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Aunque aún no son claras las pretensiones presidenciales de miembros de las Farc de cara a las elecciones del 2018, la única realidad es que la finalidad de todo proceso de paz es permitir la participación política de los alzados en armas, a cambio de acabar con varias décadas de confrontación armada.
Así lo estableció el acuerdo final firmado en noviembre del año pasado, en el Teatro Colón (centro de Bogotá) entre el Gobierno y la guerrilla más grande de Colombia y, sin duda, fue el eje central de las conversaciones de La Habana.
Pero, como es natural, la férrea oposición de quienes no admiten esta realidad se ha asomado varias veces. Y así seguirá ocurriendo en el Congreso de la República a donde, justamente, llegará este miércoles el acto legislativo que permitirá a las Farc convertirse en partido político.
El contenido del proyecto que será radicado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, establece las normas explícitas de financiación del partido que surja de las Farc y, más importante aún, las garantías que tendrá su movimiento mientras completa su tránsito hacia la vida civil.
Lo primero que hay que decir es que los cronogramas se deben cumplir. Es cierto que ha habido retrasos en el traslado de los guerrilleros hacia las zonas de ubicación, pero el proceso de dejación de armas debe completarse para avanzar hacia la conformación de un movimiento político. Por eso, señala el proyecto, una vez finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de las Farc, se reconocerá de pleno derecho personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la actividad política legal.
El Consejo Nacional Electoral hará el respectivo registro de la intención de la guerrilla de transformarse en partido y allí la guerrilla tendrá la obligación de suscribir, además, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos.
La personería jurídica de las Farc estará garantizada por un periodo determinado sin tener que cumplir con condiciones como un número determinado de afiliados, la presentación a certámenes electorales o la obtención de un umbral de votación. Esto será hasta julio de 2026, porque “después de esta fecha se le aplicarán las reglas establecidas para todos los partidos o movimientos políticos”, añade el texto.
Financiación de las Farc
El proyecto que será radicado por el Gobierno garantiza una financiación al movimiento político que surja de as Farc. Por ejemplo, recibir anualmente una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en el año 2015.
Además, se les garantizará a sus candidatos la financiación de las campañas para sus candidatos a la Presidencia de la República y, únicamente, al Senado en las elecciones de 2018 y 2022. Este último caso aclara que recibirán financiación estatal equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral.
Y, finalmente, podrán designar, temporalmente un delegado ante el Consejo Nacional Electoral, que no tendrá derecho al voto pero sí podrá participar de los debates que surjan allí.
Curules en el Congreso
Uno de los puntos que más generó polémica respecto de la participación de la guerrilla en política fue la posibilidad de estar en el Congreso. Asignar curules a dedo se convirtió en el fantasma de la oposición al acuerdo de paz y, sin embargo, la realidad es que sí tendrán asiento en el legislativo desde el 2018 y por un periodo más.
Habrá 5 senadores y 5 representantes adicionales, hasta el 2022 y el CNE tendrá la responsabilidad de garantizar la asignación de dichas personas en caso de que en la contienda electoral no se hayan alcanzado los votos suficientes para lograr el ingreso de estos 10 integrantes de las Farc.
El debate, eso sí, apenas comienza, pero se augura un debate álgido desde el sector uribista que siempre ha mostrado su posición en contra de esta posibilidad.