Anticorrupción, una lucha sin resultados

“La corrupción en Colombia, como en cualquier país del mundo, es inherente a la naturaleza humana”. Lo dijo Miguel Nule durante una diligencia judicial por el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

Una frase que según Luis Carvajal Celemín, autor del libro El poder de la corrupción en Colombia, refleja cómo ese dañino fenómeno se ha vuelto parte del engranaje social del país, donde con pocas excepciones, la política se ha convertido en una actividad comercial, se imponen los intereses desbocados de algunos empresarios e impera la cultura del dinero fácil.

De allí los resultados del Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2012, divulgado hoy por Transparencia International, en el que Colombia obtiene una calificación de 36 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 que se lo percibe como muy transparente), lo que la ubica en el puesto 94 entre 176 países evaluados. Cifras que dejan claro que a pesar de las reformas institucionales emprendidas para frenar la corrupción en el país durante los últimos años, su aplicación ha sido lenta y aun no logran mostrar resultados concretos.

Para Elizabeth Úngar, directora de Transparencia por Colombia, “la ausencia de sanciones efectivas y rápidas frente a casos de corrupción y la prevalencia de prácticas de abuso del poder en todas las ramas del Poder Público y en diferentes estamentos del Estado, se reflejan en la baja calificación que obtiene el país”. Entre los 32 países de América evaluados, Colombia se encuentra en el grupo con calificaciones deficientes, menor a la de 19 países y superior a la de 12.

“La corrupción en Colombia ha alcanzado un carácter estructural. Está asociada con el pago de sobornos en la contratación, compensaciones por favores para concretar un negocio o acceder a un servicio público, pero también que se manifiesta en la captura del Estado en sus diferentes niveles, el nepotismo, legislar en beneficio propio, entre otros. Superar la corrupción requiere de esfuerzos de todo el Estado”, enfatiza Úngar.

Otra de las principales conclusiones que saca Transparencia por Colombia es que además de requerirse la acción coordinada del Ejecutivo, el Legislativo, la Rama Judicial y los órganos de control para lograr resultados efectivos contra la corrupción, el sector privado  —como corresponsable en muchos casos— debe también asumir compromisos y emprender acciones para prevenirla.

Precisamente, entre las siete encuestas y evaluaciones que componen la calificación del IPC para Colombia, los puntajes más bajos corresponden a la opinión de ejecutivos de empresas. “Esta percepción del sector empresarial sobre la corrupción en el sector público evidencia que no se están tomando las medidas necesarias para prevenir la corrupción, lo cual debería ser una prioridad para sectores sensibles y considerados ‘locomotoras’ del desarrollo económico, como el minero. El crecimiento económico trae beneficios, pero también grandes riesgos en materia de corrupción”, puntualizó Úngar.