La asfixia política de Petro

Las últimas decisiones de la Casa de Nariño y de los estrados judiciales han limitado el margen de maniobra del alcalde.

Gustavo Petro, rodeado de sus seguidores, durante su regreso a la Alcaldía. / EFE

El alcalde Gustavo Petro sabe que, por ahora, tiene mínimo 20 días para gobernar la capital. Volvió al Palacio Liévano gracias a un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, pero el procurador Alejandro Ordóñez ya apeló esa decisión, el presidente Santos también, y es muy probable que la Corte Suprema de Justicia eche abajo su permanencia en el cargo. Por eso, mientras sus abogados siguen en la pelea por conservar su mandato hasta final de 2015, él puso en marcha un plan de ejecución inmediata con inocultables réditos políticos.

El primer paso es que cualquier persona que esté incluida en el Sisbén, es decir, el actual sistema que subsidia los derechos fundamentales de las personas con bajos ingresos económicos, a partir de mañana pueda pedir apoyo al Distrito para financiar el uso del Sistema Integrado de Transporte, con una reducción cercana al 35% del costo habitual. La idea es que de 12.000 bogotanos que hoy disfrutan de esa tarifa reducida, la medida pase a cobijar al menos a 300.000 beneficiarios en el próximo mes. Petro dice que no necesita recursos extras.

La segunda estrategia es que, además de fortalecer políticas como el mínimo vital de agua, el programa ‘Salud a la casa’ y el citado subsidio de transporte, también quede comprometida la construcción del metro como está planeada y que se pongan en marcha otras políticas para mejorar la movilidad en Bogotá. Su tiempo, por ahora, es tan corto que requiere simultáneamente que el Gobierno Nacional no sea indiferente a su causa y que el Concejo de la ciudad respalde su iniciativa, más allá de los cálculos electorales.

Los objetivos del alcalde Gustavo Petro buscan afianzar su plan de gobierno y, de paso, condicionar a quien quiera que se suba a la Alcaldía, en caso de que él no pueda continuar en el cargo. Entre tanto, persistirá en su pelea jurídica, aferrado a que la petición de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su favor, sea su tabla de salvación. Un extremo escenario que choca con el laberinto judicial del sistema colombiano, en el que sus posibilidades comienzan a agotarse.

A su vez, el procurador Ordóñez está jugado por la destitución de Petro y, además de impugnar el fallo del Tribunal de Bogotá, está dispuesto a usar todos los recursos de ley para impedir que el alcalde se salga con la suya. Su tesis es que no puede haber impunidad y que también puede sancionar a los funcionarios elegidos por votación popular. Además se apoya en la decisión de la Superindustria, que sancionó a Petro y a otros funcionarios del Distrito por la implementación del esquema de aseo, situación que ocasionó la destitución del alcalde.

En medio de los dos está el presidente Juan Manuel Santos buscando su reelección para el cuatrienio 2014-2018, maniobrando para que ninguno de sus movimientos en el caso Petro tenga efecto perjudicial en las elecciones del 25 de mayo. Desde el 9 de diciembre de 2013 pudo mantenerse al margen y lo hizo hasta el 19 de marzo de 2014. Ese día quedó en la disyuntiva de acatar o no la petición de medidas cautelares requeridas por la CIDH. Un día después firmó el decreto destituyendo a Petro. Los efectos políticos fueron inmediatos.

Esa situación que lo puso entre la espada y la pared, o mejor, entre acercarse a Petro y los suyos o respaldar al procurador, volvió a repetirse el 8 de abril. Ese día Santos dijo que si un juez le ordenaba restituir a Petro, lo haría. Ocurrió 13 días después, cuando el Tribunal de Bogotá falló a favor del alcalde y éste regresó al Palacio Liévano. Sin embargo, el pasado viernes 25 de abril, Santos impugnó la decisión. En otras palabras, volvió a jugar con el capital político que representa Bogotá en la justa presidencial.

El presidente defendió su decisión con el argumento de que tenía que cumplir con su deber. “No tiene nada que ver si estamos a favor o en contra de Petro, sino que tenemos que ser consecuentes con lo que hemos dicho desde que se inició este triste proceso. Si tomamos una decisión que una tutela dice que estuvo mal tomada, estamos obligados a impugnarla”, aclaró el primer mandatario con postura institucional. No obstante, siguió en la disyuntiva política de fondo sobre el costo político de sentar posiciones en el caso del alcalde de Bogotá.

Progresistas, el movimiento por el cual fue elegido Petro, está definiendo posiciones de cara a las elecciones. Por un lado, ese grupo político está institucionalmente integrado a la Alianza Verde, el partido por el cual se presenta Enrique Peñalosa, quien se ha consolidado como opcionado a ocupar la Casa de Nariño. Por el otro, muchos de sus líderes han recibido coqueteos de parte de la misma candidatura reeleccionista y de la del Polo Democrático. El problema es que, decida lo que decida, un pronunciamiento oficial no vincula a un Petro que se ha convertido en un epicentro del país político.

Con la incertidumbre alrededor de la continuidad de su gobierno, las elecciones cada vez más próximas y la necesidad de gobernar antes que hacer proselitismo, Petro sigue acaparando los movimientos tácticos de la gran política. Él insiste en que el respeto por la continuidad de su gobierno es la garantía que podría ofrecer el Gobierno para demostrar vocación de paz. Sin embargo, el desgaste de su caso, su limitado margen de maniobra discursiva y una ciudad ávida de decisiones estructurales, lo han llevado a un lugar de asfixia política.

“Es terrible el nivel de odio del procurador”

Gustavo Petro se refirió a los recursos de impugnación radicados por el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez. Según él, luego de todo el galimatías jurídico actual y de la multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, sólo le queda el destierro y la muerte.

“Es increíble el nivel de odio que hemos visto. Estoy embargado, destituido e inhabilitado. Sólo me queda el destierro o la muerte”, dijo Petro.

De acuerdo el alcalde, después de las impugnaciones y la multa, sólo resta que le dicten  la orden de asesinato. “Recuerdo la llamada ‘ley de los caballos’ (en el siglo XIX) que originó la Guerra de los Mil Días. Yo estoy en las mismas que los liberales de la época. Mis bienes están confiscados y mis derechos políticos restringidos  a pesar de que un juez ordenó lo contrario”.

 

Petro explicó que en la Procuraduría aún están registradas su inhabilidad y destitución, “lo que representa un desacato a la justicia”.

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@CamiloSeguraA