:format(jpeg)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/KXMSI44S5ZH6NFI3DQDJANCVHE.JPG)
En los últimos meses, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha venido adelantando y, en muchos casos, archivando algunos procesos en contra de Gustavo Petro por su candidatura presidencial en 2018. Uno de estos casos fue por el manejo a comienzos de la segunda vuelta de un dinero en efectivo sin que este entrara a la cuenta única que demanda la ley.
El cuestionado monto sería de $70 millones y fue reportado por Petro y la gerente de su campaña en las cuentas entregadas al CNE. Fue esta entidad la que notó la presunta irregularidad y la que abrió el proceso en contra del entonces candidato y de la responsable de manejar los dineros. Este proceso comenzó en 2019 y hasta ahora tuvo resolución.
Para el tribunal electoral, el candidato habría incumplido con los artículos 15 de la ley 996 de 2005 y 25 de la Ley 1475 de 2011, puesto que no centralizó todos los recursos en una cuenta única, sino que por dos días, después de la primera vuelta, manejó dineros en efectivo y no a través de una entidad bancaria. Bajo este argumento fue que se abrió el proceso y se permitió la intervención tanto de Petro como la gerente de su campaña y la Procuraduría.
Según los descargos del candidato y Blanca Inés Durán, gerente de dicha campaña, se cumplieron con todas las exigencias hechas por la ley. Siempre se abrió una cuenta para el manejo de los dineros de la campaña, sino que, “por falta de claridad en la norma”, decidieron tener cuentas distintas para primera y segunda vuelta. Estos afirmaron que, mientras se abría la segunda cuenta, el proceso se demoró algunos días, por lo que tuvieron que manejar ciertos recursos en efectivo.
“En este caso los gastos iniciaron el 28 de mayo día en el cual aún no contaban con la cuenta bancaria que tardó dos días en abrirse y a la que se tuvo acceso hasta el día 30 de mayo, por tanto aduce que nadie esta obligado a lo imposible y por lo tanto no se pudieron manejar unos recursos muy pequeños en la cuenta”, fue la argumentació tanto de Petro como de la gerente de su campaña para decir que la campaña no paró entre primera y segunda vuelta y tuvieron que recurrir al uso de dinero en efectivo por dos días para garantizar que la campaña siguiera funcionando
Además, señalaron que el espíritu de la norma que pide centralizar los recursos en una sola cuenta apunta a transparencia en el manejo de los recursos de la campaña y conocer las fuentes de financiación. Y esta máxima nunca fue incumplida, puesto que “gracias a su transparencia en el informe de su campaña que la autoridad electoral se percató del manejo de unos recursos por fuera de la cuenta bancaria”, expresó los titulares de la campaña presidencial al tribunal electoral.
Bajo esta misma lógica aseguraron que “asumir que la campaña violó el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, es priorizar la forma sobre el fondo y no poner énfasis en lo que realmente busca la ley que es lograr transparencia y moralidad administrativa”. Además, argumentaron que había pruebas de que todos los dineros tenían una procedencia correcta y no ligada al narcotráfico.
Bajo otros argumentos, la Procuraduría también le dio la razón al líder de la Colombia Humana. Esto dado que, a pesar de que la ley establece que los dineros de las campañas presidenciales deben ser centralizados en una cuenta, “no establecieron una sanción por el incumplimiento de dicho deber, como sí lo hicieron respecto a otras conductas relativas a la campaña electoral”.
Para el CNE, fue claro que se manejó $70 millones por fuera de la cuenta única destinada para la campaña en segunda vuelta. Además, el tribunal electoral señaló que, aunque no era seguro el paso a segunda vuelta, “es un escenario probable, que debe ser contemplado en
la planificación que las diferentes campañas realicen, especialmente con el propósito de cumplir las diferentes obligaciones establecidas en la ley como lo es en este caso”. Por eso, aseguran que dicha cuenta ya debía estar lista para los días posteriores al final de la primera vuelta.
Además, el Consejo señaló que la procedencia de los dineros no tenía nada que ver con el proceso que se adelantaba, ya que eso “no lo exime de manejar esos recursos en dinero en la cuenta única bancaría, de aceptarse esa interpretación se estaría implementando una excepción que no fue establecida por el legislador de 2005 y de 2011”.
Por otro lado, el tribunal le respondió a la Procuraduría que sí cabía una sanción, así no estuviera contemplada en la ley. La razón de este argumento es que “compete al Consejo Nacional Electoral adelantar investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento de las normas contenidas en dicha ley y sancionar a los partidos, movimientos, candidatos o terceros con multas, según la gravedad de la falta cometida”.
Sin embargo, y a pesar de dichas razones, el CNE decidió archivar la investigación ya que encontró que la cuenta empezó a funcionar el 30 de mayo y no se tiene clara la fecha de solicitud de apertura de la cuenta. Solo se pudo determinar que el banco da un plazo de cinco días hábiles para abrirla, por lo que, frente a los dineros manejados en efectivo durante el 28 de mayo, “se presentó la causal de exoneración del hecho de un tercero”. Esto quiere decir que fue por los tiempos del banco que no se pudo usar la cuenta, por lo que no había otra forma de actuar.
Sin embargo, el tribunal advirtió “que hacia futuro deben actuar con la mayor diligencia posible, para que las cuentas bancarias para el manejo de los recursos de las campañas, estén activas y abiertas para el manejo de la totalidad de los recursos en efectivo antes de comenzar a ejecutar los hechos económicos de ingresos en efectivo”.
Por otro lado, el Consejo Electoral encontró que el viernes 15 de junio de 2018, dos días antes de la segunda vuelta, se recibió un crédito por $10 millones. Supuestamente ese día todavía podían ingresarse los recursos a la cuenta de segunda vuelta. Sin embargo, como no se tiene clara la hora en que se entregaron los recursos, hay una incógnita sobre si estos recursos pudieron o no consignarse a tiempo a la cuenta y “por lo tanto esta Corporación ha de aplicar la regla que ordena resolver las dudas razonables en favor del investigado”. Por estos recursos tampoco se pudieron encontrar elementos para sancionar al también exalcalde de Bogotá.