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En un nuevo informe denominado “¿Por qué nos quieren matar?”, la organización Amnistía Internacional (AI) pone sobre la mesa, nuevamente, la delicada situación de riesgo que corren en Colombia los líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
Las conclusiones que expone la ONG son el resultado del trabajo y el seguimiento, durante 2019, a cuatro comunidades defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente en riesgo, que son el Proceso de Comunidades Negras (PCN), en Buenaventura (Valle del Cauca), el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), en Norte de Santander; el Asentamiento Ancestral Indígena Kubeo – Sikuani (Aseinpome) y la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA), en Putumayo.
En término generales, AI señala que “las fallas en la implementación del Acuerdo, sumadas a la discriminación estructural que muchas comunidades rurales, indígenas y Afrodescendientes enfrentan en Colombia; están poniendo en peligro a las personas defensoras de los derechos humanos”. “Defender los derechos humanos en Colombia es una profesión de alto riesgo”, dice la organización.
Dice el informe que las cifras de asesinatos y denuncias sobre amenazas u otros riesgos para los defensores de derechos humanos han ido en aumento y critican las cifras del Gobierno Nacional sobre el asesinato de líderes sociales, en contraste con las cifras de otras organizaciones, como la ONU. “A pesar de que el Presidente Duque ha dicho que durante su gobierno los asesinatos de líderes sociales han disminuido en un 25 %, las cifras de fuentes confiables revisadas por Amnistía Internacional indican lo contrario”, señala el documento.
Por otra parte, alertaron sobre la implementación del Acuerdo de Paz y el riesgo que significa que “solo un pequeño porcentaje” de su contenido se haya puesto en marcha: “Aunque la mayoría de las personas miembros de las FARC se ha desmovilizado en cumplimiento del Acuerdo, un creciente número de excombatientes está reincorporándose a grupos armados. Algunos exlíderes de las FARC han anunciado un posible regreso a las armas en respuesta a lo que denominaron ‘la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana’”.
En ese mismo sentido, manifiesta la organización que hay debilidad en los mecanismos que se han adoptado para desmantelar a los grupos armados ilegales y, entre líneas, le pide una mayor constancia a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad: “Se reunió solo dos veces en el 2019 y durante este año no se ha reunido, a pesar de que según el decreto que lo establece se debería de reunir una vez al mes”.
Para Amnistía Internacional, “en el país más letal del mundo para realizar este trabajo, la respuesta del Estado colombiano ha sido amplia en términos de producción normativa e institucional, pero no ha sido efectiva”. Advierten que, para la realización del informe, aún no se ha recibido información oficial sobre la efectividad de las medidas por el Estado para preservar la vida de los defensores y defensoras de derechos humanos.
“No existen programas transparentes de rendición de cuentas y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia tampoco cuentan con información oficial que permita analizar lo que funciona y lo que hay que ajustar. La trama normativa es tan extensa, compleja y superpuesta que la mayoría de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente entrevistadas no conocían muchos decretos y programas supuestamente destinados a protegerles, salvo la protección individual de la UNP”, agrega.
También se calificó como “alarmante” el incremento del número de personas defensoras asesinadas en el país y se manifiesta que la respuesta del Estado no ha sido adecuada y dilucidan las posibles razones de esas decisiones. “El Estado colombiano no ha respondido adecuadamente a los riesgos que enfrentan las personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente. Parte de la razón de esto es que el Estado todavía tiene una percepción reactiva, individual y meramente normativa de la protección”, señala.
De igual manera, se llama la atención para que las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo sean tenidas en cuenta por parte de las autoridades. “Existen mecanismos como las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, una herramienta fundamental en la prevención de violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos a personas defensoras, que no son implementadas de manera efectiva”.
El informe concluye con peticiones a varios estamentos del Estado. Por ejemplo, al presidente Iván Duque Márquez le pidieron que reconozca de manera pública la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, cumpla a cabalidad lo dispuesto en el Acuerdo de Paz en lo relativo a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y mantenga un diálogo constante con las organizaciones que se dedican a ese oficio.
Al Congreso se le solicitó la creación de “una comisión de verificación de garantías para personas defensoras, en los términos desarrollados, que exija rendición de cuentas sistemática y periódica al Poder Ejecutivo sobre los avances en materia de protección colectiva eficaz y que sea capaz de establecer consecuencias para quienes no cumplen con sus obligaciones de protección”.
Al Ministerio del Interior, el desarrollo de “una política integral, vinculante y concertada con la sociedad civil que contemple una perspectiva de género y étnica para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en la legislación, planes, programas y políticas que se creen en la materia, de tal modo que se tomen medidas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización y la discriminación”, la implementación de los decretos de protección colectiva y la atención de las alertas tempranas de la Defensoría.
Por otra parte, se le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la garantía de la protección individual y colectiva de esta población y, a la Fiscalía, adelantar las investigaciones sobre ataques y amenazas contra los defensores y defensoras de derechos humanos.