El presidente Álvaro Uribe dijo, en el marco de la instalación del nuevo periodo legislativo en el Salón Elíptico del Capitolio, que "la ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven".
De igual forma, sostuvo, "la palabra “paramilitar” se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.....En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio".
Respecto a las víctimas, cuya ley fue hundida por el Congreso atendiendo órdenes del presidente Álvaro Uribe, quien a su vez argumentó razones ficales para que ésta no saliera adelante, el primer mandatario dijo que "las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas por recursos estatales que superan los 300 millones de dólares".
Estas son las declaraciones del Presidente en ese sentido:
Confianza
Después de siete años podemos decir: nos hemos situado en el equilibrio democrático. Confianza, la palabra guía de nuestra acción, confianza en Colombia, ha tenido como soporte un esfuerzo balanceado por la seguridad, la inversión y la política social.
Seguridad
La seguridad no ha sido guerra a expensas de política social, todo lo contrario, ha sido seguridad con valores democráticos acompañada de ampliación en las coberturas sociales.
Aun no estamos en un punto irreversible en el rescate de la seguridad; el consenso sobre tal imperativo es aparente, todavía no logra un genuino comprometimiento de las diferentes tendencias políticas.
La ciudadanía está más segura pero con toda razón es más exigente. Antes un crimen, un secuestro, eran uno más, cubiertos por la anestesia colectiva que anulaba reacciones. Hoy, por fortuna, conmueven.
Hemos recuperado dos monopolios estatales que nunca debieron perderse: los monopolios para combatir a los criminales y para administrar justicia. La palabra “paramilitar” se utilizó para denominar bandas criminales privadas cuyo objetivo era combatir a las guerrillas. El paramilitarismo ha sido desmontado. Actualmente sufrimos terrorismo guerrillero y de las bandas criminales. Estos tienen entre sí una relación mafiosa, se alían o se matan por el botín del narcotráfico. Ambos son confrontados por las fuerzas institucionales con toda determinación.
En muchas regiones cabecillas guerrilleros y paramilitares habían desplazado y reemplazado a la justicia; usurpaban el conocimiento de querellas de vecinos, pleitos de familia, crímenes menores y mayores. La Seguridad Democrática ha restablecido la justicia en todo el territorio.
Se ha reversado la tendencia de los ciudadanos a buscar resolver el problema de seguridad por cuenta propia, ya se acude crecientemente a la fuerza pública, la comunidad percibe que hoy existe a quien quejarse, a donde acudir, a las autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas.
Las víctimas reclaman, se han registrado 240 mil, antes no lo hacían por temor a la retaliación o porque lo encontraban inútil. El tema
no pasaba de expresiones de pésame en los funerales. En los años recientes las víctimas han sido apoyadas por recursos estatales que superan los 300 millones de dólares. Gracias a la Ley de Justicia y Paz, a las normas reglamentarias sobre conciliación administrativa y al presupuesto incluido por ustedes honorables congresistas, se ha iniciado el proceso del componente monetario de la reparación, que este año desembolsa 200 mil millones de pesos y llega a más de 10 mil víctimas.
Reparación total no se da, sin embargo, estos esfuerzos anulan gérmenes de venganza y odio. Nos hemos propuesto esforzarnos, a pesar de las restricciones fiscales, sin comprometernos en cuantías impagables. Mantenemos el principio de no nivelar agentes del Estado con terroristas, pues ello estimularía parálisis en las fuerzas del orden por temor a que cada acción legítima contra el delincuente sea objeto de falsa acusación, de mandato de reparación y de riesgo de cobro de repetición al frágil pecunio del policía o soldado.
La mínima exigencia de las víctimas es que no se repitan las acciones violentas, la garantía de este derecho reposa en la permanencia firme y sostenida de la Seguridad Democrática.
Valioso intangible de nuestra seguridad es su discurrir por el camino de la legislación ordinaria contrario a las normas marciales. Se ha adelantado con respeto a las libertades, las garantías civiles, los derechos políticos. Esto honra a nuestra democracia que ha enfrentado un terrorismo que se sentía victorioso y ha sido excesivamente rico por el narcotráfico.
La sostenibilidad de esta política reposa en su credibilidad que a su vez depende de la eficacia y la transparencia. Esta última da autoridad moral para producir resultados. Éstos se buscan con más empeño cuando se tiene la tranquilidad de conciencia derivada de proceder con observancia de los derechos humanos, cuyas violaciones se sancionan sin vacilación.
La Nación, maltratada durante décadas por guerrillas y paramilitares, necesita el apoyo a sus policías y soldados, en cuya honra y buen nombre se rechaza y penaliza la acción delictuosa de cualquiera de sus integrantes y por cuya solidez y confianza se demanda la actitud firme del Presidente, los Ministros y Comandantes para denunciar las falsas acusaciones, con las cuales algunos juegan al fracaso de la seguridad.
Colombia se ha sometido al examen de derechos humanos de las Naciones Unidas. Con frecuencia el Ministro de Defensa, los Altos Mandos y el Presidente de la República acuden a audiencias en televisión para recibir y responder por las quejas de los ciudadanos en relación con integrantes de las Fuerzas Armadas.
Reinserción
El énfasis de la política de seguridad es producir la desmovilización y acoger la reinserción. Más de 50 mil integrantes de los grupos violentos han sido recibidos como desmovilizados, suma que no incluye a aquellos simplemente sometidos a la justicia. El número de desmovilizados supera en más de tres veces a los dados de baja.
El programa de reinserción es enorme. El promedio mes es de 11 mil que estudian primaria, otro tanto en validación de bachillerato y 2 mil en alfabetización. En 2008 más de 7 mil acudieron a formarse en el SENA. Al adicionar las familias el total de beneficiarios promedia en 120 mil. En el campo laboral contamos con 16 mil en trabajos estables, pero 70% en actividades informales.
Desplazados
No hemos podido poner punto final al desplazamiento. A fin de que las operaciones militares contra la delincuencia no intimiden a los ciudadanos, hemos replicado la figura de un oficial de las fuerzas como enlace de confianza con las gentes de bien, de manera idéntica a la experiencia en la Sierra Nevada con los compatriotas indígenas. Éstos se mostraban desconcertados porque un día recibían uniformados que decían ser guerrilleros, al siguiente, uniformados que se identificaban como paramilitares y finalmente llegaba el Ejército. El Coronel, enlace de confianza, disipó la confusión. Allí la situación ha mejorado ostensiblemente como esperamos lograrlo en zonas donde continúan los desplazamientos.
Hemos pedido a la Cruz Roja Internacional, en coordinación con Acción Social, que además de su contribución en asistencia humanitaria a desplazados nos ayude con un conocimiento previo de los operativos para construir tranquilidad en los pobladores y evitar desplazamientos.
El presupuesto de atención a desplazados ha aumentado en más de 10 veces. El 85% está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud. Al programa Familias en Acción han ingresado 340 mil familias desplazadas. En educación también es notorio el avance.
No obstante que 700 mil personas han regresado a sus sitios de origen, aun se les considera desplazados por no haber superado la pobreza. El atraso se da en vivienda y en recuperación y acceso a la tierra. De los 80 mil subsidios adjudicados 45 mil cuentan con vivienda efectiva. Cada año se entregan 30 mil subsidios adicionales.
Bajo la conducción del Vicepresidente de la República, Francisco Santos, ha sido instalada la primera de las doce comisiones de restitución de bienes.
Existen varias preocupaciones sobre el alcance del programa de atención a desplazados; por ejemplo, en 2008, entre los registrados aparecen 150 mil personas que alegan desplazamientos sucedidos en el período de 1951 a 1987.
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