Así se resolvieron los pendientes

El número de circunscripciones especiales, curules directas para las Farc en el Congreso o el número de hectáreas de que dispondrá el fondo de tierras, fueron algunos de los temas que sólo se resolvieron en el acuerdo final.

 Los delegados del Gobierno y las Farc utilizaron la estrategia del congelador para los temas sin acuerdo. / EFE
Los delegados del Gobierno y las Farc utilizaron la estrategia del congelador para los temas sin acuerdo. / EFE

Una de las estrategias que permitió que las Farc y el Gobierno alcanzaran un acuerdo final de paz fue la creación de lo que en la mesa de diálogos se denominó “el congelador”. En términos generales, consistió en que los temas en los que no se llegó a un acuerdo eran apartados para resolverse al final. Eso permitió que se firmaran acuerdos parciales y que se avanzara en la agenda de diálogos.

Estos temas pendientes eran vistos como uno de los grandes obstáculos para firmar el acuerdo final, incluso se planteó la posibilidad de que estos puntos fueran resueltos en una asamblea nacional constituyente, sin embargo, las delegaciones de paz de ambas partes encontraron sobre la marcha final un camino para resolverlos. El Espectador revisó los temas que habían quedado marcados como pendientes de cada uno de los acuerdos y constató en qué sentido fueron resueltos.

Circunscripciones especiales

En las zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional se crearán 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara, de manera temporal y por los períodos electorales de 2018 y 2022. Éstas contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos y candidatas, y tendrán financiación especial y acceso a medios regionales.

Farc, al Congreso

El partido de las Farc podrá inscribir listas únicas de candidatos propios o en coalición con otros partidos. Estas listas competirán de conformidad con las reglas ordinarias por la totalidad de las curules que se eligen en cada circunscripción. En el Senado se garantizará un mínimo de cinco curules, incluidas las obtenidas de conformidad con las reglas ordinarias, igual que en la Cámara de Representantes. En este último caso se asignará una curul a cada una de las cinco listas que obtengan las mayores votaciones y que no hubieren obtenido curul. Esto se hará durante los procesos electorales de 2018 y 2022.

Menores guerrilleros

El acuerdo señala que los menores de edad que hayan salido de las Farc desde el inicio de las conversaciones, así como los que salgan hasta la finalización del proceso, serán objeto de medidas de especial atención que se discutirán en la Comisión de Seguimiento. Se les garantizará la restitución de sus derechos con enfoque diferencial. A estos menores se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos en la Ley de Víctimas y se priorizará su reagrupación familiar, así como su ubicación definitiva en sus comunidades o en otras de similares características. El seguimiento a estos programas se efectuará por el Consejo Nacional de Reincorporación.

Subsidios a desmovilizados

A partir de la terminación de las zonas de concentración y durante 24 meses, los desmovilizados de las Farc recibirán una renta básica mensual equivalente al 90 % del salario mínimo (unos $620.000), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos.

Cada integrante de las Farc en proceso de reincorporación tendrá derecho, por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto productivo individual o colectivo por $8 millones.

Cada persona perteneciente a las Farc recibirá, al momento de la terminación de las zonas de concentración, una asignación única de normalización equivalente a $2 millones.

Farc como partido

Finalizado el proceso de dejación de las armas, la guerrilla registrará ante el Consejo Nacional Electoral su decisión de transformarse en partido político y anexará su acta de constitución, sus estatutos, código de ética, plataforma ideológica y directivos. También debe cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica. Sin embargo tendrá algunas gabelas: entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2026 no se le exigirá el umbral del 3 % en las elecciones a Congreso de 2018 y 2022, ni acreditar un determinado número de afiliados. Y para su financiación, las Farc recibirán anualmente una suma equivalente al 10 % de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos.

Fondo de tierras

Uno de los temas del acuerdo agrario que estaban pendientes era el número de hectáreas que irían al fondo de tierras para que sean entregadas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. En el acuerdo final se solucionó esta incógnita. Según el texto firmado por el Gobierno y las Farc, el fondo de tierras dispondrá, para llevar a cabo la reforma rural integral, 3 millones de hectáreas durante sus primeros diez años de creación.

El impulso a las zonas de reserva campesina

A pesar que desde la firma del acuerdo parcial de desarrollo rural se afirmaba que las zonas de reserva campesina constituyen una figura vital para la superación de la pobreza rural y como espacio de supervivencia de la agricultura campesina, hasta el pasado miércoles no se sabía el número de hectáreas que se podrían destinar para este propósito. Ahora el texto del acuerdo final deja en claro que la proyección de formalización de la propiedad a familias campesinas es de siete millones de hectáreas, las cuales deberán priorizar su formalización y adjudicación en los llamados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y las zonas de reservan campesina.

Tierras inembargables

Una de las medidas que buscan asegurar la sostenibilidad de la reforma rural integral, de la que habla el acuerdo del primer punto de la agenda de diálogos, es el concepto de tierras inalienables e inembargables. Dicha figura obliga a que los predios que sean adjudicados o adquiridos por los beneficiarios de la reforma rural no podrán ser vendidos, embargados, cambiados o arrendados por siete años. De esta manera, los acuerdos de La Habana buscan garantizar que a quienes se les asigne un predio no lo pierdan en las dinámicas propias del mercado inmobiliario.

Política alimentaria

Una de las diferencias más profundas entre el Gobierno y las Farc en el capítulo del desarrollo agrario tenía que ver con que para el Ejecutivo se debía hablar de sistema de seguridad alimentaría y no de soberanía alimentaría, como planteaban las Farc. Aunque la discusión para ser puramente semántica, durante los cuatro años de negociaciones, la diferencia se mantuvo, hasta el punto que hubo que enviar la discusión al congelador. Finalmente, la diferencia  se resolvió con un concepto novedoso: se decidió hablar de política alimentaria y nutricional.