Disolver el Congreso, un imposible jurídico

Esta antidemocrática propuesta no es la solución política y jurídica
más viable para superar la crisis que padece nuestro órgano de
representación política.

Los argumentos para cuestionarla en el terreno del Derecho, son los mismos que expresé cuando se iniciaron los primeros procesos penales por parapolítica.

Con motivo de las decisiones judiciales que, en cumplimiento de su deber constitucional y legal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha tomado en contra de algunos congresistas, se insiste en disolver el actual congreso, recortando su periodo y anticipando las elecciones, sin más argumento que su deslegitimación por haber sido elegidos algunos de sus miembros, bajo la coacción física y moral de los paramilitares sobre los electores y en concierto para delinquir.

Este propósito constituye un imposible jurídico constitucional,  a la luz del texto  y espíritu de la Constitución. Sería una medida metajurídica y extra constitucional. La autoridad pública que lo concrete no solo violaría la Carta Política, sino que ejercería un acto arbitrario de ribetes dictatoriales.

Nuestro sistema político Presidencial y no Parlamentario, excluye esta posibilidad.  El periodo congresional, además de ser un mandato constitucional, lo es también del pueblo. La existencia del Estado Constitucional impone el acatamiento de uno de los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

La soberanía la ejerce directamente o por medio de sus representantes el pueblo, en los términos que la Constitución establece. Así lo prescribe el artículo 3º constitucional.

 Este límite explícito al ejercicio del poder público no permite que autoridad alguna se invente alguna competencia para disolver el congreso, así se lo disimule como anticipo de elecciones.

Hasta el poder constituyente reformador de la Constitución está delimitado por ésta. Ni el pueblo mediante referendo, lo puede hacer. Este es reglado y limitado por la Constitución y la Ley.

La mencionada eventualidad se la pretende revestir como sanción política y moral para toda la institución Parlamentaria, como si ella hubiera delinquido, en una injusta confusión de la parte con el todo.

Nadie puede interrumpir el funcionamiento normal del congreso, ni siquiera el Presidente de la República, acudiendo a los estados de excepción. Está expresamente prohibido por la Carta Política.

La historia no puede repetirse. La Asamblea Constituyente de 1991, después de haber ordenado la revocatoria del congreso, cerró las puertas para volver hacerlo.

La detención de un gran número de congresistas, no puede alterar el correcto funcionamiento del congreso. La Constitución dispone la forma de proveer sus reemplazos, en forma tal que es otro imposible  imaginarse la mitad más uno de sus miembros en la cárcel y sin quien los sustituya.
 
No se puede aceptar la estrambótica tesis de violar la Constitución por acuerdo político, autorevocándose los congresistas  y llamando a nuevas elecciones. Nada de esto está autorizado por el Código fundamental.

Conscientes de no poseer una democracia consolidada, estamos obligados a respetar nuestro Estatuto Constitucional, la independencia del poder judicial, el respeto al principio de legalidad y los derechos humanos. Los regimenes que gobiernan por fuera de los límites del Estado de Derecho no son democráticos.

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