Este martes, la Comisión Primera de Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca congelar los activos de funcionarios amigos del régimen de Nicolás Maduro en Colombia cuya procedencia sea de carácter delictivo. Según el legislador Rodrigo Lara, autor de la iniciativa, habría un número importante de empresarios y altos mandos venezolanos que estarían invirtiendo recursos en Colombia, producto del narcotráfico, para lavar activos.
“Es inconcebible que recibamos todo el peso de una tragedia humanitaria y al mismo tiempo los miembros del régimen y sus empresarios amigos puedan utilizar a Colombia para lavar sus activos impunemente”, dijo al término del debate el congresista de Cambio Radical. En el mismo sentido, apuntó que la discusión no ha sido fácil en el Capitolio dado que, según recordó, el gobierno de Iván duque se venía oponiendo a la iniciativa, pero este martes, el proyecto fue aprobado con los votos del Centro Democrático.
(Lea: Proyecto de ley busca congelar bienes de dirigentes chavistas en Colombia)
“Creo que es el camino diplomático para presionar al régimen venezolano y es más consecuente con las reglas de la diplomacia que intentar forzar una frontera con un camión de ayuda”, señaló Lara refiriéndose a los hechos registrados el pasado 23 de febrero, elegido como el día “D” por la oposición venezolana para intentar ingresar al vecino país la ayuda internacional enviada a la población afectada por la dictadura.
Si el proyecto recibe luz verde en el Congreso en los próximos tres debates que le quedan, los bienes de estas personas sospechosas de lavar activos en Colombia quedarían congelados mientras se adelanta una investigación judicial sobre su naturaleza y origen, con el fin de evitar que los activos de la cúpula del régimen venezolano sean lavados a partir de transacciones financieras, según el proyecto.
(Contexto: Maduro, el presidente sancionado)
Cuando el senador de Cambio Radical presentó el proyecto en el Capitolio, incluso, hizo pública una lista de sospechosos de lavar activos en Colombia, compuesta por 50 personas –las más allegadas al régimen de Nicolás Maduro- incluido el líder oficialista Diosdado Cabello, así como familiares y “posibles testaferros”.