Congreso de EE.UU. recortó en diez por ciento fondos del Plan Colombia

<p>Aunque al nuevo presupuesto destinado al Plan Colombia le falta la aprobación en plenaria de la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, ya quedó establecido que los fondos del componente militar fueron recortados en 141 millones de dólares.</p>

El Plan Colombia, programa de asistencia del gobierno de los Estados Unidos y del que este año el Legislativo norteamericano aún tiene bloqueados 50 millones de dólares, porque considera que la defensa de los Derechos Humanos del Gobierno Uribe no es del todo eficaz, está a punto de ser aprobado por el Congreso de ese país.

Sin embargo, el presupuesto total de ayuda a Colombia fue recortado en diez por ciento, con referencia a lo que Washington le concedió entre 2006 y 2007, es decir, el país recibirá 43,4 millones de dólares menos.

Tanto la Cámara y el Senado de Estados Unidos definieron que el Plana Colombia será principalmente destinado a la asistencia económica y social, por lo que el componente militar se redujo en 141 millones de dólares.

El Legislativo norteamericano designó 308 millones de dólares para ayuda militar, 142 millones menos de los entregados hasta ahora, que llegaba hasta los 450 millones de dólares.

Esto significa, que si antes del cien por ciento de los fondos de este programa, un 76 por ciento estaba destinado al componente militar, ahora se reduce a un 56 por ciento.

Mientras tanto, el Congreso norteamericano aumentó de un 24 por ciento a un 44 por ciento los recursos para ayuda social y económica, es decir, pasó de 140 millones de dólares a 236 millones de dólares.

Los cambios que presenta el presupuesto del Plan Colombia son consecuencia de que éste ha sido aprobado por primera vez por un Congreso de mayoría demócrata, que ya había anunciado que habría cambios en los programas de asistencia, pues tendrían como prioridad a las víctimas.

Asimismo, el Legislativo norteamericano aumentó el monto de la partida que debe ser aprobada como consecuencia de la certificación en Derechos Humanos. Pasó del 25 por ciento al 30 por ciento.

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