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El jueves pasado, en su declaración tras reunirse con el Partido de la U en Paipa (Boyacá), el presidente Juan Manuel Santos reiteró que una de las prioridades de su gobierno es la seguridad ciudadana y en este sentido reveló que ha venido analizando “la creación de un ministerio de seguridad ciudadana”, para lo cual le pedirá al exdirector de la Policía general (r) Óscar Naranjo “que se apersone de esa iniciativa” y que con “una serie de expertos internacionales” se haga un diagnóstico de la actual situación que vive el país en esa materia y se comience a estructurar en firme esa nueva dependencia.
Según el jefe de Estado, la propuesta está enmarcada dentro de las posibilidades reales que existen hoy en Colombia de lograr un acuerdo de paz con las Farc, “porque la seguridad ciudadana se convierte en un desafío cada vez mayor en épocas de posconflicto”. Santos recoge así una idea original del representante a la Cámara Augusto Posada, de la U, quien de hecho ya tiene elaborado un borrador de proyecto que piensa presentar al Congreso en próximos días y que ahora espera terminar de pulir con los aportes del Gobierno, de la bancada y del general (r) Naranjo, de quien ya se dice sería el primer encargado de la nueva cartera.
Una idea en ciernes que ya genera polémica. El expresidente Álvaro Uribe manifestó a través de Twitter: “Por favor, la seguridad no necesita más burocracia ministerial sino más decisión, más voluntad, más comunidad, más administración”. Pero para Armando Borrero, profesor de la Escuela Superior de Guerra, es una idea que vale la pena estudiar pues permitiría definir los campos misionales de la fuerza policial, deslindándola de las Fuerzas Militares. “El país está maduro para dar ese paso que para la Policía implica recuperar su perfil de fuerza civil dedicada a la seguridad ciudadana y no ser una fuerza inmersa en el conflicto con los grupos armados ilegales”, dijo.
Por ahora es claro que los lineamientos serían los planteados por el mismo presidente Santos pocos días después de su llegada al poder, cuando anunció la implementación de una “política nacional de seguridad y convivencia ciudadana” y la creación de una consejería, que hoy está en cabeza de Francisco José Lloreda. En ese momento habló de una “lucha implacable contra el delito y sus causas, a través de una propuesta integral y multisectorial orientada a enfrentar el fenómeno desde múltiples frentes, que incluye acciones que van desde la prevención hasta la penalización”.
A su vez, el proyecto de Augusto Posada plantea que el ministerio de seguridad ciudadana “tendrá a su cargo la responsabilidad de preservar la vida de todas las personas que habitan en el territorio nacional, así como definir las políticas públicas de seguridad para la conservación de la paz y la armonía en la sociedad”. Según el congresista, no se trata de crear más burocracia sino de “concentrar esfuerzos articulando dependencias que hoy están dispersas en las carteras del Interior, Defensa y Justicia”.
En concreto, la nueva cartera tendría tres viceministerios: de reintegración social, de relaciones interinstitucionales y de convivencia, es decir, absorbería dos de las actuales consejerías presidenciales (Convivencia y Seguridad Ciudadana y de Reintegración Social y Económica). Además, se plantea la eliminación de la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior y de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Asimismo, el ministerio tendría a su cargo la Dirección de la Policía Nacional, incluyendo sus dependencias: Interpol, Carabineros y Seguridad Rural, Inteligencia, Antinarcóticos, Protección y Servicios Especiales, Antisecuestro y Antiextorsión, Tránsito y Transporte, Escuelas de Formación, Talento Humano, Sanidad, Bienestar Social, Incorporación, Inspección General, Planeación, Secretaría General, Telemática y la Oficina de Comunicaciones Estratégicas.
“Colombia ya vive una etapa de posconflicto, no por lo que pueda suceder en La Habana en el proceso de paz con las Farc, sino porque en los últimos 10 años se han desmovilizado cerca de 55.000 miembros de grupos armados ilegales y el 15% ha vuelto a la clandestinidad en las bandas criminales, el microtráfico y la delincuencia común. No podemos dejar que se pongan en peligro los procesos actuales de resocialización y los futuros. Necesitamos velar porque el posconflicto sea un proceso eficiente y permita articular las políticas públicas de seguridad con las demás entidades del Estado”, concluyó Posada en diálogo con El Espectador.