Buscan arropar con rango constitucional la prohibición de minería en páramos

Noticias destacadas de Política

Pese a que ya hay una ley y hasta un pronunciamiento de la Corte Constitucional que prohíbe la exploración y explotación minera en estos ecosistemas, en el Congreso buscan que la restricción quede expresa en la carta magna.

Si bien en 2016 la Corte Constitucional y luego en 2018 el mismo Congreso prohibieron la minería en ecosistemas de páramo debidamente delimitados, en el Parlamento hace carrera un proyecto para restringir expresamente la exploración y explotación mineras en páramos, elevando la restricción a rango constitucional.

No es para menos. En Colombia se encuentra el 49 % de estos ecosistemas, decisivos en la captación y regulación del agua. Se trata de 1,9 millones de hectáreas que, pese a los intentos de protección, siguen amenazadas. Solo en 2016, según cifras de la Agencia Nacional de Minería, había 451 títulos mineros en páramos, sin contar con los no registrados y aquellos que se hacen en la sombra de la ilegalidad.

Incluso, una muestra de los conflictos es lo ocurrido con el páramo de Santurbán, en Santander, donde en sus inmediaciones la multinacional Minesa adelanta un proyecto megaminero que se encuentra en “etapas avanzadas de licenciamiento ambiental”, según el Gobierno. Precisamente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es la encargada de decidir si el proyecto tiene luz verde o no.

Lea también: Santurbán: entre el querer del Gobierno, la minería, versus el deber ser, su protección

Ante ello, la bancada del Centro Democrático pretende que en el artículo 79 de la Constitución, relacionado con el derecho a gozar de un ambiente sano y que el Estado proteja la diversidad e integridad del ambiente, se adicione un apartado que rece: “Queda prohibida la exploración y explotación minera en ecosistemas de páramo”.

Según se argumenta en el proyecto, pese a que hay una ley y al pronunciamiento de la Corte, en el ordenamiento jurídico no hay una herramienta que permita “asegurar de manera eficaz, urgente pero principalmente con vocación de permanencia”, la protección del recurso hídrico en ecosistemas de montaña como páramos.

“Se hace necesaria una regulación normativa de índole constitucional que propenda por la protección y el cuidado de los recursos naturales y, que ayuden a mitigar los riesgos a que son sometidos nuestros ecosistemas con la finalidad única de obtener remuneración de carácter pecuniario”, dice la iniciativa.

Para sus autores, bajo la premisa de que los páramos son una fuente de producción de agua y vegetación, se les debe brindar la protección constitucional para evitar daños o alteraciones susceptibles que impacten de manera negativa su existencia y, por ende, la calidad de vida de la población. “Se debe prohibir cualquier actividad económica o científica que pueda poner en peligro los páramos, como es el caso las actividades de exploración y explotación mineras en estos lugares”.

En la iniciativa se argumenta que, aunque no se pretenden satanizar las practicas extractivas, se buscan restringir áreas de especial interés ecosistémico, buscando con ello asegurar la sostenibilidad de la despensa hídrica nacional y contribuir a articular esfuerzos para la preservación del Sistema Nacional de áreas protegidas.

Se cita además un informe de la Defensoría del Pueblo que determinó que 22 páramos se encuentran en alto riesgo de desaparecer como consecuencia de los efectos de la minería. “Los hallazgos de oro y carbón en estas zonas han incentivado la masiva llegada de compañías mineras, lo que implica una seria amenaza para los ecosistemas que surten el 70 % del agua que consume el país”, precisa.

Además de Santurbán, se evidencian casos como el páramo de Rabanal y el río Bogotá, en la zona del altiplano cundiboyacense, en riesgo por 17 títulos mineros. “Allí, la explotación ha afectado a 11 localidades contaminando sus suelos y sus aguas subterráneas”. Asimismo, el páramo de Pisba, entre Boyacá y Casanare, un complejo que integra a 11 municipios en una extensión de 81.481 hectáreas. “Allí se han concedido 88 títulos mineros y el impacto más evidente es el daño a la zona de amortiguación del páramo de Pisba, que nutre al río Cravo Norte”.

“Aunque la ley expresamente determina que no se pueden ejecutar trabajos y obras de explotación y exploración minera en ecosistemas de páramo, se ha evidenciado la transformación de dichos ecosistemas por parte de los diferentes tipos de minería”, puntualiza el proyecto.

Comparte en redes: