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Desde que entró en vigor la ley 2013 de 2019, en diciembre del año pasado, los funcionarios públicos quedaron obligados a publicar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) las declaraciones de bienes y rentas, de impuesto sobre la renta y de conflictos de interés. Al cumplirse el primer aniversario de la sanción de esta ley, aún el panorama de incumplimiento a nivel nacional, departamental y local es alto.
Función Pública reveló esta semana los avances en esta ley, y tras un año, solo Presidencia y Vicepresidencia tienen un cumplimiento del 100%. El resto ha tenido avances pero aún hay importantes pendientes. En el caso del Congreso, el cumplimiento es del 86% en Senado y 77% en Cámara. Esto quiere decir en cifras que 96 senadores cumplieron con este requisito, y aún 12 están pendientes. En la corporación hermana, el incumplimiento es mayor: 136 publicaron mientras que 35 están pendientes.
Al tener acceso al listado de senadores que no han publicado sus declaraciones de renta, con corte del 27 de diciembre, se observan nombres de pesos pesados del Legislativo como Gustavo Petro, el expresidente del Senado Lidio Arturo García, Rodrigo Lara Restrepo, Ana María Castañeda, Fabio Raúl Amín, entre otros. También llama la atención la aparición del senador Eduardo pulgar, que se encuentra detenido por orden de la Corte Suprema mientras se investiga el supuesto ofrecimiento de un soborno a un juez para favorecer a unos aliados políticos.
En el listado también figuran los nombres del conservador Juan Diego Gómez, José Aulo Polo Narváez, Ana María Castañeda, Jorge Eliecer Guevara, Jesús Alberto Castilla, Iván Darío Agudelo e Israel Alberto Zúñiga. Todos estos senadores habrían incumplido con su deber de publicar declaración de renta y conflicto de intereses a pesar de haber tenido todo un año para hacerlo.
El listado de la Cámara es más abultado y viene liderado por Germán Alcides Blanco. El actual presidente de la corporación viene acompañado de otros representantes como Gabriel Santos, César Pachón, Juan Carlos Wills, Juan Manuel Daza, John Jairo Hoyos, John Jairo Cárdenas, Mónica Raigoza, Flora Perdomo, Betty Zorro, Nevardo Eneiro Rincón, Óscar Tulio Lizcano, entre otros.
Las cifras de cumplimiento en el Legislativo nacional son altas si se comparan con los datos a nivel departamental y local: solo el 59% de los gobernadores, el 31% de los alcaldes, el 54% de los diputados, el 24% de los concejales y el 2% de los ediles ha cumplido con su labor. Esto se traduce en que, de 32 gobernadores, 12 aún no han publicado su declaración de renta y conflicto de intereses. También se observa que, de 1102 alcaldes, 745 estén pendientes de esta obligación.
Al conocer los listados de Función Pública se puede observar que entre los gobernadores pendientes de la publicación de la información están los de Amazonas (Jesús Galdino), Atlántico (Elsa Noguera), Bolívar (Vicente Blel), Caquetá (Nicolás García Bustos), Huila (Luis Enrique Dussán), Nariño (Jhon Rojas), San Andrés, Vaupés (Eliecer Pérez Galvis) y Vichada (Álvaro León).
En cuanto a alcaldes, se observa que los peores cumplimientos están en Vichada, San Andrés, Guaviare, Guainía y Amazonas, departamentos donde ninguno ha hecho reporte de la declaración de renta y conflicto de intereses. En el listado también sobresalen por su incumplimiento los municipios de los departamentos de Putumayo, Vaupés, Quindío, Atlántico, Sucre, Chocó, Casanare y La Guajira. Allí no se superan los 3 gobernantes locales que hayan revelado la información exigida.
De forma contraria, tienen un alto nivel de cumplimiento de la ley los mandatarios locales del Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca. En estos departamentos presentan entre los 21 y 54 alcaldes que publicaron en el SIGEP la información básica exigida.
En cuanto al nivel de cabildos departamentales y locales el avance de esta reglamentación es muchísimo menor. En estas instancias, Función Pública reportó que aún hay 194 diputados, 8.937 concejales y 6.624 ediles pendientes de entregar la documentación exigida.
En diálogo con El Espectador, Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública, recordó que desde que entró en vigor la ley de 2013 su cumplimiento era de orden inmediato y que varios de los funcionarios señalados llevan más de un año sin cumplir con esta exigencia.
El funcionario también señaló que para tomar posesión del cargo se tenía que cumplir con esta exigencia, pero que varios de los que tomaron posesión en enero de 2020 incumplieron con este requisito. También recordó que el incumplimiento de estos requisitos puede acarrear sanciones de tipo disciplinario por parte de la Procuraduría y señaló que una parte fundamental de que se conozcan este tipo de informaciones, como la declaración de renta y el conflicto de intereses, radica en que se pueda hacer control social: “este tipo de normas se crean para que sepan si sus gobernantes están cumpliendo”.
Por último, Segura hizo énfasis en que desde hace un año han venido trabajando para tener un mejor aplicativo para que los funcionarios publiquen su información. Asimismo, cuestionó que sean “los elegidos por voto popular los que menos han cumplido”.