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Una de las primeras jugadas que hizo el presidente Iván Duque, recién electo en junio pasado, fue reunirse con los pesos pesados de la Rama Judicial. Como el encuentro fue convocado por el procurador, Fernando Carrillo, se dio en la sede del Ministerio Público. Allá llegaron las cabezas de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló; de la Corte Constitucional, Alejandro Linares; del Consejo de Estado, Germán Bula; del Consejo Superior de la Judicatura, Édgar Sanabria; el fiscal general, Néstor H. Martínez, y hasta la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, lo cual fue entendido como un gesto del entonces electo mandatario para darle legitimidad al nuevo sistema de justicia transicional.
El objetivo, como lo reiteró hace pocos días el jefe de Estado, era lograr un gran pacto por la justicia de cara a una reforma en el sector. Por eso, argumentó Duque, prefirió demorar el debate en aras de lograr un consenso amplio que le demostrara a Colombia que sí se puede construir una reforma que no provenga únicamente del Poder Ejecutivo. “Yo no creo que una discusión sobre la reforma a la justicia deba cimentarse tratando de aludir a una crisis moral sistémica (…) la justicia no puede caer en una generalización y la reforma no obedece a esos casos particulares porque, entonces, no estamos hablando de una reforma seria, sino de una reforma reactiva”, dijo Duque.
Ayer fue radicado en el Congreso el texto de esa nueva propuesta, pero sin una clara concertación con las altas cortes. Al menos eso es lo que se deduce de las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, quien reconoció que “consenso no hay, porque no todos los temas se han discutido; hemos tratado algunos; en unos hay puntos de encuentro, en otros no”, dijo. Agregó que no tenía conocimiento de que la reforma sería presentada este jueves. “Acudiremos al escenario natural que es el Congreso y allí expondremos las ideas de la Rama. Ese es el escenario que nos espera”, anticipó.
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Ahora, concertada o no, ya están claros los lineamientos que busca el Gobierno. Y entre los más polémicos está modificar la acción de tutela. Básicamente se plantea reglamentar en qué casos este recurso se puede ejercer contra sentencias judiciales, dado que, según explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry, la forma como se venía acudiendo a la misma desordenaba la jerarquía judicial. Además, la reforma establece que la tutela para proteger los derechos fundamentales debe interponerse ante los jueces de la especialidad que corresponda al asunto que se quiere proteger. El jurista explicó que allí podría abrirse un debate en el sentido de que los derechos fundamentales deberían ser de conocimiento de todos los jueces, sin importar si son penales, civiles, laborales o de familia.
Otro punto de la reforma amplía de uno a cuatro años el tiempo exigido como mínimo para que un funcionario que haya ejercido como magistrado, fiscal, procurador, defensor o contralor pueda ser nominado para otro de estos cargos. Y, así como lo planteó el proyecto presentado por Cambio Radical, también establece el precedente judicial como criterio para los jueces a la hora de emitir sentencias. Respecto de la experiencia para ser magistrado de las altas cortes, se busca exigir ya no 15 sino 20 años en cargos desempeñados en la Rama o en el Ministerio Público, y se elimina la cátedra universitaria como requisito concreto para llegar a la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. A cambio, se debe acreditar experiencia en un área afín a la magistratura a ejercer y cinco años, como mínimo, de experiencia como juez o magistrado.
Pero, el tatequieto definitivo a la Rama Judicial se pone de presente al permitir a las salas plenas de las altas cortes suspender a los magistrados que, con su conducta, afecten de manera grave la confianza en la corporación. Además, se les impide recomendar a personas para que sean contratadas en el Gobierno u órganos de control, bajo la advertencia de ser destituidos. Tampoco podrán nombrar o contratar a personas con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o quien tenga vínculos maritales con los magistrados de la respectiva corte. Y se prohíbe a las mismas emitir comunicados de prensa para dar a conocer sus decisiones judiciales, “para que no se presenten interpretaciones ocasionales, porque de pronto estos no han podido recoger todo el sentimiento orientador del pronunciamiento de los jueces”, explicó el presidente Duque.
La iniciativa del Gobierno también plantea la creación de los órganos que reemplazarían al Consejo Superior de la Judicatura: la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Dirección General de la Rama Judicial y la Comisión de Carrera Judicial. La primera estará conformada por los presidentes de las altas cortes, el fiscal general y un representante de los funcionarios de la Rama Judicial. La Dirección General contará con un consejo directivo que integrarán tres directores elegidos por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado para períodos individuales de cuatro años. Por último, la Comisión de Carrera Judicial la integrarán tres comisionados elegidos por las altas cortes para períodos individuales de ocho años.
Uno de los puntos polémicos es la eliminación de las facultades electorales, por lo que las elecciones del procurador, el registrador nacional y el auditor general quedarán en manos del Congreso de la República. El Legislativo deberá, en todos los casos, escoger a las cabezas de estas entidades de una lista de elegibles conformada a través de convocatoria pública. Competencia a la que, por lo visto, no están dispuestas a renunciar los actuales magistrados. “En eso sí quiero ser claro: la Corte Suprema no tiene por qué desprenderse de las facultades electorales. Este tema, por regla general, ha salido bien en el pasado y han sido excepcionales los momentos en lo que ha habido inconvenientes”, comentó Barceló. Otro asunto que anuncia una ardua discusión es la condición que trae la reforma sobre que la Corte Suprema elija al fiscal general dentro del mes siguiente del envío de la terna por parte del presidente. Si no lo hace en ese período, lo decidirá el Ejecutivo.
Por último, se plantea la adición de un inciso en el artículo 350 de la Constitución para aumentar el presupuesto de la Rama Judicial, “en una proporción mayor o igual al porcentaje que se defina cada cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo, salvo que por solicitud del Gobierno Nacional una mayoría calificada en ambas cámaras apruebe lo contrario, habiendo oído el concepto de la Comisión Interinstitucional de la Rama”. La reforma termina con un artículo transitorio que establece los puntos que tienen que ver con los órganos que reemplazarán al Consejo de la Judicatura hasta tanto el acto legislativo pase la revisión de la Corte Constitucional y sean elegidos los miembros de la Comisión Interinstitucional.
El debate apenas empieza y es evidente que no hay un consenso claro entre el gobierno Duque y la Rama Judicial, el cual debe ser fundamental para el avance de la iniciativa en el Legislativo. Los antecedentes muestran que reformar la justicia no es una tarea fácil y que, una vez iniciada la discusión en el Congreso, son muchos las modificaciones que se le introducen y que terminan desdibujando la intención de fondo. A las ministras del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Justicia, Gloria María Borrero, las espera una dura labor si se quiere cumplir con la promesa del presidente Duque de que las modificaciones sean acordadas con las altas cortes.