Detrás del caos en los datos electorales

El Gobierno pide intervención al Consejo Electoral. Procuraduría revisa los contratos.

Desde hace muchas elecciones no se presentaba un caos en la entrega de los resultados como el que se vive desde este domingo en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Más allá del atraso en la Consulta Conservadora o las indecisiones que persisten en la conformación de Senado y Cámara, el país tiene un interrogante mayúsculo: ¿Qué fue lo que falló en la Registraduría que mantiene en ascuas a centenares de electores y a un alto número de candidatos entre quemados y presuntamente electos?


Una de las claves podría remitirse al 11 de diciembre de 2009, es decir, tres meses antes de la elección. Ese día, el gerente administrativo y financiero de la Registraduría, Édgar Zapata Barrios, suscribió el contrato interadministrativo N° 574 de 2009 con la firma EPM Telecomunicaciones S.A. para la prestación del servicio integral de los componentes informáticos relacionados con la elección al Congreso, Parlamento Andino y comicios presidenciales.

Habitualmente este servicio lo venía prestando la empresa Sistemas y Computadores S. A. de Bucaramanga, que tomó fama porque dentro de la hora siguiente al cierre de las votaciones tenía y divulgaba cerca del 90% de los datos. Esta firma casi siempre creaba alianza con las empresas de tecnología Indra Colombia y Colvista Ltda. El mecanismo de operación era distribuir el trabajo por regiones, de tal manera que se facilitaba el procesamiento de la información recaudada.

Sin embargo, argumentando que en el pasado reciente, más exactamente en la administración de Juan Carlos Galindo al frente de la Registraduría, se habían presentado litigios con la empresa santandereana, el nuevo registrador, Carlos Ariel Sánchez, decidió replantear la elección del contratista. Según el gerente administrativo, Édgar Zapata, se hizo sobre la marcha porque a última hora llegaron los recursos del Ministerio de Hacienda y era mejor apelar a una empresa reconocida del sector.

De esta manera, con estudios previos de conveniencia y oportunidad, se adelantó un proceso de contratación directa con EPM Telecomunicaciones S.A., por valor de $77.402 millones. La firma favorecida asumió unos compromisos anticorrupción y unas cláusulas en casos de incumplimiento total o parcial y, por efecto de sus transformaciones empresariales, quedó en manos de UNE, que hoy identifica la expansión de la referida compañía EPM Telecomunicaciones.

A su vez, UNE decidió subcontratar a tres firmas para el proceso electoral del pasado domingo: ASD, Indra y la Unión Temporal, conformada por las compañías DPS e ID Sistem. Todo este proceso se surtió en los últimos tres meses, a sabiendas de que había crecido significativamente el número de candidatos al Congreso. Además, quedó por fuera otro componente clave: las consultas. Para este reto, según Zapata, la Registraduría decidió confiar en su propia tecnología y personal especializado.

Como el proceso de información electoral de las consultas no tiene preconteo, las normas sobre el particular impiden una contratación para este menester y existía el antecedente de que en la anterior administración en la Registraduría se promovieron investigaciones porque precisamente se contrató para anteriores consultas. Como lo explica el gerente administrativo, Édgar Zapata Barrios, se decidió que UNE fuera el soporte para los comicios legislativos y el Parlamento Andino, y la Registraduría para las consultas Conservadora y Verde.

Estos apuros ante un proceso tan complejo y delicado, como el vivido el pasado domingo en las urnas, terminaron por incidir en el despelote que se vive desde el pasado domingo en la Registraduría. Según la vicepresidenta de la Unidad de Negocios Empresariales de UNE, María Claudia Caicedo, aunque el proceso de digitación fue muy complejo, el preconteo fue seguro, el hadware funcionó de manera adecuada y se garantizó la transparencia de la información. Sobre la responsabilidad del atraso, dejó en claro que ésta es compartida.

Y aclaró: "Hubo demoras en los conteos en las mesas, después tuvimos unas fallas en las páginas, pues se presentaron demasiados hits. Fue una cadena de fallas pequeñas. Estamos investigando y hablando con el aliado que se encargó de la página, porque se volvió muy pesada y colapsó el sistema. Vamos a esperar nuestras investigaciones". Lo cierto es que el propio UNE en su boletín informativo previo a las elecciones, aclaró que contaba con esquemas de respaldo para asegurar que cada fase del proceso operara en situaciones de contingencia.

Pero si UNE terminó aceptando sus dificultades, a la Registraduría no le quedó más opción que soportar un aguacero de críticas por el tema de las consultas. Hasta el propio ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, salió ayer a pedirle al Consejo Nacional Electoral que asuma el proceso de escrutinio de elecciones del domingo, resaltando que se presentaron graves dificultades y fallas técnicas protuberantes "que no brindan las garantías para la definición de la política nacional y la organización del Congreso".

Lo cierto es que ayer la Registraduría aún seguía en deuda con el país. De la consulta conservadora se dice que sólo se sabrá hasta el viernes el verdadero ganador; sobre la conformación definitiva del Congreso no hay claridad; la definición de integrantes del Parlamento Andino sigue en veremos, los críticos de la Registraduría quieren que se revise el contrato con UNE, abundan voces que piden a gritos una urgente reforma electoral y, lo más grave, está en juego la confianza de los ciudadanos en la eficacia de su sistema electoral.

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