'Reforma al fuero militar riñe con la justicia transicional'

Así lo asegura el Centro Internacional para la Justicia Transicional.

El mindefensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que la reforma al fuero militar no busca impunidad sino tener una justicia especializada fuerte.  / Archivo
El mindefensa, Juan Carlos Pinzón, ha dicho que la reforma al fuero militar no busca impunidad sino tener una justicia especializada fuerte. / Archivo

Según el organismo, las justificaciones para otorgarles beneficios judiciales a los paramilitares, y posiblemente a la guerrilla también, no son válidas en el caso de los militares. Asimismo, califica el proyecto como innecesario e injustificado.

Un día después de que se radicara en el Senado de la República la ponencia para séptimo debate del proyecto de acto legislativo de reforma al fuero militar, un documento del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) advierte de que las propuestas incluidas en la iniciativa, además de innecesarias, pueden atentar contra la integridad de los objetivos de la justicia transicional en el contexto colombiano, en momentos en que se adelanta un proceso de paz con las Farc.

El análisis, conocido por El Espectador, llama la atención al hecho de que Colombia es un Estado que hace parte del Estatuto de Roma —creado por la Corte Penal Internacional— y que si, como Estado, el país genuinamente considera que las acusaciones de crímenes de guerra solamente pueden ser investigadas de manera efectiva por una jurisdicción militar, no queda claro por qué aceptó el ejercicio de jurisdicción por parte de una corte internacional civil.

Uno de los puntos más importantes que plantea el ICTJ tiene que ver con los que, dice, pueden ser los efectos negativos de las reformas propuestas al fuero sobre la integridad de la justicia transicional en Colombia, en el contexto del naciente proceso de paz. En su concepto, el objetivo fundamental de los mecanismos de justicia transicional es impulsar medidas de rendición de cuentas por violaciones masivas de los derechos humanos, que recuperen la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones públicas para proteger esos derechos.

“La justicia transicional no es un ‘atajo’ que se negocia o se manipula para permitir que algunas personas se liberen de la responsabilidad por sus acciones. Más bien constituye un conjunto de políticas y medidas diseñadas para hacer frente a las complejidades de la justicia en un contexto de atrocidades masivas y de recursos limitados para enfrentarla. Cualquier reforma al fuero penal militar crearía, inevitablemente, demoras y confusión. Así mismo, aumentaría las sospechas acerca de que el propósito subyacente no es el de garantizar una adecuada investigación técnica y un eficaz procesamiento penal, sino el de controlar su alcance y limitar su progreso”, indica el análisis.

Y agrega: “Las justificaciones para otorgarles beneficios judiciales a los paramilitares, y posiblemente a la guerrilla también, no son válidas en el caso de los militares. Uno de los principales argumentos ha sido que dichos beneficios pueden actuar como un incentivo efectivo para la desmovilización y la reintegración a la legalidad. Sin embargo, este no es ni relevante ni pertinente en el caso de los militares, ya que no se trata de la desmovilización de la Fuerza Pública. A la vez, vale la pena recordar que en otros países este tipo de beneficios ha sido acordado para miembros de fuerzas armadas porque se temía que sin medidas como estas, la integridad del Estado quedaría en riesgo. Seguramente, este no es el caso de Colombia”.

En otros apartes, el documento expresa que la justicia ordinaria no es solamente la más adecuada, sino también es más apropiada que la justicia militar para llevar a cabo las investigaciones de crímenes complejos: “El sistema de justicia penal militar no está diseñado para investigar este tipo de crímenes de sistema. Si existen vacíos en el conocimiento especializado, estos pueden ser resueltos mediante los mismos procedimientos que se utilizan en cualquier caso que requiera de un conocimiento especializado”.

Así mismo señala que la base legal para la definición de competencias también presenta fallas, ya que una misma conducta puede constituir tanto un crimen de guerra como un crimen de lesa humanidad. “Las reformas que se proponen llevarán a demoras y confusión, y corren el riesgo de ser vistas como un instrumento de impunidad en lugar de una garantía de justicia”.

Llamadas de atención que se siguen dando a pocos días de que la reforma al fuero militar comience su recta final en el Senado. La próxima semana iniciará trámite en la Comisión Primera y luego irá a debate final en la plenaria de la corporación. Para el ICTJ, el proyecto aumenta la probabilidad que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación en Colombia. “Si el objetivo es encontrar un tipo de justicia que sea valorada como imparcial y justa para todos, en el contexto del proceso de paz, el tema debe debatirse abiertamente”, dice.

Y concluye: “Las propuestas para reformar la justicia penal militar que hoy se debaten en el Congreso son incompatibles con los objetivos de la justicia transicional e inapropiadas para servir a los intereses de los ciudadanos colombianos, que buscan la creación de un nuevo modelo en el que las instituciones estatales protejan de manera efectiva los derechos humanos y rindan cuentas cuando fallan en este cometido”.