Balance del Congreso, entre logros y promesas incumplidas

Contrario al parte de victoria que dieron el presidente del Congreso, José David Name; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el presidente Juan Manuel Santos, quedaron pendientes varias promesas de campaña.

El presidente Santos acompañado por sus ministros, mesas directivas del Congreso y parlamentarios de la Unidad Nacional. /Presidencia

Los balances son como las encuestas: sus resultados dependen del color del cristal con que se miren. En el caso del corte de cuentas del Congreso en la primera legislatura del período 2014-2018, que terminó el jueves, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por ministros, mesas directivas y los parlamentarios más notables de la Unidad Nacional, destacó la aprobación de reformas “importantes y necesarias para el país”. No obstante, la realidad muestra que hay varias promesas que se quedaron en el tintero y otras no tuvieron el resultado esperado.

La punta de lanza del Gobierno fue la reforma del equilibrio de poderes, que tenía como fin eliminar las malas prácticas en la Rama Judicial, limpiar la política, enfrentar la impunidad en el juzgamiento de altos funcionarios y, como eje central, acabar con la reelección presidencial. No le falta razón al ministro Juan Fernando Cristo al señalar que salió adelante una iniciativa de gran importancia, cuyo contenido se había frustrado en varias ocasiones en el Congreso con las fallidas reformas a la justicia, pero también es claro que algunos de los puntos de honor naufragaron en el trámite.

El Gobierno se había comprometido con las regiones que no tienen representación en el Senado a garantizarles la asignación de curules y esa propuesta se hundió. De ese modo los territorios alejados, con poca densidad poblacional y precisamente los más afectados por la violencia del conflicto y la pobreza no tendrán quien vele por sus intereses en el Capitolio.

Igualmente, la idea de cerrar las listas para que los ciudadanos voten por un partido tampoco tuvo acogida y se mantendrá el voto preferente (por un candidato), que, a juicio del Ejecutivo, es lo que genera el riesgo de que haya “empresas criminales electorales” y “política al menudeo”. Tampoco tuvo acogida la llamada “lista cremallera”, que pretendía garantizar la participación equitativa de las mujeres.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, la hoja de ruta del gobierno Santos, fue objeto de múltiples críticas, pero finalmente las cosas salieron a pedir de boca para el Gobierno, pues casi todo su articulado fue aprobado sin mayores modificaciones. Sin embargo ahora tocará defenderlo en la Corte Constitucional de las demandas que se anuncian porque aborda temas referentes a la salud, las comunicaciones, el uso de la tierra y el catastro e incluso da facultades extraordinarias para reformar entidades y crear nuevos impuestos. A juicio de congresistas de la oposición (Polo y Centro Democrático), esos asuntos tenían que ir en leyes independientes y con debates de fondo.

Los alcaldes y gobernadores también resultaron decepcionados. Aunque Santos les prometió ampliar el período o abrir la puerta a la reelección por dos años, la iniciativa, que fue radicada con excesiva prudencia, tampoco tuvo la aceptación del Congreso y no pasó del primer debate. Lo mismo les sucedió a los trabajadores del país. En el fragor de la campaña, el jefe de Estado prometió que presentaría una iniciativa para restituir el pago de las horas extras y los recargos de dominicales y festivos, pero todo se quedó en palabras.

En la cumbre de Santa Marta del Partido de la U, a la que asistió Johanna Salamanca Jiménez, hija de la fallecida senadora Gilma Jiménez, la colectividad y el presidente se comprometieron a impulsar el referendo para castigar hasta con cadena perpetua a violadores y asesinos de niños. La propuesta había recibido críticas en el pasado de parte del Ministerio de Justicia, que habló de “populismo punitivo”, y a estas alturas tampoco ha sido tenida en cuenta para su discusión en el Congreso.

El principal choque entre el Gobierno y el Legislativo se dio por la venta de Isagén. La mayor parte de los partidos, incluyendo los de la coalición santista, se negaron a aprobar esa transacción, argumentando incluso que se iba a vender “la gallina de los huevos de oro”. El Gobierno fue citado en varias ocasiones a debate para que diera explicaciones, pero eludió muchos de esos llamados. Finalmente, luego de varios aplazamientos, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, defendió la venta. Las explicaciones no convencieron, pero la decisión no tenía reversa. Hoy, un fallo del Consejo de Estado tiene frenado el proceso.

Hubo otras leyes que levantaron ampolla. La Ley Anticontrabando, aprobada esta semana, recibió el rechazo de los comerciantes de los sanandresitos, que en su protesta llenaron la Plaza de Bolívar, y fue necesario que el Gobierno asumiera compromisos claros con ellos antes de la aprobación. El uribismo ya anunció que en la nueva legislatura presentará enmiendas a la norma con el fin de beneficiar a los pequeños comerciantes del país.

Es claro, no todo se puede ver en blanco y negro. El presidente Santos habla de un considerable número de leyes impulsadas por el Ejecutivo que cumplieron su trámite. Para él, la eliminación de la reelección implica el fin del “caudillismo tropical”, al tiempo que destaca la aprobación de los tratados de libre comercio con la Alianza del Pacífico y Corea, la prórroga de la Ley de Orden Público, la reforma al fuero penal militar, la reforma a la Ley de Infraestructura, la reglamentación de la detención preventiva y la inspección y vigilancia de la educación superior.

Se viene el segundo año del segundo mandato Santos y la gran apuesta sigue siendo la paz. Él mismo ha dicho que está dispuesto a jugarse todo su capital político y ya se sabe que el Congreso será el escenario de las reformas requeridas para cumplir con los eventuales acuerdos que se firmen en La Habana (Cuba). Hay una tarea adelantada: la del Marco Legal para la Paz, pero falta desarrollar leyes reglamentarias en temas de complejo calado, como las penas alternativas para quienes dejen las armas y los mecanismos de juzgamiento. Vienen días de ardua discusión.

Las tareas pendientes 
 
El próximo 20 de julio arranca la nueva legislatura en medio del debate político de las elecciones de octubre. El Congreso tiene que iniciar la discusión de temas complejos. El primero es el Código de Policía y Convivencia, que fue aprobado en primer debate y ha generado polémica por disposiciones como la facultad para que la Policía ingrese a domicilios sin orden judicial y el traslado de personas que se encuentren en “alto grado de excitación”.
 
Asimismo, hay asuntos que el Legislativo ha preferido no discutir, pero que deben ser tramitados, como la reglamentación del uso terapéutico de la marihuana y de la eutanasia, y lo del matrimonio y la adopción para personas del mismo sexo. También, desde el Partido de la U plantean una reforma a la justicia. Por otra parte, debe ser aprobada la prórroga de la Ley de Víctimas, que llegó a su fecha de vencimiento, y el polémico proyecto de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), que plantea  un cambio en el modelo agrícola del país. 
 
 
 

 

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