Así le quitaron los dientes al proyecto que evitaba burla a la moción de censura

El autor del proyecto denunció que el Gobierno llamó a congresistas de la Comisión Primera de la Cámara para hundir el artículo 4. En la parte final de este artículo mostramos en detalle cómo votó, en cada momento, cada uno de los 38 representantes.

Foto: Archivo El Espectador - Cortesía - Twitter: @CamaraColombia

“Esto me recuerda exactamente lo que pasó con Yidis (Medina) y Teodolindo (Avendaño). Cuando llegamos a la sesión (junio de 2004) teníamos los votos para negar la reelección. Y de pronto, de un momento a otro, uno se desaparece y otro resuelve cambiar su voto. Con el paso del tiempo se descubrió que a doña Yidis le habían ofrecido prebendas. Y a Teodolindo le dijeron “piérdase”. Esa película se repite hoy. ¿A quién llamaron? ¿Con quién negociaron?”.

En estos términos, el representante de oposición Germán Navas Talero (Polo Democrático) describió lo ocurrido en la Comisión Primera de la Cámara la semana pasada, durante el debate del proyecto que, en esencia, prohibía que un ministro citado a moción de censura renunciara antes de que se efectuara la votación. Si bien la iniciativa (de cinco puntos) pasó en primer debate, en medio de la discusión la mayoría aprobó eliminar –nada menos– que el artículo central y determinante del proyecto: el 4, que impedía precisamente que se aceptara la renuncia de ese funcionario hasta tanto se votara la moción. ¿Qué pasó? ¿Cómo se movieron las fuerzas? ¿Hubo presiones desde Palacio?

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No es un tema cualquiera. Aunque este procedimiento está pensado para fortalecer al Congreso y que tenga dientes para hacerle contrapeso al Gobierno –una tarea aún más necesaria en tiempos de sesiones virtuales–, se ha terminado desvirtuando. Así, cuando un ministro es citado al juicio político se asegura primero de tener los votos para hundirlo, y luego acude fervorosamente, se enfrenta al debate público y luce victorioso políticamente tras “capotear” el procedimiento. Sin embargo, cuando son pocas las chances y no está seguro de contar con los apoyos, se aparta y antes de someterse al escarnio del Congreso –y al respectivo golpe político que significa para el gobierno de turno– prefiere renunciar. Es por ello que nunca ha prosperado una moción de censura contra ministro alguno.

No hay que ir muy lejos para encontrar evidencias. Hace un año, en noviembre de 2019, Guillermo Botero, entonces ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, renunció al cargo antes de que el Congreso votara una moción de censura cuando se reveló la muerte de menores de edad durante un bombardeo en contra de disidencias de las Farc. Otros gobiernos han padecido situaciones similares. Lo vivió el presidente Andrés Pastrana con su ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez, que dimitió antes del trámite. Lo mismo pasó con Fernando Londoño como ministro del Interior y de Justicia de Álvaro Uribe o con Germán Cardona, ministro de Transporte del expresidente Juan Manuel Santos.

De allí la importancia de poner un cerrojo y evitar que se siga repitiendo la “jugadita”. No obstante, no dejó de ser inusual lo que pasó en la Comisión Primera de la Cámara durante la discusión del proyecto. Lo inquietante del asunto fue cómo se desarrolló la votación y cómo algunos congresistas, que al principio acompañaron el proyecto en su totalidad, luego parecen haber cambiado de opinión (infografía de cómo votó cada uno al final de la nota).

El primer round fue el pasado 25 de noviembre, cuando la Comisión (integrada por 38 representantes) votó la ponencia, una suerte de informe inicial sobre la conveniencia o no de la iniciativa. Ese día, con 18 votos a favor y 13 en contra, se aprobó el documento tal como venía, es decir, con el artículo que ponía cerrojo a la renuncia de funcionarios antes de la votación de la moción de censura.

El segundo momento ocurrió cinco días después, el 30 de noviembre, cuando el proyecto fue votado en primer debate. Cuando se creía que la iniciativa había superado la prueba y todo estaba listo para que la Comisión la aprobara –dados los buenos resultados que tuvo durante la ponencia–, el representante Óscar Leonardo Villamizar, del oficialista Centro Democrático, presentó una proposición para eliminar el artículo 4.

Contra todo pronóstico, las mayorías cambiaron y se aprobó remover ese punto, considerado “la nuez” del proyecto. La votación fue de 17 a favor y 15 en contra, lo que despertó la suspicacia y el desconcierto de algunos representantes.

“Esta votación es absolutamente contraria. Deja un mal sabor y me pregunto si no hay intereses de quienes pueden ejercer presiones sobre esta Comisión para que haya gente que cambie su voto o se retire de la votación. Me parece terrible ominoso. Esta discusión ya se había dado, se había votado en un sentido y se repite la discusión, y ahora la votación termina en otro sentido”, alegó el representante liberal Juan Carlos Losada.

“Estoy muy sorprendida. Cuando votamos la ponencia hubo un enorme debate sobre el alcance que tiene la moción de censura (…) Aquí la pregunta es cómo se cambian esos votos. Es muy raro”, reclamó a su turno la congresista Ángela María Robledo (Colombia Humana). “Es doloroso que un mecanismo de control político como este haya sido castrado y vetado por congresistas que reclaman mayor autonomía del Congreso, pero que con la votación demostraron lo contrario”, dijo el representante César Lorduy (Cambio Radical), el ponente que en un primer momento consiguió los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto.

“Hay que ver si aquí los representantes son electos simplemente para hacer lo que diga el Gobierno o tienen alguito de criterio para tomar sus propias decisiones”, criticó el representante Inti Asprilla (Alianza Verde).

Incluso hubo algunos que fueron más allá. El propio autor, el senador Richard Aguilar (Cambio Radical), denunció que fue el Gobierno el que hundió el artículo y aseguró, sin vacilaciones, que hubo llamadas para que ciertos representantes se opusieran al punto 4. “Veía venir este resultado porque lo denuncié (…) se presentaron unas llamadas. Lo que más lamento es el cambio del voto de la misma postura de algunos compañeros”.

¿Quiénes inclinaron la balanza?

Al revisar en detalle cómo votaron los representantes de la Comisión Primera saltan a la vista hechos decisivos que permiten explicar lo ocurrido. Por un lado, que tres parlamentarios –de la U y Cambio Radical– que habían estado de acuerdo con la ponencia que incluía el artículo 4, votaron sí a eliminar ese punto. Se trata de Alfredo Deluque, John Jairo Hoyos y Erwin Arias Betancur.

Por otro lado, que hubo parlamentarios que aparecieron para votar o dejaron de hacerlo. En el primer grupo se cuentan Margarita Restrepo (Centro Democrático) y Nilton Córdoba (Partido Liberal) que, aunque no participaron de la discusión de la ponencia, sí se presentaron luego para hundir el artículo 4. En el segundo grupo están Alejandro Vega y Juan Fernando Reyes Kuri (ambos liberales), quienes habían expresado su respaldo a la ponencia, pero cuando se llegó el momento de votar en contra de la proposición para eliminar el artículo 4 no aparecieron. Hubiesen bastado esos dos votos para dejar el asunto en empate: 17-17.

Tan inusual fue lo que pasó, que se presentó otra proposición –este es el tercer momento– para reabrir la discusión y tratar de revivir el artículo 4. Un último pataleo que, al final, resultó infructuoso. Nuevamente se impusieron las mayorías y 17 votaron en contra de la propuesta, frente a 15 que la apoyaron. Aunque aquí sí aparecieron los votos favorables de Vega y Reyes Kuri, ya era tarde. A lo que se suma que Luis Alberto Alban, de FARC, y Hernán Gustavo Estupiñán (Partido Liberal) no participaron de la votación.

Las explicaciones

El argumento central de quienes se opusieron al proyecto y puntualmente al artículo 4 fue uno: que se estaba cercenando el derecho fundamental que se tiene a poder renunciar. No fue suficiente la explicación de los autores, que insistieron en que el funcionario sí puede renunciar, pero lo que no se puede es que el nominador (en el caso de un ministro, el presidente de la República) se la acepte antes de la votación. Al final, ya sin ese artículo, se aprobó el proyecto y se mantuvo un punto con el que estuvieron de acuerdo las mayorías: que puedan ser citados a moción de censura, además de ministros, superintendentes o directores de departamentos administrativos.

El representante Alfredo Deluque, quien además preside la Comisión, fue uno de los que votó a favor de la ponencia, pero luego se opuso al artículo 4. Enfatizó que no cambió de opinión en ningún momento y advirtió que el asunto se está analizando equivocadamente.

“Cuando uno vota la proposición con que termina el informe de ponencia solo vota a la pregunta de si quiere que el proyecto sea debatido, que sus artículos sean debatidos. No se vota el contenido del articulado. De ser así, solamente se tendría que votar el informe de ponencia y nada más. Si la votación inicial correspondería a estar de acuerdo con todo el contenido del articulado entonces no existirían proposiciones modificatorias de artículos, proposiciones de eliminación de artículos, ni discusión de artículos, porque entonces todo estaría votado con el informe de ponencia. El informe corresponde solamente a votar si está de acuerdo con que al proyecto se le dé el debate respectivo”, explicó.

Deluque dijo tener dudas sobre la constitucionalidad del artículo 4 y manifestó que podría vulnerar derechos fundamentales. “Es como si a usted le abrieran un proceso en su empresa por la pérdida de unos lápices y le prohibieran renunciar hasta que se determine su responsabilidad en eso”, sostuvo, asegurando que la moción de censura funciona mal por congresistas que no la hacen de forma concienzuda y no llegan a una determinación de responsabilidad del funcionario “porque se dejan convencer por el Gobierno”.

Erwin Arias, quien también votó sí a la ponencia, pero después estuvo a favor de eliminar el artículo 4 –pese a que los autores del proyecto son de su partido, Cambio Radical– insistió en que dicha ponencia es solo la puerta de entrada de cualquier iniciativa y que lo que hizo con su voto favorable en un principio fue permitir el debate. “Son dos momentos diferentes. No siempre que uno vota la ponencia para permitir que se dé la discusión es porque se está totalmente de acuerdo o totalmente en contra. En la medida en que los ponentes hagan argumentación y surjan ponencias incluso contrarias se enriquece el debate, esa es la esencia de la Comisión”.

Por último, el representante John Jairo Hoyos alertó que aprobar esa iniciativa hubiese implicado negar un derecho fundamental: “Les fallaríamos a la democracia y a la libertad si se coarta la posibilidad de renunciar”. A su turno, el representante Reyes Kuri, que no pudo votar en contra de la proposición que finalmente hundió el artículo, argumentó que no alcanzó a entrar “porque estaba en un tema personal”.

Consultados, los tres representantes que votaron a favor de hundir el artículo 4 –Deluque, Arias y Hoyos– negaron haber recibido llamadas del Gobierno para votar de alguna u otra manera. Otros representantes de la Comisión respaldaron esa tesis y dijeron que no hubo ningún tipo de gestión por parte del Ejecutivo. No obstante, El Espectador pudo establecer que para algunos congresistas del Centro Democrático el proyecto sí era visto como “vengativo y revanchista”, frente al revés ocurrido con el ministro Botero en 2019.

Para otros parlamentarios, la explicación es que al Gobierno no le conviene que el Congreso se fortalezca, pues “pueden manipularlo con mayor margen de maniobra si es débil, así como está ocurriendo en la virtualidad”.

Este diario también indagó por la versión del Gobierno frente al asunto. El viceministro del Interior, Daniel Palacios –el encargado por el despacho de hacer las gestiones ante los congresistas–, admitió que por supuesto hay interacción permanente con los parlamentarios frente a las iniciativas legislativas, pero negó que en este caso puntual se hubiese hecho algún tipo de trámite.

“Este proyecto en particular no era una prioridad del Gobierno, y ni la ministra (Alicia Arango) ni yo llamamos a congresistas”, explicó el funcionario, quien también sentó postura frente a la iniciativa: “Es claro que la finalidad de la moción de censura es la de retirar a un funcionario de su cargo. Si él se retira ya se surtió el efecto que buscaba la medida. Ni se podría limitar la facultad del presidente, un gobernador o un alcalde de retirar o aceptar la renuncia de un funcionario de libre nombramiento y remoción. Inclusive frente a los derechos laborales de quien por voluntad propia o una declaratoria de insubsistencia decide retirarse de un cargo”.

El proyecto, ahora sin el artículo 4, será discutido por la plenaria de la Cámara y, en caso de recibir el visto bueno, restarán dos debates en el Senado para que sea ley de la República. Sus autores anunciaron que, aunque se hundió el corazón de la iniciativa, persistirán en su trámite para salvar medidas como que puedan ser llamados a moción de censura otros funcionarios. Sin embargo, para muchos no se va el sinsabor de que se perdió una oportunidad de fortalecer al Congreso en plena pandemia. ¿Se repetirá la historia de la renuncia antes de someterse al control político?

jgonzalez@elespectador.com