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¿Cómo ocurrieron los hechos?
Los nueve impactos hechos a mi vivienda con arma de fuego fueron a la 1:30 de la mañana. Yo estaba profundamente dormido cuando comencé a sentir los disparos...pensé que eran petardos. Me tiré al lado de la cama, y a los tres minutos recibí llamadas de una de las patrulleras de la Policía que me decía que saliera. Abrí la puerta y había dos agentes y desde ese momento ellos llamaron a las autoridades y comenzaron el cotejo de lo que pasó. Me aseguraron la cuadra donde vivo. Luego de las 7:30 de la mañana me llamó el representante de mi partido, Mauricio Parody. Más tarde conversé con las autoridades de la Gobernación de Antioquia y con el alcalde de Caucasia y a las 9:45 de la mañana coloqué, con acompañamiento de la Policía, la respectiva denuncia.
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La policía ha hecho todo el proceso. Pero de este tipo he colocado tres denuncias ante la Fiscalía, desde hace cuatro años. Hace cuatro meses había puesto la última, porque unas personas en ese momento me amenazaron me exigían que debía verme con ellos. Pero el fiscal encargado de esos casos nunca ha dicho nada al respecto.
¿Usted considera que los disparos a su hogar tienen que ver con su apoyo a la candidatura de Mauricio Tobón, que está buscando llegar a la Gobernación? Él relacionó lo sucedido con esa alianza política.
No considero que tenga que ver con mi apoyos políticos. Creo que hay que esperar qué resulta en las investigaciones. Lo que sí pienso es que en la política las personas se apasionan y enceguecen, volviendo personal los disensos ideológicos.
Pero es real el riesgo que se vive en este municipio en época electoral.
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Con ese antecedente, ¿cómo se enmarcan allí las elecciones regionales?
Hay que tener mucho cuidado. Hay que fortalecer el seguimiento electoral a través de la fuerza pública, pero también sentir el acompañamiento de entidades como la Registraduría, la Misión de Observación Electoral (MOE), el Consejo Nacional Electoral, y el Comité Electoral para asegurar no solamente la integridad de los candidatos, sino también la transparencia en las votaciones que se aproximan.
Usted es Concejal por Cambio Radical y se está relanzando. ¿Hay más candidatos que hayan sido intimidados como usted?
No tengo conocimiento de eso. Solo sé del caso de Diego Alejandro Mora, aspirante a la Alcaldía de Caucasia, quien sufrió una amenaza hace como 15 días.
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¿Qué otros organismos han sido conocedores de su situación?
La Unidad Nacional de Protección (UNP), pero considero que ha sido permisiva en su actuar. Nunca me han brindado un sistema de seguridad, no sé por qué. Pero hoy, luego de la balacera a mi casa, el coronel de la Policía de Antioquia me pusieron un patrullero para que ande conmigo porque la UNP no se ha manifestado, pese a que tienen acceso a las demandas. Es más, el representante Parody hizo todo el proceso con la UNP y no ha pasado nada.
¿Cómo es la situación de orden público en Caucasia?
En lo que llevamos del año tenemos 248 muertes. Para el municipio es una cifra elevada, en comparación con otros años. En 2018 tuvimos menos de 50 muertos. Ahora, el Gobierno en el Bajo Cauca aumentó el pie de fuerza: pasamos de tener 47 agentes de policía a 5.125 en toda la región. Es decir, nos han incrementado en un 200% la fuerza pública, con lo que debíamos de haber mejorado en cuanto al orden público, pero no ha pasado.
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Caucasia está peligroso. Ya tenemos hasta fronteras invisibles. A las veredas no se puede ir, a menos de que uno viva allá. Después de las seis de la tarde no podemos ir a los barrios ni a ciertas veredas. Acá tenemos cerca de 10.000 familias que dependen del oficio del mototaxismo, pero por hoy ya no tienen qué comer porque nadie está en la calle para ser transportado, nadie paga una carrera.
Pero, ¿a qué cree que se debe ese fenómeno?
Sencillo: Caucasia tiene 130.000 habitantes y ninguno tiene nada que hacer. 23.000 jóvenes que no tienen mayor oportunidad. Con eso, vemos que un pueblo con hambre no puede estar en paz.
Anteriormente, lo que generaba empleo y estabilidad económica era la minería a pequeña escala. Pero, el atropello del Estado Colombiano al decir que el Bajo Cauca era solo Bacrim y terroristas nos estigmatizó. Ni el Gobierno Nacional nos mira. Los campesinos perdieron su sustento luego de que el gobierno anterior y el actual quemaran sus máquinas para hacer minería y ahora están endeudados, embargados y no tienen nada que hacer.
Siempre he considerado importante que le enseñen al campesinado a hacer una minería responsable, pero en vez de eso acabaron con el ingreso de este municipio.
¿Cuáles cree que deberían ser las acciones del Gobierno para contrarrestar esta problemática?
Esto es un efecto de la inasistencia del Gobierno Nacional. En ese sentido, le estoy solicitando que envíe a su alto comisionado para la Paz y a su consejero para los Derechos Humanos. Que vengan a Caucasia, creemos mesas de trabajo, de concertación, a ver cómo solucionamos la inseguridad que generan los grupos armados.
Aquí nadie se ha acercado, como en otras regiones, a identificar a los grupos al margen de la ley.
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¿Qué bandas criminales operan en su municipio?
Nosotros escuchamos que tienen presencia en el territorio Los Caparros, Urabeños o Clan del Golfo. Se habla también del Cartel de Sinaloa y de una alianza de los reductos de las Farc con Los Caparros.
¿Qué medidas ha tomado la gobernación actual, en cabeza de Luis Pérez?
En general, para solucionar los problemas de orden público en Antioquia, el gobernador ha dicho que es necesario erradicar los cultivos ilícitos, hacer aspersión aérea con drones y aumentar la fuerza pública. Y está bien. Pero nadie se pregunta cómo generar empleo para que los jóvenes no se vayan a engrosar los grupos ilegales. Eso él no lo ha hecho.
¿Cuántos recursos le llegan a Caucasia y logran usarse para inversión social?
A este municipio le llegan 37.000 millones de pesos al año, mediante el Sistema General de Participaciones. Más del 50% de ese presupuesto se va para las bolsas de educación y para salud. Entonces, a Caucasia le quedan alrededor de 15.000 millones de pesos para sostenimiento, que se va en su mayoría en la parte administrativa.
No hay de qué vivir. Pescado no tenemos porque Hidroituango lo acabó, el campo no se puede trabajar porque están cobrando vacunas en cada esquina. Y la minería la acabó el Estado.
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