“Es más importante la honestidad que el gobierno corporativo”: Daniel Quintero

Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Foto: LABP

En menos de seis meses, Empresas Públicas de Medellín ha trascendido en el debate político de la ciudad y el alcalde Daniel Quintero ha sido el principal foco de las críticas y, también, de los aplausos por parte de quienes lo respaldan. El último episodio, la salida de Álvaro Rendón de la gerencia de EPM, generó mucho ruido en los medios de comunicación por las fuertes declaraciones que da quien en su momento fue su principal escudero en emprender la demanda por $9.9 billones contra los contratistas de Hidroituango. El Espectador habló con Quintero, quien recapituló lo sucedido alrededor de la empresa, la declaración de insubsistencia a Rendón, respondió los señalamiento del exgerente y habló sobre otros temas, como el control político que demanda el Concejo al exigir sesiones extras y la reciente investigación de Vorágine sobre los contratistas Hurtado Pérez, hermanos del secretario de Hacienda, Óscar Hurtado.

EPM pasó de ser un tema en el que se hablaba de gobierno corporativo a una pelea política, en la que se están acusando bandos del uribismo y sector empresarial de Medellín contra su alcaldía de querer quedarse con el botín burocrático de la empresa. ¿Cómo se llegó a esto?

Detrás de EPM siempre ha habido intereses políticos y económicos muy fuertes. En principio, existe el interés de un sector de la política en Antioquia que perdió en las elecciones abiertas y democráticas, y que quiere recuperar con intervenciones y con expropiaciones por las malas el poder que tenían en la empresa. Y hay unos intereses económicos que dominaban y gobernaban a EPM y que han intentado que los contratistas responsables de los daños en Hidroituango no paguen. En eso se ha encontrado una talanquera, y es que como alcalde no he dejado que ni los unos ni los otros entren y no he dejado que ellos gobiernen la empresa como lo venían haciendo.

¿Quiénes son ellos?

Ahí están, sin ninguna duda, algunos sectores empresariales, como el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Aquí hay muchos empresarios y la mayoría están con nosotros, pero el GEA son cuatro o cinco, y no son estas empresas sino quienes las dominan los que han hecho un modelo cruzado de mal gobierno corporativo, que les ha impedido a los accionistas nombrar a sus miembros de juntas. Y más o menos, bajo ese mismo modelo, tenían controlada a EPM y cuando tocaba demandar un contratista muy cercano a ellos por algún daño, no lo hacían porque lo consideraban un “socio estratégico” de la empresa. Con ese argumento, cientos de miles de millones de dólares se perdieron para EPM. Hoy esos recursos están siendo buscados por la Contraloría y por nosotros, a través de demandas. Ese cambio de actuar que estuvo por décadas, cambió a nuestra llegada. Si alguien hizo un daño, debe responder por él.

Dicen que esto es una réplica de lo que sucedió entre 2001 y 2003 con Luis Pérez en su alcaldía y su enfrentamiento directo con el GEA. Ahora lo señalan a él y a César Gaviria de querer EPM como botín político, ¿es verdad?

Me elegí como independiente y he gobernado sin partidos y sin jefes políticos. Las decisiones que se toman se hacen escuchándolos a todos, pero con una consigna: garantías para todos, ventajas para nadie. Nosotros hemos recibido muchas presiones. Nos han llegado muchos mensajes que nos invitan a no meternos en esa pelea, pero no hacerlo sería incoherente. Cómo vamos a renunciar a $9,9 billones. Si nosotros no recuperamos esa plata, Hidroituango tendría VPN negativo, es decir, podría generar ingresos toda su vida y aún así no llegaría a la utilidad suficiente para pagar la inversión que hemos hecho. La ciudad necesita alcaldes que tengan el carácter para defender la dignidad de la empresa. Y a este actuar le han aparecido toda serie de ataques políticos y desde varios sectores económicos, que tratan de tergiversar o de atacar los propósitos o las intenciones. Pero la mayoría de la ciudad sabe para qué estamos trabajando y nuestro propósito y vamos a seguir adelante.

A usted lo están señalando de no seguir lo más importante de EPM que es el gobierno corporativo y lo están acusando de querer nombrar gente que no contradiga sus pretensiones, como lo sostiene el exgerente Álvaro Rendón...

Lo más importante no es el gobierno corporativo, lo más importante es EPM, que no se roben la plata, que se defiendan los intereses de la empresa. El gobierno corporativo no puede ser, de ninguna manera, una excusa para que el alcalde pierda como presidente de la junta directiva, precisamente en el marco de ese gobierno corporativo, su potestad y su capacidad de hacer seguimiento a procesos y a la forma como se está llevando la empresa. ¿Qué hace el alcalde? Va a las juntas directivas, lleva inquietudes, otros miembros de junta hacen lo mismo, ahí se toman decisiones y estas deben ser cumplidas por la administración de la empresa.

¿Entonces cómo está manejando el gobierno corporativo si, según usted, no es lo más importante?

Para que no me saquen de contexto acerca de que el gobierno corporativo no es lo más importante, a lo que me refería era a que es más importante la honestidad, la transparencia y que se defiendan los intereses de la empresa. Y eso va junto con el gobierno corporativo, no es que lo esté desconociendo. Este es importante, pero es más importante que se haga todo con honestidad, con transparencia. La junta anterior no fue honesta, dijo que el objeto social no había pasado por el gobierno corporativo. Entonces es más importante la honestidad que el gobierno corporativo en sí mismo, porque la junta anterior, que era parte del gobierno corporativo, fue deshonesta al mentir con relación al objeto social.

Igualmente, esa discusión del gobierno corporativo también pasa por el sindicato de profesionales que ha pedido cuidar la estructura tecnocrática de la empresa…

EPM tiene varios sindicatos, unos a favor, otros en contra. Asimismo, la empresa tiene bastantes particularidades: 230 ejecutores del gasto, filiales desde México hasta Chile, muchos sindicatos, una línea de vicepresidentes que no es nombrable, sino que es de carrera. Hoy hay ánimo entre los empleados y las directivas, y estamos sacando adelante proyectos que estaban muy enredados, estamos recuperando la senda ebitda de la empresa. Estamos defendiendo la dignidad de EPM. Ya los contratistas no pueden someter a la organización, por más poder político y económico que tengan. Hemos parado en la junta directiva malos negocios y nos hemos parado duro en pleitos que nos han querido hacer en Colombia y en el extranjero. Antes las cosas se resolvían con plata, ahora se hace con trabajo.

Con la polémica alrededor de EPM, con la renuncia de la junta al no ser consultada sobre la demanda por Hidroituango y el cambio del objeto social, ¿de quién fue la idea de demandar y proponer el cambio del objeto social?

El objeto social no solo se discutió con la junta directiva, sino que es necesario modernizarlo, porque hoy EPM es la última empresa de servicios públicos que no ha hecho esa actualización. Entonces es importante hacer un pare y reconocer que, quienes renunciaron, utilizaron una mentira para poder ejercer presión sobre la Alcaldía y sobre lo que realmente les importaba, y era la demanda a los constructores. Esa demanda a los constructores se construyó en el interior de la empresa a través de la Vicepresidencia Jurídica y antes de que se vencieran los términos fue presentada. El tiempo ha venido dando la razón de que ese era el camino correcto. Hoy nadie tiene duda de que había que demandar.

¿Esa demanda viene desde antes de su alcaldía o fue en su administración?

En la Alcaldía anterior había iniciado una, pero solo involucraba a los diseñadores, la empresa que menos recursos tiene para responder. Luego el estudio de la nueva Vicepresidencia Jurídica logró determinar que la responsabilidad debía recoger a más actores. Hoy nadie cuestiona que eso es lo que había que hacer, pero lo que sí cuestionan es por qué esa junta renunció de la forma que lo hizo, y es porque no era su potestad decidir si se presentaba proceso de conciliación o no. Eso era una obligación de la empresa ante la ley, que es el primer gobierno corporativo. Y la demanda la presentó el gerente, no yo. ¿Por qué le renuncian al alcalde, teniendo en cuenta que fue una decisión administrativa? Luego se evidenció que hubo esfuerzos por tratar de desestabilizar la empresa. Llamadas a las calificadores para que le bajaran la calificación a la empresa.

¿Quién llamó?

Hubo llamadas, pero me quedo hasta ahí, porque esto tiene consecuencias desde el punto de vista de pánico económico. Y nos tocó hacer una carrera contra el tiempo para llegar primero a las otras calificadoras antes de que otros actuaran. Obviamente, quienes hacen las llamadas tienen capacidad de influencia. A Moody's y Fix pudimos demostrarles las inconsistencias en el comunicado que, en su momento, emitió la junta directiva anterior, es decir, presentamos pruebas de que el objeto social sí había pasado por junta, lo cual había sido un argumento muy usado por los exmiembros. Se llegó a decir que los bancos nos habían cerrado los cupos de financiación, y era mentiras. Hubo una campaña para tratar de crear una sensación de incertidumbre muy grande por la renuncia de unos miembros de junta, que si uno se pone a pensar, fue lo único que pasó.

¿La demanda es su caballito de batalla alrededor de quienes lo quieren revocar?

Es la estrategia de quienes se nos oponen por la demanda.

¿Y qué responde ante los señalamientos acerca de que nombró una junta complaciente a lo que usted quiere?

Dígame quién arrodilla a Pablo Felipe Robledo o quién arrodilla a Bernardita Pérez o Jorge Andrés Carrillo. Nadie. Al único que conocí antes de nombrarlo era a Robledo. Nombramos una junta independiente de una alta capacidad técnica, con un carácter bárbaro, que no se amilana fácil, muy independiente, no sólo del alcalde, sino de los intereses políticos de la región. Decir que es una junta arrodillada sería injusto con las calidades de los miembros de junta.

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¿Qué sucedió con la conciliación, que fracasa porque nadie quería atribuirse toda la responsabilidad y Mapfre no daba una cifra de cuánto iba a ser la cobertura del riesgo? ¿Por qué decide usted, como dice el exgerente Rendón, no dar un comunicado conjunto en el que dé tranquilidad sobre lo que está pasando en EPM?

Porque se estaba planteando lanzar un comunicado en el que se decía que se suspendía la demanda, lo cual no había sido consultado con la junta directiva y lo cual no enviaba el mensaje correcto de que íbamos a seguir defendiendo los intereses de la empresa. Entretanto, el consorcio avanzaba en un entramado societario que buscaba cambiar a Camargo Correa con 55 % del consorcio por una de sus filiales, ni siquiera en Colombia, sino en el exterior, lo que cambiaba de alguna forma las reglas con relación a la demanda, ya fuera en el contencioso administrativo o en tribunales de arbitramento. Esto no solo hubiese dificultado el cobrar la plata, en caso de que ganemos la demanda, sino que además sacaba el pleito de Colombia y lo llevaba afuera. No estamos dando esta disputa legal contra angelitos. Son empresas con mucha experiencia en el tema de litigios nacionales e internacionales y hay que tener la altura para poder enfrentar esos retos que implican estas demandas.

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¿Por qué hasta hace unos días Álvaro Rendón dejó de ser la persona idónea para la gerencia, cuando él fue su escudero en la crisis del año pasado?

Nombré a alguien que tuviese dos características, que no fuera del todo mío, es decir, que fuera un punto intermedio entre todos los que me resistieron en campaña y los que estábamos llegando a poner las cosas en orden. Hizo una buena gestión, en la que se lograron avances importantes: compramos Afinia, prepagamos parte de la deuda, transferencias para la ciudad de $1,5 billones y así en varios puntos hubo avances importantes. Como él lo dijo en varios medios de comunicación, había presentado la renuncia más de una ocasión por diferencias en formas de gobierno. Por ejemplo, EPM contrató a Jaime Granados, abogado de Uribe, para un pleito con la JEP. Le dije que a mí eso no me gustaba y entonces él presentó la renuncia, porque eso para él es una intromisión en el gobierno corporativo. Y puede que sí, pero uno le pide criterio a quien está en ese cargo. En su momento no le acepté la renuncia. Y fueron seis veces más. La última ya se dio en un contexto más complejo, en el que él y su equipo habían permitido que se hiciera el cambiazo de contratista y ya habíamos tenido una diferencia con relación a la suspensión o no de la demanda al contratista. Esa última renuncia se la aceptamos, pero nunca presentó la carta, sino que la hizo pública al país, no al alcalde ni a la junta. Y esa no es la manera adecuada. Siendo así, se reunió la junta directiva de forma independiente y llamó a la gerencia de gobierno corporativo y le pidió que nos asistiera en esa solicitud del gerente de si debía o no continuar. Se estimó la evaluación de los vicepresidentes, luego de eso se recomendó un cambio en la gerencia. Él, a pesar de que la junta le hizo la recomendación de presentar una renuncia voluntaria, no quiso, no llegó la comunicación y finalmente fue necesario declararlo insubsistente. Hay que agradecerle sus buenas gestiones en temas muy importantes para la empresa, pero también reconocer que en un momento en el que la Junta le pidió dar un paso al costado, no lo quiso hacer.

¿Quién va a ser el nuevo o nueva gerente de EPM?

Eso es un proceso, lo vamos a hacer siguiendo a través del gobierno corporativo, con criterios y objetivos, y estamos en ese camino. Por ahora estamos tranquilos con Mónica Ruiz. Ella es una mujer con el ADN claro y clave de la empresa. Es una ingeniera y creo que es el momento para un ingeniero.

La salida del gerente, y lo que habló en medios, generó mucha preocupación en la ciudadanía y en los concejales que han pedido ser llamados a sesiones extras, no solo para discutir sobre EPM, sino también sobre lo que está pasando en Buen Comienzo. Misma situación pasó con la polémica del año pasado. ¿Por qué no llama a sesiones extras para que se haga el debido control político?

Los concejos tienen un número de sesiones extras máximo por año. Si el año pasado hubiéramos sacado sesiones extras para discutir el tema de la renuncia de la junta anterior no hubiéramos podido aprobar el metro de la 80. Este año tenemos proyectos muy importantes para sacar en la ciudad que van a necesitar no solo de las extras, sino de prórroga de extras adicionales. Es decir, necesitamos al Concejo porque tenemos modificación de POT, vamos a estar discutiendo el futuro del aeropuerto Olaya Herrera y de todos los temas de conectividad aérea del departamento, entre otros asuntos que van a ser relevantes. Hoy las calificadoras, los actores principales, la Superservicios, están tranquilas. Se ha tratado de meterle una bomba política a esto, pero funcionarios salen todos los días de las empresas, lo que no se puede convertir esto es en una excusa y en la oportunidad para quienes fueron derrotados en un proceso transparente en las urnas traten de recuperar a las malas, a través de intervenciones y expropiaciones, el control de EPM.

Sin embargo, el espacio idóneo para hacer el control es el Concejo y lo que estamos viendo es que se está haciendo es en redes sociales y eso no es sano para la democracia de la ciudad...

Ellos se pueden reunir, lo que no puedo es gastar sesiones de Concejo para eso.

La Vorágine publicó una investigación en la que señala que los hermanos del secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, están teniendo contratos con la Alcaldía por alrededor de $45 mil millones, ¿qué opinión le merece?

Con todo respeto, soy muy cuidadoso cuando me voy a referir a un periodista, pero, de forma particular, el que escribe la nota fue candidato al Concejo, sacó 4.400 votos y fue vencido por mi hermano. Él era el candidato de Fajardo.

La investigación ni siquiera está firmada...

Nosotros sabemos quién hizo las llamadas, por eso sí tengo la seguridad. En respuesta a la pregunta, me toca responder unas cosas que de pronto sirven o no. Uno, Metroparques es una empresa industrial y comercial del Estado, es decir, tiene autonomía administrativa y financiera. Luego, cuando hace un contrato con un actor privado, por ser pública, le exige pólizas y ese privado tiene que contratar unos seguros. Ellos pueden escoger las aseguradoras que hay en el país. Un contrato, por ejemplo, de $45 mil millones, la póliza vale $10 millones. Hay que mirar el juego y la intención. No le entregamos $45.000 millones a ningún contratista.

Más allá de los montos del contrato, está la duda por temas de transparencia, por qué a dos hermanos del secretario de Hacienda se les están entregando contratos...

Para allá iba, no es lo mismo $45 mil millones que $10 millones. Primero, vamos en monto, $10 millones, no $45 mil millones. Segundo, varias de las cosas que menciona el informe, que más parece una novela, lo hacen contratistas privados cuando compran su póliza. La Alcaldía y Metroparques no le pueden decir a un contratista privado a qué corredores escogen. Eso sería ilegal. Es decir, ellos pueden escoger al corredor que quieran. Es un privado. No me estoy refiriendo a Metroparques, es un privado. Por ejemplo, no puedo decir que no contrate la póliza con Suramericana porque es del GEA. Es un negocio entre privados y Metroparques llevaba una relación con los hermanos de Óscar Hurtado por 10 años. Cuando nombramos a Óscar y cuando se evidenció esto, a pesar de que no era ilegal, le pedimos a Metroparques que cortara esa relación, que iba hasta noviembre. En noviembre ya no se renovó. Vale aclarar que Metroparques no es el que le paga al corredor, sino la aseguradora.

Y tampoco es que el corredor se gane $10 millones. Los $10 millones se le paga a Suramericana. De eso, seguramente la empresa le paga algo al corredor y ese corredor se ganará el 1%. A pesar de eso, yo dije que no, que no se veía bien, por más de que Metroparques fuera independiente y una empresa industrial y comercial del Estado. Ahí hay mucho ruido y poco fondo. Muchas ganas de hacer daño, pero poco fondo.

La investigación de La Vorágine también señala que su secretaria privada, María Camila Villamizar, es cuota de César Gaviria, con quien usted se reunió la semana pasada. ¿Cuál es la intención de reunirse con el expresidente Gaviria en un año netamente preelectoral y a la par que se dice que su hermano busca llegar al Senado?

Tendría que hablar de muchas reuniones, porque un alcalde se reúne con muchas personas. Tener la fortuna de reunirse con expresidentes, con exalcaldes, con exgobernadores, con el presidente, con quien lo hago de forma frecuente, y con muchos otros actores. Es clave para estar enterado, poder tomar decisiones y tener en cuenta muchas visiones. Así como me encuentro con gremios y en la calle con muchos ciudadanos. Hay mucho cuento, rumor, chisme y poco fondo.

¿Quién lo respalda a usted, a nivel político, en su gobierno? Se habla de los Suárez Mira, Luis Pérez, Gaviria…

La mayoría de los ciudadanos de Medellín y la mayoría de las empresas. 305.000 votos que nos apoyaron y más que se han ido sumando, y hoy estamos entre el 55 y el 75 % de favorabilidad, dependiendo de quién haga la encuesta.

Pero representativamente, en términos de toma de decisiones...

Nosotros tenemos un equipo de gobierno muy joven. Hay unos días en que la crítica es que tenemos un equipo muy joven. En la mayoría, sino casi todos, este es su primer cargo público. Ahora uno diría, entonces lo están haciendo mal por eso. No, todo lo contrario, 9% de ahorro en gastos de funcionamiento, 93% de ejecución de la inversión en el primer año de Gobierno y en un año de pandemia, lo cual es un muy buen resultado, metro de la 80.

¿Es decir, usted sostiene que está solo políticamente en esta batalla?

Independiente, como siempre, sin partidos, ni jefes políticos.

¿Va a llevar la pelea con los empresarios hasta el final de su mandato para quitar la hegemonía de gobernanza compartida?

Voy a luchar por EPM y por lo público hasta el final. Y sé que en algún momento los cuatro o cinco empresarios que se nos oponen van a reflexionar y van a entender que si al alcalde le va bien, le va bien a Medellín.