepto técnico del IGAC.

En temas de acueducto, se acordó que en los próximos dos meses deberá entrar en funcionamiento el nuevo acueducto de Quibdó, el cual suministrará agua potable al 95 % de los habitantes de la capital departamental. Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a financiar e impulsar la finalización de los diez acueductos que están en construcción. Y, finalmente, se comprometió a darles un importante impulso a los acueductos veredales que hoy se encuentran en tercera fase de construcción.

Frente al tema energético, los compromisarios definieron que la Superintendencia de Servicios Públicos hará un seguimiento riguroso a los municipios que hoy no tienen interconexión eléctrica para trazar un plan que resuelva la situación. Entre los compromisos adquiridos por el Gobierno están: priorizar la conexión eléctrica de cinco de los once municipios que hoy no tienen electricidad y, finalmente, darle un impulso definitivo al proyecto Talasá, que proveerá 179 megavatios para la región.

Por último, se realizaron una serie de compromisos más en temas de seguridad, que incluyen la instalación de estaciones de Policía, del Gaula y reforzar la acción de la Fuerza Titán, en la que toman partes unidades del Ejército y la Policía. Así como un cuerpo élite en la lucha contra la corrupción, coordinado por la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República y la Fiscalía. Sólo falta que luego de las reuniones y de alcanzar acuerdos, las promesas se cumplan.