Asilo de María del Pilar Hurtado, en el limbo

El pasado 30 de mayo, la Corte Suprema de Justicia panameña declaró inconstitucional el decreto que le otorgaba la condición de asilada a la exfuncionaria. Se tramita su deportación.

La exdirectora del DAS viajó al país vecino el 3 de octubre de 2010 y consiguió la protección política el 19 de noviembre de ese mismo año. / Semana

El 20 de noviembre de 2010, en su columna de la revista Semana, el periodista Daniel Coronell contó que la cuestionada exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado lo buscó para darle su versión sobre las supuestas ‘chuzadas’ de las que él fue víctima. En esa conversación no sólo le negó que tal cosa hubiera sido posible, sino que también le reconoció que fue por sugerencia del expresidente Álvaro Uribe que empezó a considerar la posibilidad de pedir asilo. Coronell se enteró días después de que Hurtado estaba en Panamá y le preguntó sin rodeos por qué estaba en ese país, teniendo en cuenta las graves denuncias en su contra por el escándalo de espionaje. Hurtado le contestó: “Atendiendo un cliente e intentando pescar otros dos. Lo noto muy dateado, Daniel, ¿me tiene chuzada?”.

Al margen de la controvertida respuesta que le dio al periodista María del Pilar Hurtado, lo cierto es que el 3 de octubre de 2010 ingresó a Panamá y el 7 de noviembre siguiente presentó solicitud formal de asilo, asegurando que su vida corría peligro en Colombia. El 19 de noviembre de ese año, el gobierno de Ricardo Martinelli expidió el decreto 301, mediante el cual concedió el asilo. Cuarenta y tres meses después, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró ilegal esa protección política a Hurtado, pues el gobierno del país vecino jamás sustentó la razones por las cuales Hurtado debía quedarse en Panamá, salvo la peregrina excusa de que dicho acto mantendría la estabilidad de la región.

Hurtado debió haber quedado sin asilo desde las cinco de la tarde de este martes, pero un recurso presentado por la Procuraduría panameña dilató la ilegalidad de la protección política de la que goza. La procuradora del país vecino, Ana Belfon, presentó ante la Corte Suprema una solicitud de aclaración del fallo y hasta tanto se resuelva, los efectos de la decisión quedan suspendidos.

Junto con el exsecretario general de Presidencia Bernardo Moreno, Hurtado está acusada y juzgada como reo ausente por los presuntos delitos que se habrían ordenando desde el DAS para espiar a magistrados de las altas cortes, organizaciones políticas, periodistas y defensores de derechos humanos durante su gestión como directora entre el 30 de agosto de 2007 y el 22 de octubre de 2008. Justamente, el lapso durante el cual las relaciones entre la Corte Suprema y el gobierno de Álvaro Uribe pasaban por su peor momento por cuenta de dos escándalos puntuales: la yidispolítica y la parapolítica. A pocos días de que la Fiscalía la llamara a imputación de cargos, Hurtado consiguió el asilo. En esa época el expresidente Uribe emitió un comunicado en el que dijo que ella “intervino con pulcritud en varios gobiernos y sin cometer delito alguno, ni siquiera político”.

Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló que Hurtado no tiene salida distinta que regresar cuanto antes al país para encarar el juicio en su contra. Añadió que el presidente Martinelli tiene que ordenarles a las autoridades panameñas su captura y deportación inmediata. Si ello no ocurre pronto, será el nuevo mandatario Juan Carlos Varela quien le dé el trámite a esta petición que hace apenas dos semanas reiteró la Corte Suprema de Justicia colombiana. “Tenemos información delicada en el sentido de que funcionarios del gobierno de Panamá podrían saber dónde está Hurtado”, resaltó Pérez.

Y agregó que se insistirá para que el Tribunal de Bogotá le cancele el pasaporte a Hurtado. El abogado de la exdirectora del DAS, Jaime Camacho, le dijo a este diario que ella tiene una orden de captura vigente en Colombia y que la Fiscalía volvió a pedir que la Interpol emita una circular roja para capturarla fuera del país. A su turno, el abogado Ángel Álvarez, quien demandó el decreto de asilo de Hurtado, ha dicho que la exdirectora del organismo de inteligencia jamás fue una perseguida política y que una vez declarada la ilegalidad de esta disposición del gobierno de Martinelli, Hurtado inmediatamente quedaba como ilegal dentro de Panamá.

El presidente Juan Manuel Santos, a escasos días de la segunda vuelta presidencial en la que ganó, y en medio de la más ácida confrontación con Álvaro Uribe, señaló que haría todo lo posible para que Hurtado regresara a Colombia y respondiera por los delitos por los que está investigada. Está claro que este caso terminó siendo un motivo de confrontación en la reciente campaña presidencial, al punto que Santos en los debates aseguró que su gobierno no era el de las ‘chuzadas’, justamente haciendo referencia a los graves episodios denunciados y confesados por altos directivos de esa agencia de inteligencia hoy en prisión.

Por ejemplo, los exdirectores de inteligencia y contrainteligencia, Fernando Tabares y Jorge Lagos, así como la exdirectora de operaciones Martha Leal, entre otros, ya purgan condenas por las órdenes que dieron en el DAS para perseguir a la oposición política y a los magistrados de la Corte Suprema. Los dos primeros incluso pidieron perdón por estos hechos. Hurtado siempre aseguró que era un chivo expiatorio, que en su administración jamás se dieron órdenes ilegales y que se enteró por los medios de comunicación de las andanzas de sus subalternos. A pesar de que la ilegalidad del asilo quedó en el limbo, cada vez más se cierra el cerco en su contra.