La Sala Penal del Alto Tribunal envió una carta al Primer Mandatario en la que pide esas explicaciones ante la decisión de enviar a los jefes desmovilizados de las Auc a ese país el pasado 13 de mayo.
Ese día Uribe señalo que la decisión de extraditar a los jefes paramilitares se tomó porque "algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega".
Para la Corte Suprema de Justicia, según la misiva enviada al jefe del Estado, esa situación se debió poner en conocimiento de las autoridades respectivas.
"Con respecto de esas dos situaciones, así como en relación con la extradición, la Sala de Casación Penal tiene injerencia jurídica. Respetuosamente se le requiere para que le informe a la Sala las razones oficiales de tal trámite", señala la carta de la Corte.
La misma comunicación insta al Gobierno a informar a la justicia cuando los desmovilizados incumplan los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, su marco legal.
Los miembros de la Sala Penal expresaron en la misma carta que ellos y la opinión pública se informaron de la masiva extradición "por los medios de comunicación" unas horas después de haber sido enviados a Estados Unidos.
Los paramilitares extraditados fueron Nodier Giraldo, Hernán Giraldo Serna, Edwing Mauricio Gómez Luna, Eduardo Enrique Vengoechea Mola, Martín Peñaranda Osorio y Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'.
También, Salvatore Mancuso, quien fue máximo comandante de las AUC; Juan Carlos Sierra Ramírez, Diego Fernando Murillo Bejarano, o 'Don Berna'; Diego Alberto Ruiz Arroyave y Ramiro Vanoy.
Asimismo, Francisco Zuluaga Lindo, conocido como 'Gordolindo', Guillermo Pérez Alzate y Manuel Enrique Torregrosa Castro.
El 7 de mayo había sido también extraditado Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'.