Un Juez de Lorica, en Córdoba, concedió la libertad a Pérez, al considerar que no se le estaba procesando por concierto para delinquir simple, como se debía, y sí por concierto para delinquir agravado, delito bajo el cual están procesados los firmantes de Ralito.
A través de un recurso de tutela presentado por la defensa del ex burgomaestre lograron cambiar la naturaleza del delito por el primero en cuestión, que es excarcelable. De ese modo, el juez Salvador Benedetti ordenó la libertad de Pérez Padilla, situación que podría aplicar para los demás firmantes de Ralito y que, de avanzar, les permitiría quedar libre 48 horas después de notificada la tutela a su favor.
De todas formas, y según informó la viceministra de Justicia, María Isabel Nieto, el Gobierno podrá apelar el fallo del polémico juez, el mismo que ordenó la captura de la directora del Fondo de Pensiones del Congreso de la República por no haber avalado la solicitud de un Representante a la Cámara que luego de asumir por 10 meses, quería obtener jubilación.
De acuerdo con Nieto, el Gobierno le pedirá a la Fiscalía General de la Nación que impugne el fallo de tutela del juez de Lorica, toda vez que dicho recurso, el de la tutela, no debe aplicar para estos casos, no es para liberar a personas investigadas por vínculos con paramilitares.
El vicefiscal general, Eduardo Mendoza Diago, consideró, por su parte, que el fallo del juez de Lorica es un poco "desajustado" y contrario al ordenamiento legal. "La consecuencia inmediata es la libertad de los beneficiados directamente, pero estamos estudiando la impugnación", explicó.
Además del ex alcalde Pérez Padilla, el recurso de tutela favorece a Sigifredo Senior Sotomayor, Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, Jaime Augusto García, y José Maria Imbet. También a Álvaro Antonio Cabrales, Luis Carlos Ordosgoitia, Marciano Celedón Ángel, Freddy Sánchez Arteaga, Víctor Antonio Guerra de la Espriella, Edwin José Mussi, Eleonora Pineda y Jesús López Gómez.
Se presume que dicha impugnación pasará a manos del Tribunal Superior de Montería, instancia que según defina el caso del alcalde, incidirá en la posible libertad de los congresistas y ex congresistas firmantes de Ralito.
Ahora bien, la reunión donde se suscribió el pacto de Ralito se realizó el 23 de julio de 2001, cuando el Gobierno Nacional no negociaba un proceso de paz con ese grupo armado ilegal.
Del lado de las Autodefensas aparecieron como firmantes Salvatore Mancuso, quien firma como Santander Lozada; Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna'; Edward Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino', y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40.
Entre los políticos que suscribieron el acuerdo están cuatro senadores, el conservador William Montes, de Bolívar; José Gnecco, también de Bolívar; el liberal Juan Manuel López y Rodrigo Burgos de la Espriella, conservador. Asimismo, siete representantes a la Cámara: los conservadores Alfonso Campo Escobar, Jose María Imbeth, Reginaldo Montes, el suplente de Montes, Luis Álvarez, Luis Carlos Ordosgoita, Fredy Sánchez y Miguel de la Espriella, todos del departamento de Córdoba.
Aparecen también los ex gobernadores de Córdoba José María López y el de Sucre Salvador Arana. Los alcaldes de Tierralta y de San Antero, Córdoba, Sigifredo Señor y Wilmer Pérez, respectivamente. De San Onofre y Ovejas, Sucre, Sabas Balserio y Edwin Mussi, respectivamente. Luis Saleman, ex alcalde de San Onofre.
Otros dirigentes políticos firmantes son Eleonora Pineda, concejal de Tierralta; Álvaro Cabrales, ex diputado conservador de Córdoba; Jaime García, Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge; José de los Santos Negrete, gerente del Partido Conservador; Germán Ortiz, asesor Alcaldía de San Antero; Marciano Argel, Secretario de Planeación de Córdoba.
Además de los ganaderos Jose Luis Feris; Victor Guerra; el periodista Antonio Sánchez y los funcionarios de las alcaldías de Sincelejo y de Ovejas, Sucre, Rodolfo vargas y Felipe Quedaga, respectivamente. Es importante aclarar que estas personas ocupaban estos cargos en el momento que se firmó el acuerdo, en julio de 2001.
En el acuerdo, los firmantes aceptaban trabajar por "defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" y se programó una próxima reunión para octubre del mismo año, que nunca se llevó a cabo.
Este es el documento del Acuerdo de Ralito:
DOCUMENTO CONFIDENCIAL Y SECRETO
Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; "el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz " (1) hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social.
Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: "Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". (2)
Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde "toda persona tiene derecho a la propiedad" (3) y "tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad" (4). Es nuestro desafío.
Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a "propender el logro y mantenimiento de la paz" (5). Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino deber de todos.
A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre.
VIVA COLOMBIA