Tatequieto a minería ilegal

Gobierno restringió uso de mercurio, arsénico y cianuro en el país y reglamentó la importación de maquinaria pesada. Informales atacan la medida.

Se estima que cerca de dos millones de personas en el país viven de la minería no formal. / Archivo
Se estima que cerca de dos millones de personas en el país viven de la minería no formal. / Archivo

La lucha frontal emprendida por el gobierno nacional en contra de la minería quedó materializada en un segundo decreto que el presidente Juan Manuel Santos anunció que estaba a punto de ser firmado la semana pasada y que El Espectador conoció. El decreto 2261 de 2012 le da dientes jurídicos al primer decreto que firmó Santos sobre la destrucción de la maquinaria dedicada a la minería ilegal.

La reglamentación, que rige a partir del 2 de noviembre, no sólo impone fuertes restricciones para la importación y movilidad de estos bienes. También plasma la promesa que hizo el mandatario de restringir el uso de mercurio, cianuro y arsénico en el país. Al respecto, el documento señala que los ministerios de Salud y Protección Social; Transporte; Minas y Energía; Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Comercio, Industria y Turismo, deberán ponerse de acuerdo para expedir conjuntamente —en un tiempo menor a dos meses— la reglamentación sobre permisos para la tenencia, el almacenamiento y el transporte de sustancias químicas.

“Esta reglamentación deberá indicar las cantidades máximas que pueden ser transportadas y almacenadas de mercurio, cianuro y arsénico”, afirma el decreto. La Fuerza Pública será la encargada de exigir la presentación de los permisos o autorizaciones para el tránsito de esta maquinaria. De no contar con ellos, las sustancias se pondrán a disposición de la autoridad que debió expedir el permiso, y que a la fecha no se ha reglamentado.

En cuanto a la importación de maquinaria pesada, hay nuevas condiciones para el otorgamiento de las licencias de estas compras, las cuales regirán a partir del 17 de diciembre, es decir, 30 días después de la publicación de esta reglamentación. Y, a la luz de los requisitos, son bastante estrictas. El comprador sólo tiene autorización para importar durante dos años. El Ministerio de Comercio será la cartera encargada de otorgar las licencias de importación de maquinaria pesada, y para eso tendrá en cuenta una serie de requisitos que pasan por la autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

También hay otras medidas. La importación de mercancías usadas sólo se autorizará en situaciones especiales reguladas por el Gobierno. Igualmente, la maquinaria que se importe deberá contar, “de manera previa a su inclusión en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), con un sistema de posicionamiento global (GPS)” para monitorear su ubicación. Los equipos que no cumplan con estos requisitos podrán ser inmovilizados por la Fuerza Pública.

La norma señala que en un plazo no mayor a dos meses también se definirán las vías terrestres, fluviales o marítimas, así como los horarios en los que podrán transitar las dragas o equipos utilizados en la extracción minera. Además, el Ministerio de Transporte será la entidad encargada de realizar la guía de movilización o tránsito y de decir qué entidad la expedirá. Esta guía es un documento que deberá tener, al menos, identificación de la maquinaria y de sus partes, propietario, color, uso y destino, y será exigible por la Fuerza Pública o la autoridad de tránsito competente, en los puntos de control y en las vías establecidas.

Mientras algunos especialistas en derecho ambiental, como Rodrigo Negrete, creen que estos controles y restricciones son un gran avance en la materia, “aunque se debería crear un régimen más severo para quienes arriendan esta maquinaria en el país”, están quienes creen que “los decretos 2235 y 2261 del 2012 son probablemente las medidas más antidemocráticas que ha tomado el gobierno de Juan Manuel Santos”. Entre los segundos se cuenta la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol). Su presidente y vocero, Ramiro Restrepo, sostiene que “el único propósito de estos decretos es despejarle el camino a las empresas extranjeras de la gran minería”.

Para Restrepo, el Gobierno desconoce que más de dos millones de personas en el país trabajan en minería en condiciones de informalidad. “La culpa de que estemos así es del mismo Gobierno que no ha querido formalizarnos y nos persigue para erradicarnos, como si fuéramos insectos. El presidente Santos tendrá que responder por los empleos que destruirá y el conflicto social que se avecina con estas medidas”, afirmó Restrepo.