Así buscará la oposición generar empleo en medio de la pandemia

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Los congresistas de la oposición se la juegan por fortalecer a las microempresas y mantener los puestos de trabajo. Dos iniciativas fueron radicadas en el Congreso.

Uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19 en el mundo y el país ha sido, sin duda, el empleo. Miles de ciudadanos en Colombia ha dejado de manera obligada sus lugares de trabajo y las empresas han visto reducidos sus ingresos.

Si bien, desde el Gobierno Nacional se han implementado algunas políticas para preservar los puestos de trabajo, como el asumir parte del pago de nóminas, la realidad ha mostrado ser mucho más devastadora, y las medidas, insuficientes.

De acuerdo con la más reciente cifra del DANE, la tasa de desempleo en Colombia, en febrero de 2021, se ubicó en el 15,9 %. Es decir, hubo un aumento de 3,7 puntos respecto del mismo mes de 2020 y, aunque hubo un incremento, fue el menor registrado durante los meses de la pandemia.

Esa cifra, no obstante, revela una situación preocupante cuando se miran los números duros: según la información del DANE, en comparación con 2020, en febrero pasado Colombia pasó de tener 22 millones a 20,8 personas ocupadas.

En esa situación ha puesto el ojo la oposición política en el Congreso de la República y por eso para este nuevo período legislativo se resalta dos iniciativas que buscan apoyar la generación de empleo en el país. Una de ellas la lidera el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, que busca que la reactivación económica, tan mencionada por el Gobierno, se pueda catapultar a través del empleo público.

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La piedra angular del proyecto de ley es la creación del Programa de Empleo Público (PEP), que estaría financiado con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) y funcionará como un programa social a través del que el Estado apoyará monetariamente para aumentar la empleabilidad en el país. Con ese programa, asegura Arias, se podrían crear 2,6 millones de empleos públicos.

De ese programa, plantea el proyecto, se beneficiarían varios tipos de microempresas. En primer lugar, “aquellas que clasifiquen en la definición de Microempresa definida en la ley 590 del 2000”. En ese mismo sentido, recibirían este apoyo “aquellas que cuenten con un registro mercantil. Este requisito únicamente aplicará para las personas jurídicas constituidas en los años 2018 y anteriores”.

También podrían acceder al beneficio del PEP las microempresas “que demuestren la necesidad del aporte estatal al que se refiere el artículo 1 de la presente ley, certificando una disminución del diez por ciento (10 %) o más en sus ingresos durante el año 2020”; “aquellas que no hayan estado obligadas a restituir el aporte estatal del Programa de apoyo al empleo formal (PAEF) y las “entidades sin ánimo de lucro escogidas por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo en la línea de Inversiones Intensivas en Empleo”.

Esa línea de inversión está definida en el artículo tercero del proyecto de ley, que le entrega a la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo las facultades para definir los instrumentos de promoción, diseño y operación de ese programa en cuanto a las organizaciones sin ánimo de lucro.

Lo que recibirán los beneficiaros de este programa, por otra parte, también está definido en el proyecto. “La cuantía del aporte estatal que recibirán los beneficiarios del Programa de Empleo Público (PEP) corresponderá al número de empleados multiplicado por hasta el 90 % de un SMLMV en la línea del financiamiento de nómina a microempresas y del 100 % en el caso de los proyectos financiados por la Línea de Inversiones Intensivas en Empleo”, dice el texto radicado.

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El PEP tendría una vigencia y, según el articulado, se mantendrá hasta que el país logre una tasa de desempleo del 6,8 %. Al tiempo, los beneficiarios podrán solicitar esta ayuda el aporte estatal por una vez mensualmente y por un máximo de 12 meses.

La segunda propuesta con la que la oposición le apostará a la recuperación y generación de empleo se bautizó como el Programa Nacional de Empleo Garantizado (PNEG). Es de iniciativa de los senadores Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y el representante David Racero.

El objetivo es crear dos millones de empleos en un período de tres años y sienta una estrategia pública e institucional para dinamizar el empleo, creando unas bases de ingreso mínimo (entre uno y dos salarios mínimos con todas las prestaciones), priorizando poblaciones afectadas, como mujeres, jóvenes, población en condición de discapacidad, víctimas del conflicto armado, trabajadores informales y desempleados permanentes o estructurales.

Así mismo, se determinan ciertos sectores económicos como focos para la creación de empleos: servicios de cuidado y conservación del medio ambiente, economía del hogar, formación artística y cultural, mantenimiento y construcción de la infraestructura física y laborales de sustitución de cultivos ilícitos.

Con estos mínimos, la idea es que los municipios creen los Bancos Comunitarios de Empleos, haciendo las ofertas, de acuerdo con las necesidades del territorio en cuanto reactivación de empleo de población afectada y sectores que requieren dinamizarse. Pero no es solo hacer la convocatoria de trabajo, sino que también les corresponde hacer control de los procesos de contratación y la permanencia y retiro de los empleos generados.

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“Las políticas públicas que buscan generar empleo en Colombia han estado dominadas por un sinnúmero de fracasos sostenidos, basados en ideología y pésimos argumentos económicos, dejando a la buena voluntad del sector privado de la economía la generación de empleos y manteniendo a la población mayoritariamente en condiciones de informalidad y pobreza”, resume el proyecto como la situación del país.

Bajo esta realidad, la propuesta va encaminada a no dejar la solución del problema en los privados, sino a plantear un modelo estatal que resuelva la situación del mercado laboral en el país, reconociendo los factores adversos. Uno de ellos, como se mencionó, el de las mujeres, que, “a pesar de ser la mayor parte de la población, participan menos en la vida económica y tienen unos mayores niveles de desempleo en comparación con los hombres en cualquier edad y posición ocupacional”.

Para esta situación particular, el proyecto llama por mirar las particularidades de las mujeres, quienes son la mayoría en estar dedicadas a las tareas del cuidado no remunerado, así mismo la mayoría de las empleadas en sectores que sufrieron recortes por la crisis de la pandemia, como comercio.

La meta con este proyecto es reducir la tasa de desempleo y ubicarla debajo del 10 % en el mediano plazo. En el primer año, se espera cumplir el 30 % del objetivo de generación de empleo, en el segundo año el 70 % y concluir en un 100 % en el tercero. El costo total para poner en marcha la generación de más de dos millones de empleos sería de más de $ 31 billones.

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