Arranca un nuevo capítulo de la Yidispolítica

Después de ocho años de haberse aprobado la reelección presidencial de Álvaro Uribe, este viernes llegan al banquillo de los acusados tres de sus escuderos.

Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y Alberto Velásquez. / El Espectador
Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y Alberto Velásquez. / El Espectador

Este viernes 7 de diciembre se empieza a escribir en la Corte Suprema de Justicia el primer capítulo sobre la participación de altos funcionarios del gobierno Uribe en el escándalo de la yidispolítica. Hoy, a las 8:30 a.m., están citados Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y Alberto Velásquez para enfrentar un juicio por haber, supuestamente, ofrecido cargos burocráticos como prebendas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, para que éstos favorecieran el trámite de la reelección presidencial en el Congreso.

En su escrito de acusación, la Fiscalía expuso que estos tres alfiles del uribismo habían jugado un papel fundamental a la hora de sobornar a los exrepresentantes a la Cámara. Según el organismo investigador, Pretelt y Palacio, entonces ministros del Interior y de Protección Social respectivamente, estuvieron fuertemente involucrados en el ofrecimiento de dádivas a Medina y Avendaño, y Velásquez, entonces secretario de Presidencia, habría estado involucrado en esta misma labor pero sólo con respecto a Yidis Medina. Todos están acusados por el delito de cohecho.

Este accidentado proceso llega a la Corte después de múltiples maniobras de sus defensores para evadir el juicio. La investigación se abrió en 2008 y el fiscal general de la época, Mario Iguarán, se declaró impedido: había sido viceministro de Pretelt. El caso pasó a manos de su vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago, quien los llamó a los tres a indagatoria. Ya para esa fecha Velásquez había salido del gobierno y había regresado al sector privado y Pretelt era embajador en Italia. Palacio era el único que continuaba vinculado a la administración Uribe.

En mayo de 2010, la Fiscalía anunció el llamado a juicio de los exfuncionarios. Pretelt renunció a la Embajada y se devolvió a Colombia y su abogado en el momento, Jaime Lombana, pidió que la decisión fuera anulada porque había sido proferida por el vicefiscal Fernando Pareja –quien reemplazó a Mendoza Diago– y no por el fiscal general, quien por Constitución debía acusar a aforados como este par de exministros. La Corte acogió el argumento y anuló, en julio de 2011 todo lo que la Fiscalía llevaba hasta esa fecha.

A finales de 2011 el Congreso aprobó una enmienda a la Carta Política: el fiscal general podía delegar sus procesos. Así las cosas, Viviane Morales le pasó este expediente a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, quien en marzo volvió a llamar a juicio a Pretelt, Palacio y Velásquez. De nuevo, vinieron las peticiones de nulidad, las recusaciones y las apelaciones. Los implicados alegaban que les habían cambiado las reglas de juego y que, de esa manera, se había violado su debido proceso. En la Fiscalía no prosperaron esos argumentos y el llamado a juicio se mantuvo.

En la Fiscalía temían que estas movidas lograran que el tiempo de investigar se agotara y que el caso tuviera que ser archivado. Pretelt, Palacio y Velásquez señalaban, al contrario, que estaban haciendo uso de sus derechos fundamentales. Los tres han negado siempre cualquier acción ilícita relacionada con el proyecto reeleccionista, y han asegurado que todas las negociaciones que se hicieron para conseguir la aprobación del acto legislativo 02 de 2004, fueron producto de la dinámica normal de la política. Nada ilegal.

Hasta la fecha, los condenados por la yidispolítica son tres excongresistas: Yidis Medina, que fue quien reveló la manera en que se había ‘comprado’ la reelección; Teodolindo Avendaño, quien se ausentó de la votación en la Cámara para favorecer la reelección; e Iván Díaz Mateus, titular de la curul que ocupó también Medina. A ella la condenaron por haber vendido su voto a cambio del manejo de una notaría en Barrancabermeja y puestos burocráticos. A Avendaño, por haber recibido la notaría 67 de Bogotá.