Seguridad ciudadana será "implacable con el crimen"

Punto por punto, el proyecto bandera de la administración Santos en materia de seguridad.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentó finalmente su anunciado proyecto de seguridad ciudadana,que busca convertirse en un pilar de la política de seguridad del Estado en los próximos años.

En Cali, valle del Cauca, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, declaró este lunes la lucha frontal a la delincuencia, al presentar la Política de Seguridad Ciudadana, que involucra recursos por 3,64 billones de pesos para mejorar la seguridad urbana a nivel nacional.

“Lo que estamos presentando hoy es una Política de Seguridad Ciudadana que va a ser implacable con el crimen y con las causas del crimen”, afirmó el Mandatario en el Distrito de Aguablanca, en Cali, donde presentó los lineamientos de esta política, con la que consideró será posible, en algunos años, lograr que las ciudades de Colombia sean las más seguras de América Latina.

“Sumadas las iniciativas a las que me he referido: Programas Específicos de Prevención, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, Plan Cuadrantes, aportes de Fonsecón, incremento de pie de fuerza policial, estamos hablando de 3,64 billones de pesos para mejorar la seguridad ciudadana”, explicó.

Estos son los principales puntos del proyecto:

1. MEDIDAS PENALES

En el campo penal nuestro país ha consagrado tradicionalmente múltiples medidas para la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada, por ello las mismas se toman como fundamento para establecer mecanismos que eliminen la impunidad y mejoren la técnica legislativa en la redacción de algunos tipos penales.

1 . Se adoptan medidas que permiten la colaboración de la policía en la vigilancia de las personas que se encuentran bajo las medidas de detención domiciliaria o vigilancia electrónica, mediante un sistema de información inmediata al cual tendrá acceso la Policía Nacional para que le colabore al INPEC a hacer este seguimiento.

2 . Se crea el Registro Nacional de salvoconductos que podrá consultarse inmediatamente por la Policía Nacional.

3 . Se crea el delito de pertenencia a banda armada con el objeto de luchar contra la criminalidad organizada. Para la elaboración de este delito se tomaron en cuenta los Códigos penales de Alemania y España.

4 . Se crea un nuevo delito denominado apología al terrorismo muy útil para luchar contra los ideólogos de la subversión.

5 . Se crea el delito de usurpación fraudulenta de inmuebles, el cual ha sido recurrente en áreas rurales, especialmente en donde se mantiene la presencia de grupos armados al margen de la ley y organizaciones de narcotráfico.

6 . Se tipifica el delito de venta ilegal de medicamentos, que sanciona el obtener un provecho para sí o para un tercero, derivado de la venta de un medicamento que le haya sido entregado para su atención por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, para acabar con estas peligrosas redes ilegales.

7 . Se modifica el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, o municiones para que también incluya los accesorios y partes esenciales de armas de fuego y las armas de fabricación artesanal.

8 . Se mejora la técnica legislativa respecto de los delitos contra la salud pública aboliéndose referencias a la dosis personal y agregándose el tráfico ilegal de precursores de drogas sintéticas y de sustancias como la efedrina y la seudoefedrina.

9 . Se contemplan medidas para sancionar de manera ejemplar a las personas jurídicas que financien actividades terroristas.

1 0 .Se aumentan las penas de una serie de delitos como: simulación de investidura o cargo público, la utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, la perturbación de actos oficiales y la usurpación de funciones públicas con fines terroristas, pues son conductas muy graves que en la actualidad son excarcelables.

2. MEDIDAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL

En la actualidad se han identificado falencias del sistema acusatorio relacionadas con la existencia de obstáculos injustificados que generan impunidad y caos en la administración de justicia:

1 1 .Se eliminan las reglas de competencia en relación con los jueces de control de garantías que muchas veces crea caos y confusiones injustificadas, lo cual reduce obstáculos y permite utilizar jueces de ejecución de penas de reacción inmediata para operar en cualquier parte del país.

1 2 .Se crean términos para formular imputación de 1 año (como regla general) y 18 meses para los delitos de competencia del juez del circuito especializado y en los que participen al menos 3 personas, pues en la actualidad al no existir estos términos la mayoría de las indagaciones tardan en esta etapa 4 o 5 años, lo cual ha creado una sensación de que no hay justicia en nuestro país.

1 3 .Se aumentan los términos entre la formulación de imputación y la acusación de 30 a 60 días como regla general y 90 días para delitos de competencia del juez del circuito especializado y en los que participen al menos 3 personas, de conformidad con la anterior medida.

1 4 .La orden de allanamiento y registro se puede hacer efectiva en cualquier momento de las 24 horas del día con la debida observancia de las formalidades que la constitución política y la ley exigen.

1 5 .Se eliminan los plazos de vigencia de las órdenes de captura, de seguimiento y de registro, pues los mismos no tienen fundamento constitucional y su prórroga implica pérdida de tiempo para la fiscalía y la justicia.

1 6 .Aumento de la vigencia de la orden de interceptación de comunicaciones de 3 a 6 meses.

1 7 .Se aumenta el ámbito de aplicación de la flagrancia a eventos en los que el sujeto sea sorprendido en la comisión de un delito por una cámara de video colocada en un sitio público y en el caso de que un individuo se encuentre en un vehículo en el cual se acaba de cometer un delito.

1 8 .Se modulan los beneficios en caso de flagrancia, pues en la actualidad si se aceptan cargos se puede acceder a la misma rebaja que cuando aquella no se presenta, lo cual es absurdo.

1 9 .Se retoma la captura públicamente requerida, de acuerdo con la cual cualquiera podrá aprehender a la persona cuya captura haya sido públicamente requerida por autoridad competente.

2 0 .Se mejora la regulación en torno a la protección de testigos, excluyendo la necesidad de revelar información sobre su domicilio o el de sus parientes, pues en la actualidad se viene solicitando, lo cual es absurdo en casos como el terrorismo pues pone en peligro a los declarantes y por ello muchas personas se niegan a testificar.

2 1 .Se cambian los términos difusión o circular por el de notificación, ajustando nuestra normatividad a los Estatutos de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL. Igualmente se amplía el término a cinco, para que la autoridad extranjera pueda presentar la nota verbal, teniendo en cuenta que los dos días no son suficientes para la realización de las diligencias por la vía diplomática.

3. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO

2 2 .En este campo se reglamenta la adjudicación de los terrenos baldíos, que están siendo utilizados para la resiembra entre otras actividades ilícitas. Adicionalmente se reglamenta los deberes de los beneficiarios de terrenos adjudicados por el Estado y se crea un protocolo las actividades de investigación que adelanten fiscales e investigadores.

2 3 .Se da agilidad en el acceso a la información de las entidades públicas y privadas que sean objeto de requerimientos por parte de policía judicial.

4. REFORMAS EN EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

2 4 .Se permite que las sanciones impuestas en virtud de la aplicación del Código de la Infancia y de la Adolescencia se apliquen hasta que se materialicen y no sólo hasta que el sujeto cumpla 21 años, para evitar circunstancias absurdas en las cuales el menor terminaba cumpliendo sanciones por meses pese a haber cometido graves infracciones.

2 5 .Se mejora el sistema de determinación de las sanciones aplicables a los menores utilizando como base el mínimo de la sanción aplicable al delito cometido, pues en la actualidad no existen criterios claros para señalar la privación de la libertad, sino simplemente hay unos topes máximos.

2 6 .Se amplía el máximo de la privación de la libertad a 12 años en respecto de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado y siempre y cuando exista concepto favorable de un psicólogo que señale que el menor tenía la capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a dicha
comprensión.

2 7 .Se permite que luego de haber cursado 5 años en un programa de educación formal a distancia, el Juez penal de menores decida si extingue o no la sanción de acuerdo al grado de resocialización del menor previo concepto de un psicólogo y un trabajador social que laboren en una defensoría de familia.

2 8 .Se señala que la amonestación vaya acompañada de imposición de reglas de conducta, de tal manera se complementen y permitan adicionalmente la inclusión del adolescente a los cursos educativos

2 9 .Se permite que los testimonios los adelanten también funcionarios calificados y no solo el defensor.

3 0 .Se permite que la Policía Nacional tenga atribuciones para sancionar determinadas contravenciones realizadas por adolescente, con el fin de lograr una acción oportuna y eficiente ante la comisión de conductas contravencionales por parte de adolescentes donde no proceden sanciones de tipo pecuniario, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Policía.

5. REFORMAS PARA LA PREVENCIÒN DEL TERRORISMO

3 1 .Se establece una inhabilidad para el interventor que no haya tomado las medidas necesarias para evitar que a través de los recursos del contrato que vigila se financien grupos armados.

3 2 .Se establece un régimen sancionatorio especial para las personas jurídicas en aquellos eventos en los cuales las mismas presten colaboración en la comisión de delitos especialmente graves como el terrorismo, el concierto para delinquir, la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas o el contrabando.

3 3 .Se establece la obligación de las empresas de telefonía celular y satelital y proveedoras de servicios de internet a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus clientes utilicen los servicios que proveen como instrumento para la realización de actividades delictivas o en establecimientos
penitenciarios y carcelarios.

3 4 .Se establece que el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada que labore para una empresa vigilada por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada tendrá la obligación de reportar inmediatamente a la policía nacional todos aquellos vehículos que se encuentren en la vía pública.

3 5 .Se reconoce que todo establecimiento de comercio deberá contar con un plan de prevención y actuación frente a actividades terroristas.

227757

2010-10-04T12:59:00-05:00

article

2013-07-25T11:40:22-05:00

none

Política

Seguridad ciudadana será "implacable con el crimen"

52

11858

11910