La Procuraduría General de la Nación confirmó este miércoles la destitución e inhabilidad por 18 años proferida contra la Senadora de la República, Piedad Córdoba Ruiz por colaborar y promover al grupo armado ilegal de las Farc, de acuerdo con un comunicado oficial.
Así lo determinó el Ministerio Público, que consideró que estaba suficientemente demostrada la relación irregular que habían tejido la parlamentaria liberal y la guerrilla de las Farc, a través del registro epistolar encontrado en los computadores que fueron hallados en el campamento donde murió el número dos de esa guerrilla, Edgar Devia, alias 'Raúl Reyes'.
Tan certeras había considerado el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado las pruebas sobre la irregular actuación de la parlamentaria que incluso decidió solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que investigara su presunta responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos por la insurgencia.
Córdoba Ruiz había presentado una recusación en contra de jefe del organismo de control por considerar que declaraciones públicas ofrecidas por el funcionario dejaban a las claras el sentido negativo que tendría el recurso de reposición por ella interpuesto, con el fin de que se revocara la determinación sancionatoria.
"Está comprobado que la Senadora instó a ese grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos, acordó estrechar relaciones con miras a apoyar un nuevo gobierno con la ayuda de gobiernos de otros países, emitió consejos al grupo subversivo frente al envío de videos de personas retenidas y la entrega de pruebas de vida de los secuestrados a gobiernos extranjeros, dio información a las Farc sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados, concedió declaraciones en diferentes actos públicos, colaboró con la defensa de algunos ex jefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las Farc", se lee en la nota.
La legisladora liberal presentará el recurso de súplica ante el Consejo de Estado, con el fin de que el máximo organismo de la jurisdicción contenciosa revoque el acto administrativo a través del cual se dicaminó su destitución e inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas por espacio de 18 años.