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El pulso lo ganó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. El Gobierno terminó cediendo a sus pretensiones y, al final, incluyó las modificaciones al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que, sin embargo, aún no coge vuelo para pasar a segundo debate en el Congreso. Este miércoles, por falta de quórum, fue aplazada la discusión, después de acogidas —aunque no votadas— las proposiciones del fiscal. Dichas modificaciones se acordaron luego de una reunión en la Casa de Nariño en la que estuvieron el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada; el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera y los ponentes de la JEP.
(Lea: Así fue el duro choque entre Claudia López y el fiscal Martínez)
“Debo decir que estas precisiones enriquecen mucho y subliman los valores de la ética en la paz, para lograr construir un proyecto de ley que podrá servir a la consolidación de la jurisdicción de transición”, dijo triunfante Martínez, mientras explicaba que, ahora sí, daba su visto bueno al principal proyecto para implementar el Acuerdo con las Farc. ¿Qué cambios se introdujeron? En primer lugar, quedó claro el trato diferenciado que tendrán los reincidentes, desertores y disidentes de la desarmada guerrilla. A los primeros los juzgará el nuevo sistema de justicia transicional y quedarán sujetos a las máximas sanciones que allí se estipulan. Por ejemplo, los reincidentes podrían pagar hasta 20 años de prisión.
Frente a los desertores que se hayan desmovilizado, pero que hayan retomado las armas después del 1° de diciembre —es decir, después de entrado en vigencia el Acuerdo de Paz— se estableció que perderán todos los beneficios de la JEP y, en esa medida, serán juzgados bajo el régimen ordinario. Y sobre los disidentes que nunca se acogieron al Acuerdo, se ratificó que serán sometidos igualmente a la jurisdicción ordinaria.
Pero la principal preocupación de Martínez no reposaba allí, sino en los bienes y activos de las Farc. “Quedó establecido que habrá un incumplimiento grave si no se informa, teniendo conocimiento de ello, acerca del testaferrato y de los bienes y activos ilícitos”, explicó el fiscal. Y si esto llega a ocurrir, también se aclaró que los responsables perderán todos los beneficios de la JEP. Además, si uno de los miembros de la Farc decide mantener sus nexos con el narcotráfico, después del 1° de diciembre de 2016, a pesar de que los haya iniciado antes de puesta en marcha de los textos de La Habana, quedarán bajo la lupa de la Fiscalía.
Siendo así, ¿queda resuelto entonces el inconformismo de Cambio Radical? La respuesta es no. Y es que a pesar de que esa colectividad siempre acompañó las dudas que expresó Martínez durante los debates en el Capitolio, aún no dan su brazo a torcer. Hasta que se reglamente la participación en política de los excombatientes que hayan cometido crímenes graves, ni senadores ni representantes del partido de Germán Vargas Lleras van a votar la estatutaria.
“Las inquietudes del fiscal las comparto. Se reparan, se modifica el texto, pero hay un elemento fundamental, y es el que tiene que ver con el hecho de que aunque no hayan sido juzgados, van a terminar aspirando a la institucionalidad, habiendo cometido una serie de delitos y sin haberse sometido a la JEP. Por eso, no voy a acompañar las proposiciones, porque me parece que mientras no se cambie el punto estructural, lo demás no va a tener buen recibo”, sentenció el senador Germán Varón Cotrino.
Lamentablemente, lo más sonado del debate no fueron los argumentos jurídicos a favor o en contra de la ley estatutaria. En lo que se enfocaron cámaras y micrófonos fue en la visceral pelea entre la senadora Claudia López y el fiscal Martínez. Desde muy temprano, a través de los medios de comunicación, la candidata presidencial de la Alianza Verde se fue contra el jefe del ente investigador acusándolo de utilizar la justicia con fines políticos.
“Martínez es un fiscal de bolsillo del señor Germán Vargas Lleras. Entonces, como nadie se quiere juntar con él, ha hecho coalición con la Fiscalía y las contralorías. Y su estrategia de campaña es muy simple: ¿o estás conmigo o estás con tu orden de captura? Eso es un abuso de poder inadmisible”, expresó la parlamentaria, quien justificó sus acusaciones en la captura del exalcalde Magangué Marcelo Torres y el anuncio de imputación de cargos al gobernador de Nariño, Camilo Romero, miembros de la Alianza Verde.
La respuesta de Martínez no se hizo esperar y desde el atril la emprendió contra López: “La justicia en Colombia es para todos. Al fiscal general de la nación no le van a amarrar las manos con la tesis de que cuando unos sectores de la política colombiana ven que parte de su membresía es objeto de judicialización, entonces en esos casos hay una persecución política. Ni más faltaba. Todos los colombianos están sometidos a la jurisdicción ordinaria”, enfatizó.
Y agregó que la Fiscalía no es apéndice de ningún directorio político ni reconoce ninguna jefatura política. “Llevamos más de 1.100 funcionarios públicos judicializados por corrupción en Colombia (...) sin ningún tipo de miramiento político. Muchos de ellos, y permítame para no hablar con eufemismos, muchos de ellos del partido Cambio Radical. De hecho, el lunes pasado en las cinco imputaciones que se hicieron, tres son claramente amigos de Cambio Radical, según me lo han informado en estos días”, refirió.
Lo cierto es que no sólo este episodio sino las posturas irreconciliables de uno y otro bando se han convertido en las principales trabas a la JEP. El ausentismo, que cada vez arrecia más en el Congreso, terminará por dificultar aún más la columna vertebral de lo pactado en La Habana. Mientras tanto, el partido político surgido de la guerrilla sigue anunciando su voluntad de paz, de reinsertarse a la vida civil y de participar en política. Pero la paciencia también tiene un límite.