Alianza Interpartidista dice que estrategia prohibicionista no soluciona el microtráfico

Los congresistas suscritos a la coalición por la reforma a la política de drogas, entre ellos Pablo Catatumbo (FARC), Alexander López (Polo Democrático) y Armando Benedetti (la U), consideraron la regulación como el mecanismo más “efectivo” para combatir el consumo y venta de estas sustancias.

Contrario a la postura del presidente Iván Duque, la Alianza Interpartidista para la reforma a la política de drogas calificó la estrategia prohibicionista como un camino equívoco. Dicha coalición está a favor de la regulación y la educación para combatir el consumo y respetar las libertades individuales. Archivo

Este lunes un grupo de congresistas comunicaron su postura frente al fallo de la Corte Constitucional, que determinó que sí se puede consumir drogas y alcohol en el espacio público. La denominada Alianza Interpartidista por la reforma a la política de drogas está compuesta por los legisladores Gustavo Bolívar, Aída Avella y David Racero (Decentes), Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), Antonio Sanguino (Partido Verde), Wilson Arias y Alexander López (Polo Democrático), Temístocles Ortega (Cambio Radical), Andrés García Zuccardi y Armando Benedetti (la U), Feliciano Valencia (MAIS), y Pablo Catatumbo y Julián Gallo (FARC).

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En un comunicado, los congresistas expresaron que si bien no están de acuerdo con el consumo de sustancias psicoactivas en espacios donde concurren niños, niñas y adolescentes, consideran que los artículos 33 y 140 del Código de Policía -derogados por la Corte y que decían que el consumo de drogas y alcohol en la calle afectaban “la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre personas, siendo contrarios al cuidado e integridad del espacio público”- y el decreto que permitía incautar la dosis mínima “no dan solución al problema de consumo y venta en estos espacios”.

“Este tipo de normatividad recicla una estrategia fracasada en Colombia y en el mundo. La evidencia ha demostrado que el paradigma prohibicionista, basado en estrategias punitivas y reactivas no ha logrado disminuir la oferta y el consumo de drogas ilícitas. Por el contrario, tiene efectos adversos como el enriquecimiento de las mafias el aumento de la violencia y la fragmentación de las organizaciones del narcotráfico”, manifestaron conjuntamente. Citaron, además, al Departamento Nacional de Planeación, organismo que en 2018 dijo que, en efecto, las estrategias enfocadas en el prohibicionismo causan la aparición del narcomenudeo y los jíbaros en las ciudades.

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Por tales motivos, la Alianza Interpartidista consideró que la regulación es “el mecanismo más efectivo para combatir el consumo problemático de drogas” y la consolidación del narcotráfico. “Por supuesto, una estrategia acompañada de inversión en prevención, educación y desarrollo”, añadió.

Apoyada en la decisión de la alta corte, esta coalición creada para analizar el fenómeno de las drogas aseguró que los espacios públicos para la recreación de menores solo estarán libres de las dinámicas del narco y microtráfico con un modelo particular que respete las libertades individuales, el desarrollo a la personalidad, pero que no vulnere el derecho de los niños.

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En ese sentido, propone “un modelo que defina lugares específicos reglamentados para el suministro y uso adulto de estas sustancias, como sucede hoy en Estados Unidos, de modo que se respeten las libertades individuales y no se afecte el desarrollo de los menores y otros ciudadanos. Además, esto perjudicaría considerablemente el negocio de las mafias”, puntualizó la Alianza.

Las posturas políticas frente al fallo de la Corte Constitucional son diversas, lo que demuestra que este debate sigue abierto. Días atrás el presidente Iván Duque y el expresidente y senador Álvaro Uribe ya habían manifestado posturas contrarias a la expuesta hoy por la Alianza Interpartidista. Duque expresó que pese a la decisión constitucional seguirá aplicando el decreto que permite incautar la dosis mínima porque, en todo caso, vulneran los derechos de los menores y estos están por encima de los derechos del resto de ciudadanos. Por su lado, Uribe reiteró que el fallo del alto tribunal responde a la subjetividad de los magistrados. "Es un juicio de valor y no constitucional", dijo.