Aprobada en segundo debate reforma para juzgar los delitos sexuales contra menores

Le faltan seis debates más al acto legislativo del presidente Iván Duque para que la justicia ordinaria sea la que, en adelante, sancione dichos actos. Sin embargo, senadores como Roy Barreras, de la U, y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, dicen que redacción pone en peligro lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Pese a las polémicas, avanza reforma constitucional para que las personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad sean juzgados por la justicia ordinaria. Pixabay

Entrada la noche del 21 de mayo la plenaria del Senado aprobó en el segundo de ocho debates la reforma constitucional con la que el presidente Iván Duque busca que, de ahora en adelante, sea la justicia ordinaria la encargada de juzgar los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

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Pese a que el acto legislativo avanza, es una de las grandes discusiones entre los congresistas porque aún no hay un consenso sobre el alcance de las reformas planteadas por el Gobierno y presentadas en plenaria por el senador uribista Santiago Valencia. Él acotó que lo que haría la ley sería “evitar que en futuro el indicado del delito sexual contra menores alegue conexidad con el delito político o se le dé conexidad con el conflicto para dar trato penal diferenciado a las personas imputadas”.

Además, según explicó Valencia: “los derechos de los niños son preponderantes. Están por encima de los derechos del resto de ciudadanos y tienen una especial protección por parte del Estado. Lo que queremos es evitar que luego las personas que cometan este delito puedan obtener un tratamiento penal diferenciado al establecido en el código penal”.

Sin embargo, para senadores como Roy Barreras, de la U, y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, el meollo del asunto es la eliminación de un parágrafo (aprobado en el debate anterior) que se aseguraba que, de ser aprobada en su totalidad, la norma solo aplicaría en el futuro. Es decir, en próximos procesos de paz. De esa manera, no tocaría a las personas acogidas en la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) para no violar lo firmado en La Habana. Además, según los legisladores, la redacción actual del acto legislativo atenta contra la jurisdicción de menores y la del pueblo indígena.

Por un lado, para Barreras es positiva la mirada de los legisladores sobre el asunto, porque ya no importaría “que el delito haya sido cometido en la guerra, en un conflicto o en la violencia. Se le aplicaría la pena máxima que son 60 años a cualquier persona que cometa un delito sexual”. Sin embargo, para él la redacción está mal. “Pone en riesgo todo el régimen de juzgamiento de los jóvenes y adolescentes en Colombia, y de las personas con trastornos mentales” dijo.

Y dio un ejemplo: “Si hoy un jóven de 15 años abusa de una jóven de su misma edad, eso es algo reprochable. Pero se juzga en la jurisdicción propia de ellos. Con esta norma así como está escrita, al muchacho le meten 60 años de cárcel”. Es otras palabras, serían unas reformas que no considerarían este tipo de excepciones, a los llamados “inimputables”.  

Por otro lado, Luis Fernando Velasco manifestó que el problema de la redacción es que, luego de un debate de varias horas sobre un tema que ya está en manos de la Corte Constitucional, el Centro Democrático y los partidos afines “están buscando que esto se aplique, de alguna manera, a los exmiembros de la antigua guerrilla”.

Además de ello, a Velasco le molestó, según dijo, la confusión a partir de las premisas falsas. “Han dicho que los que hicieron la negociación habían aceptado que el delito de violencia sexual fuera un delito político y eso es una mentira gigantesca. Si tu le dices eso a la gente, que no tiene conocimiento en técnica legislativa y judicial, van a pensar que son unos bárbaros. Nos molestó que vinieramos a apoyar este acto legislativo y nos colocaran como si estuviéramos defendiendo a violadores”, dijo el senador.

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Velasco recordó que hay una serie de delitos de los que se estableció que no pueden ser ni políticos ni conexos. Esos son: “desplazamiento forzado, genocidio, violencia sexual, graves violaciones al derecho internacional, entre otros”.

Ante estos argumentos, el ponente Valencia advirtió que esas consideraciones no son ciertas. “No, porque hay unos principios universales del derecho que son la retroactividad y la favorabilidad penal. De manera que en materia del debido proceso no puede aplicar hacia atrás y no hay razón para hacer esa aseveración”, aseguró.

"No es cierto. Parte del bloque de constitucionalidad de los principios universales del derecho están los de retroactividad y favorabilidad penal, de manera que cualquier cosa que se haga se hace hacia adelante. Ellos alegan la temporalidad de la constitución, pero obligan la existencia del bloque de constitucionalidad y los compromisos de Colombia en materia de el debido proceso, favorabilidad y retroactividad. De manera que no puede aplicar hacia atrás y no tienen razón para hacer esa aseveración", manifestó.

Pese a la discusión y a la confusión, sí hay algo cierto: los tiempos están apretados para sacar adelante el acto y que quede aprobado totalmente antes del 20 de junio, día que finaliza este periodo legislativo. Y, ante las inconformidades, los senadores críticos de la reforma así como está planteada, dijeron que lo que les compete en los futuros debates es corregir los inconvenientes de escritura de sus colegas.

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