Alerta en Antioquia

Defensoría del Pueblo advierte que el ejercicio electoral ciudadano podría sufrir alteraciones por incidencia de actores armados ilegales.

Si hay un departamento en el que los organismos de vigilancia electoral tienen puesta toda la atención, es Antioquia. Según el Informe de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, allí el proceso hacia los comicios de octubre se desarrolla en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos y desconocimiento del principio de distinción que protege a la población civil, dada la agudización de la confrontación armada, la coordinación de acciones entre grupos ilegales a partir de alianzas temporales para el control de los recursos del territorio, la violencia contra las mujeres como mecanismo de guerra y la amenaza y muerte de defensores de derechos humanos, especialmente los que se encuentran en procesos de restitución tierras.

En Antioquia son 20 los municipios —entre ellos Medellín— que se encuentran en alto riesgo de cara a los comicios del próximo 30 de octubre y el conflicto armado ha incidido en la correlación de las fuerzas políticas. “En consecuencia, el ejercicio ciudadano de participar y elegir podría sufrir alteraciones por factores relacionados con la presencia de actores armados ilegales, la impunidad de los asesinatos políticos, las desapariciones y los atentados contra líderes sociales y dirigentes políticos, el secuestro, el boleteo y la extorsión, el clientelismo, la corrupción y la debilidad de los partidos políticos”, advierte la Defensoría.

El escenario muestra hoy que el Polo Democrático y los partidos de la U, Liberal, Conservador y Verde han tenido que desarrollar su tarea proselitista en algunas zonas con presencia de la guerrilla o de grupos armados ilegales posdesmovilización de las autodefensas —derivados especialmente de la antigua ‘Oficina de Envigado’— que en algunas zonas tienen acuerdos con ‘Los Rastrojos’ con el fin de contener a los autodenominados ‘Urabeños’, antes conocidos como ‘Águilas Negras’ y ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

De otra parte, el informe de la Defensoría advierte también que el incremento de acciones armadas por parte de los frentes 5, 34 y 57 de las Farc, durante el presente año, “permite presumir la comisión de delitos relacionados con el constreñimiento al sufragante y actos de sabotaje en las elecciones de octubre, en los municipios de Apartadó, Chigorodó y Urrao, mientras que la disputa armada entre los grupos armados ilegales posdesmovilización de las autodefensas en el eje bananero permite inferir mayores acciones de constreñimiento al votante en Apartadó, Chigorodó y Turbo.

Asimismo, en los escenarios urbanos del Valle de Aburrá —tales como Medellín, Bello, Envigado, Itagüí y Caldas— la complejidad del fenómeno del rearme incluye la conformación de estructuras armadas en red, encargadas de diversas actividades delictivas. El estudio señala que el narcotráfico, el lavado de activos, la oferta de servicios de seguridad ilegal y la extorsión a sectores del comercio y el transporte han definido la demarcación de fronteras en el ejercicio del control sobre la población y el territorio.

La Gobernación de Antioquia ha buscado pactar un compromiso con los candidatos para velar por su seguridad, a través del anuncio oportuno a las autoridades acerca de sus movimientos, sobre todo en zonas rurales, y la actualización que se adelanta del reporte de los aspirantes amenazados, la naturaleza de las amenazas y de las zonas críticas.