Alarma por alto riesgo de asesinatos y desplazamiento en el Bajo Atrato

La Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia (Oidhaco) denunció enfrentamientos entre Fuerza Pública, Autodefensas Gaitanistas y ELN en la región de las cuencas de los ríos  Jiguamiandó y Curbaradó, y le pidió al Gobierno designar una misión civil y humanitaria de verificación de los hechos.

Archivo El Espectador

La Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia (Oidhaco) expresó su preocupación por la presencia y los enfrentamientos entre actores armados que se vienen dando en las cuencas de los ríos  Jiguamiandó y Curbaradó, en la región de Urabá, amenazando y atentando contra las comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas que allí habitan.  

Según reveló la red de organizaciones no gubernamentales, en las últimas dos semanas se han registrado múltiples entradas de grupos de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN en las zonas humanitarias y de biodiversidad de esas cuencas, inclusive en presencia de una de las entidades miembro de Oidhaco, amenazando y sitiando a las comunidades ya víctimas de muchos casos de violencias y crímenes de lesa humanidad registrados a lo largo de los años.

“A pesar de numerosas denuncias ante las autoridades colombianas por parte de las comunidades rurales y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) que las acompaña, la población civil se encuentra en medio de enfrentamientos entre actores armados, legales e ilegales, que evidencian la expansión del control territorial de las AGC y del ELN en los territorios colectivos del Bajo Atrato (Urabá), sin que hasta la fecha haya habido una respuesta adecuada por parte del Estado colombiano en materia de prevención y protección”, expresó en un comunicado Oidhaco.

Además, denunció que estos hechos se vienen presentando en medio de un proceso de restitución de tierras “estancado”, lo que en su concepto incrementa la ausencia de garantías para las comunidades en las cuencas. “Cabe recordar que en diciembre de 2017 fueron asesinados dos líderes de restitución de tierras de la región, reconocidos históricamente, Mario Castaño y Hernán Bedoya, ambos amenazados por sus denuncias frente a intereses económicos en sus territorios y por su resistencia ante el desplazamiento forzado. Aún no se conocen los resultados de la investigación ni las autorías intelectuales de esos asesinatos”.

Oidhaco resaltó además que las comunidades de las cuencas de Jiguamiandó y Curbaradó son receptoras de excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, y aportan paralelamente con información y testimonios ante los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No-Repetición, por lo cual enfrentan mayores riesgos en cuanto a su seguridad.

Y recordó que a comienzo de febrero se denunció un plan de atentado en contra de la CIJP, que acompaña a las comunidades en sus reivindicaciones de defensa de los derechos humanos y restitución de tierras. “Tanto la CIJP como varias de las comunidades directamente afectadas por dichos acontecimientos, son beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ampliadas en febrero de 2018”, enfatizó.

En el comunicado, se le pide a la Unión Europea y a sus estados miembros, Suiza y Noruega, a que insten de manera urgente al Gobierno colombiano para que convoque “de inmediato” una misión civil y humanitaria de verificación de los hechos, compuesta por integrantes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y de la Consejería Presidencial, así como del cuerpo diplomático y de otros organismos internacionales pertinentes.

Igualmente, se pide avanzar en el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la región, incluyendo asesinatos y amenazas a reclamantes de tierras, así como casos de despojo de tierras, asegurando que contribuya al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. “Eso abarca el desarrollo de investigaciones por parte de la Unidad Especial de Investigación para el Desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo sobre la responsabilidad de las estructuras criminales con intereses políticos y económicos en la región, en particular en el caso de los asesinatos de Mario Castaño y Hernán Bedoya”, dice el comunicado. 

Y por último, se solicita investigar de forma independiente y con la mayor celeridad posible las denuncias con respecto al plan de atentado en contra de integrantes de la CIJP (en particular a lo referente a su representante legal, Danilo Rueda, y a los y las integrantes del equipo del Bajo Atrato) y de los líderes de la región.

La Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia (Oidhaco) es una red de organizaciones europeas e internacionales dedicada a la incidencia política ante las instituciones de la Unión Europea, sus estados miembros Suiza, Noruega y las Naciones Unidas, para promover el Estado de Derecho, la democracia, el respeto integral de los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible en Colombia.

 

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Redacción Politíca

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Alarma por alto riesgo de asesinatos y desplazamiento en el Bajo Atrato

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