Aprueban reforma que obliga a verdad y reparación a 'exparas'

Los desmovilizados que no cumplan con estos requisitos pagarán condenas hasta de 40 años.

La Ley de Justicia y Paz fue implementada en 2005 para la desmovilización de las autodefensas.
La Ley de Justicia y Paz fue implementada en 2005 para la desmovilización de las autodefensas.

La plenaria del Senado de la República aprobó en último debate el proyecto de reforma a la ley de Justicia y Paz que establece nuevos parámetros para los procesos vigentes en contra de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La reforma establece que los desmovilizados tendrán que colaborar con la justicia, decir la verdad y reparar a las víctimas. De no ser así, los otrora integrantes de los grupos paramilitares tendrán que pagar condenas hasta de 40 años, según lo fije y falle la justicia ordinaria.

Dentro del articulado se establecen facultades a la Fiscalía General de la Nación para que priorice las investigaciones de acuerdo con los máximos líderes y los crímenes más atroces.

Además, se crean los denominados patrones de macrocriminalidad, para que se puedan investigar los delitos y conductas de los bloques para hacer imputaciones colectivas.

En el mismo sentido, ahora existirán unas causales específicas de exclusión del proceso de justicia y paz.

El senador Juan Fernando Cristo Bustos, ponente del proyecto, consideró que la ley fracasó, el Estado incumplió, los paramilitares se burlaron de la ley y las víctimas terminaron pagando los platos rotos.

“Se trata de dar la última oportunidad para que se pueda garantizar verdad, justicia y reparación”, indicó el legislador liberal.

Y continuó: “Este es un último esfuerzo del Estado. No soy en exceso optimista, pero es un marco jurídico adecuado. Dudo de la voluntad de estos señores de contar la verdad y reparar a sus víctimas, pero espero estar equivocado”.

¿De dónde surgió la reforma?

La Ley 975 de Justicia y Paz está en deuda con el país, en especial con las víctimas de los paramilitares, luego de que éstos asumieran el compromiso de dejar las armas, reparar a los afectados por el conflicto y restituir los bienes. Hoy, a más de seis años de sancionada la Ley, hay quienes la califican como un rotundo fracaso y la principal preocupación es que, de acuerdo con la norma, al cumplir ocho años de prisión —la pena alternativa—, los desmovilizados recuperarían la liberad.

Aunque la Fiscalía ha descartado la posibilidad de que se presente una salida masiva, para 2014, de acuerdo con los informes, 71 desmovilizados quedarían en libertad con la implementación de la sustitución de la medida de aseguramiento. Esta posibilidad prendió las alarmas y se planteó la necesidad de realizar una reforma a la Ley, con el fin de que quienes dejaron las armas cumplan con los preceptos de verdad, justicia y reparación.