Nombrada por Alejandro Ordóñez

Amante de senador Bernabé Celis gana $25 millones

Gracias a la mesita de noche contra la cual se golpeó la funcionaria de la Procuraduría, que es amante de un senador, se descubrió que hay en esa entidad más de 400 empleados que ganan cada uno más de $300 millones al año.

El congresista santandereano Bernabé Celis, uno de los más poderosos del partido Cambio Radical, fue llevado el lunes a una estación de Policía por presuntamente agredir a su compañera. Luego quedó libre. / Senado de la República

La amante del senador Bernabé Celis, detenida con él esta semana por escándalo en su residencia, gana en la Procuraduría General de la Nación un sueldo mensual de $25’616.236. Magda Patricia Romero Otálvaro y Celis fueron llevados a una estación de policía de Bogotá por llamadas que hicieron los vecinos de la casa de Romero, en el norte de la ciudad.

Inicialmente se informó que Romero fue víctima de agresiones de parte del senador. Ella dijo posteriormente, en entrevista en Blu Radio: “Él no me agredió a mí físicamente, me resbalé, me golpeé contra un mueble de mi casa”. Agregó que hubo una “discusión acalorada en donde se levantó la voz por parte mía”. (Le puede interesar: Bernabé Celis quedó libre).

Magda Patricia Romero fue nombrada en la Procuraduría el 11 de junio de 2010 como procuradora judicial grado II.

“Me siento muy perjudicada porque salió mi nombre a relucir, mantuve una relación con él, pero no es una relación permanente”, expresó la procuradora en Blu Radio. “Es la vida privada de él y la vida privada mía”.

La procuradora está equivocada. El asunto no es privado, porque ella es amante de un personaje público, como lo reconoce al decir que “Bernabé no vive conmigo en el mismo techo”. (Le puede interesar: "No me agredió").

El sueldo de la procuradora se paga del presupuesto nacional. Los senadores votan en la elección del procurador general y pueden hacer debates de control político contra el procurador.

Por lo tanto, es pertinente que la opinión pública sepa que la amante de un senador les cuesta a los contribuyentes más de $300 millones al año. Esos ingresos son equivalentes a unos 100.000 dólares, más de la mitad de lo que devenga un senador en los Estados Unidos: US$174.000. Romero gana anualmente una cuarta parte del salario del presidente Trump: US$400.000.

El ingreso anual promedio por habitante no llega en Colombia a los $50 millones. La procuradora Romero recibe seis veces más que el ingreso per cápita, y casi el doble del ingreso promedio en los Estados Unidos.

Los amantes de ciudadanos particulares que no viven de la nómina oficial no son asunto de interés público. No es el caso de Romero, que en Blu Radio señaló que la nombró en el cargo Alejandro Ordóñez hace siete años, “porque era gran amigo de mi papá” y porque Ordóñez fue su profesor.

¿Por qué tienen que ser secretos los amantes oficiales de una funcionaria pública que reconoce que la nombraron por palancas familiares y personales? ¿Por qué serían secretas las amantes que los senadores tienen en la nómina oficial si el sueldo de ambos se paga de los impuestos?

En más de siete años en la Procuraduría, Romero ha recibido del erario más de $2.100 millones, calculados con base en un ingreso actual y equivalentes a más de US$700.000, sin contar prestaciones, primas y otras adehalas.

Además, hay otra razón para ventilar públicamente la identidad de la amante del senador y sus ingresos. La nombró Alejandro Ordóñez, que se ha presentado ante la opinión pública como abanderado de los valores de la familia. “Fortalecer la familia debe estar en el primer lugar de la agenda pública” ha sido su lema. Pero la realidad es que el santandereano Ordóñez nombró en la Procuraduría a la concubina santandereana de un senador santandereano. Ser concubina no es censurable, pero el exprocurador, que lanza acusaciones y excomuniones y persigue por oficio a muchos ciudadanos a quienes considera inmorales, se había cuidado de revelar que prohíja concubinas en los cargos públicos. La doble moral, la hipocresía, el engaño típico de los fanáticos como Ordóñez, pero en este caso agravado por el saqueo al presupuesto.

Cuando Ordóñez fue retirado del cargo de procurador por una violación de la ley, en el segundo semestre de 2016, había en la Procuraduría 412 funcionarios en el mismo cargo de Magda Patricia Romero. Ganaban en ese momento $23’501.000 al mes, es decir’ que cada año les costaban a los contribuyentes $116.000 millones o 39 millones de dólares.

De esos 412 procuradores judiciales grado II, Ordóñez nombró 262, el 63 %, durante los siete años en que fue procurador. En su gestión esos 262 cargos costaron $517.000 millones, más de 170 millones de dólares.

Son cargos totalmente inútiles, pues según la ley, los conceptos que rinden los funcionarios como Magda Patricia Romero ante los magistrados civiles, penales y laborales del país no son obligatorios y no es necesario tomarlos en cuenta en los expedientes. Son solamente un costoso mecanismo para hacer más lenta la justicia, pero ganan el mismo sueldo que los magistrados ante los cuales actúan. Nadie se atreve a proponer que esas corbatas sean eliminadas, porque sirven para nombrar recomendados del procurador y pagar favores políticos a los congresistas que eligen al procurador.

A cada momento se les pide a los ciudadanos que participen en la lucha contra la corrupción. Pero los que pueden plantear que se eliminen 412 cargos, el diez por ciento de la nómina de la Procuraduría, por ser innecesarios, nunca lo hacen. No hay un solo político o parlamentario que lo haya propuesto a través de un proyecto de ley. Tampoco lo han hechos los candidatos presidenciales, los presidentes, los ministros de Hacienda, los procuradores, las ONG o los grupos de transparencia.

Esos inútiles 412 procuradores judiciales grado II les han costado más de 1 billón de pesos a los colombianos en los últimos diez años, tomando como referencia el sueldo actual. Es decir, más de 400 millones de dólares que se derrocharon en burocracia inservible. Puede ser conveniente que en algunos procesos el procurador intervenga si las circunstancias lo ameritan. Para eso basta tener un puñado de procuradores judiciales con buen sueldo. Los demás sobran.

Magda Patricia Romero, de Bucaramanga, hija de un amigo de Alejandro Ordóñez y exalumna suya, sí logró algo muy importante al alzarle la voz al senador Celis: que se supiera que existen esos cargos privilegiados. Porque nunca en las noticias se había conocido una actuación importante de los procuradores judiciales grado II. Fiscales que toman decisiones en casos notables sí se sabe de muchos.

Volvamos a la mesita de noche que le provocó una lesión a Magda Patricia Romero al caer accidentalmente contra ella. Si esa es la verdad, ¿por qué para aclarar los hechos había que contratar a Jaime Lombana, uno de los abogados más costosos del país y especializado en litigar en los medios de comunicación?